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La Red de Veedurías Ciudadanas, que representa a las víctimas de La Guajira en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentará en los próximos días una denuncia penal y disciplinaria contra varios fiscales y contra la excanciller Laura Sarabia, por presuntas omisiones que habrían facilitado la fuga de Carlos Ramón González Merchán.
Según el documento, González gestionó y obtuvo su residencia en Nicaragua más de seis meses atrás, cuando ya estaba indagado por la Fiscalía por su presunta participación en la trama de corrupción. La Red cuestiona que, a pesar de existir elementos para pedir su detención preventiva, la actuación de los fiscales se caracterizó por dilaciones injustificadas.
A pesar de lo anterior, estos fiscales siempre se negaron a imputar y solicitar la medida de aseguramiento de detención preventiva al señor Carlos Ramón González, pasando seis meses, después de la imputación de Sandra Ortiz, para que fuera llevado ante la justicia Carlos Ramón González y César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, también prófugo, con idénticas falencias y dilaciones y pese a que el mismo venía siendo enjuiciado por actos de corrupción acaecidos cuando fungía como funcionario de la alcaldía del hoy presidente de la República Gustavo Petro, por lo que se solicita que estos hechos sean igualmente investigados, pues para nada parecen una simple coincidencia sino una estrategia de impunidad y evasión. Se ha señalado que César Manrique se halla en Venezuela, y que antes, con el propósito de evitar su aprehensión física, aguardaba su vinculación y orden de captura en la ciudad fronteriza de Cúcuta
El abogado Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías, afirmó que estas demoras no parecen hechos aislados, sino parte de un patrón que debe ser investigado a fondo.
El escrito responsabiliza de manera expresa a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a los fiscales delegados 9 y 11 ante la Corte Suprema de Justicia, de permitir que González dispusiera de tiempo suficiente para salir del país. “Lo anterior demuestra que la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en presunta connivencia con los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quisieron o permitieron que el señor Carlos Ramón González pudiera abonar el terreno para salir del país, como efectivamente sucedió”, asegura la denuncia.
Uno de los apartados más delicados del documento apunta a la Cancillería, que para mayo de 2025 estaba bajo la dirección de Laura Sarabia. “Fue el mismo día de la imputación e imposición de medida de aseguramiento, esto es, 21 de mayo de 2025, que Carlos Ramón González, con la ayuda de funcionarios diplomáticos del Gobierno nacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, a cargo de Laura Camila Sarabia, solicitó formalmente al Gobierno de Nicaragua regularizar su situación migratoria”, sostiene la Red.
Para la Red de Veedurías, este conjunto de presuntas omisiones, dilaciones y gestiones diplomáticas revela un patrón de encubrimiento que la Fiscalía está obligada a investigar de manera inmediata para garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.
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