El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia entregar las grabaciones de las llamadas realizadas a la línea de emergencias 123 relacionadas con el feminicidio de Rosa Elvira Cely, ocurrido en mayo de 2012, al resolver el recurso de insistencia presentado por la hermana de la víctima.
La decisión concluyó que la negativa de la entidad a suministrar los audios, bajo argumentos de confidencialidad y reserva, no se ajustó a la normatividad vigente, al considerar que la solicitante tiene la calidad de víctima indirecta y, por tanto, es cotitular de la información requerida.
La controversia judicial se originó luego de que la hermana de Rosa Elvira Cely solicitara copia de las grabaciones efectuadas antes de los hechos que terminaron con el feminicidio. Durante el trámite, la Secretaría Distrital de Seguridad sostuvo que los registros estaban amparados por reserva legal; sin embargo, el Tribunal determinó que, al haber concluido el proceso penal hace más de trece años con una sentencia condenatoria, la entrega de ese material no afecta investigaciones en curso ni compromete intereses públicos protegidos.
En la providencia, la corporación explicó que la reserva de la información no tiene un carácter absoluto y debe armonizarse con derechos constitucionales como el acceso a la información pública, la transparencia, la justicia y las garantías de las víctimas a conocer la verdad y acceder a la reparación.
En ese sentido, el fallo señala “la peticionaria es cotitular de la misma en calidad de víctima y hermana de la persona asesinada, por lo cual tiene derecho a acceder a la misma”.
El Tribunal también indicó que el expediente penal ya se encuentra archivado y que la entrega de las grabaciones no representa un riesgo para derechos fundamentales ni vulnera la privacidad de terceros, siempre que se adopten las medidas necesarias para proteger su identidad. En la decisión se precisa que “ya no constituiría daño a intereses públicos ni a personas naturales (…) ni se pone en peligro la investigación que ya terminó, y con su entrega no se viola reserva alguna”.
Como consecuencia de esta determinación, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia deberá entregar los audios solicitados.
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La orden judicial contempla la posibilidad de suprimir los nombres u otros datos de terceros que participaron en las llamadas y que no hayan autorizado la divulgación de su identidad, garantizando así la protección de su información personal sin afectar el derecho de las víctimas a acceder a los elementos relacionados con el caso.
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