La polémica operación en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las Farc, sigue generando todo tipo de controversias. Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuatro.Ahora, varios meses después, se confirmó la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo. Esta será el 25 de junio de 2024 a las 9:00 de la mañana. Asimismo, la Fiscalía pedirá cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados y les imputará el delito de homicidio en persona protegida en modalidad tentada.En diálogo con Blu Radio, Gladys Rojas, madre de Didier Hernández Rojas, líder de una junta de acción comunal, quien murió junto a su pareja sentimental, “estamos muy contentos de que se inicie a hacer justicia”, dijo Gladys Rojas.Asimismo se refirió a la serie de aplazamientos por parte de un juzgado en Putumayo “El proceso se demoró por un juzgado en Puerto Leguízamo y al final no se hizo nada(…) en parte por lo que decía el Ejército, pero como somos mayoría de testigos que reclamamos la verdad porque es una realidad que masacraron a nuestros hijos, ellos no quieren que esto salga a la luz(...) ellos(militares) actuaron en voluntad propia porque dispararon donde había puros civiles, para hacer pasar esto por un falso positivo”.Por otra parte, Hernández aseguró que no han recibido ningún tipo de reparación “no nos han dado siquiera para los niños que quedaron huérfanos”.La Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos, pedirá cárcel contra 25 personas. Entre estas personas está el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, por haber dado de baja al gobernador indígena Kichwa, Pablo Panduro, y a un menor de edad. Los familiares de algunas víctimas están viviendo fuera del país porque fueron amenazados de muerte.Cabe recordar que Blu Radio reveló detalles de la investigación disciplinaria contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo; contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares. De acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.
La JEP en el año 2021 imputó al coronel (r) Juan Carlos Figueroa por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se presentaron mientras Figueroa comandó el batallón La Popa, con sede en Valledupar. El coronel no asistió a una versión a la cual fue citado, ya que no se encontraba en el país; sin embargo, se puso en contacto con la JEP y no aceptó su responsabilidad en estos casos de ejecuciones extrajudiciales.En una primera medida, la abogada de Figueroa pidió que se realizara la versión voluntaria a la cual fue citado, pero no compareció, sin embargo, el magistrado de la sección de ausencia de Reconocimiento, Raúl Eduardo Sánchez, negó la solicitud, señalando que esta etapa ya había culminado.Esto llevó a que la abogada, por medio de una tutela, pidiera la realización de la diligencia."La versión voluntaria constituye un escenario para hacer efectivo el derecho de defensa, sin desconocer sus otras finalidades, por ello, es pertinente en esta ocasión, solicitar a la magistratura se tutele a favor de mi representado dentro del menor termino posible, y en todo caso, antes de que quede se surtan todas las notificaciones ordenadas por la Sección de Primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, mediante el auto SAR-AI 082 del 22 de diciembre de 2023 , cuyo plazo fue ampliado mediante auto SAR- AT 016-2024, rendir su versión voluntaria con miras a materializar los fines de dicha diligencia", señaló la abogada de Figueroa.La JEP considera que a Figueroa no se le han vulnerado sus derechos, pues se han comunicado y notificado cada una de las decisiones emitidas, además se habrían garantizado sus derechos a la defensa, a la igualdad y al debido proceso."En el caso en concreto, no se puede aducir la vulneración del debido proceso en relación con el acceso a la administración de justicia por indebida notificación, cuando existe evidencia de la multiplicidad de acciones adelantadas por la Sala de Reconocimiento que denotan su actuar diligente, y que la llevaron incluso a utilizar la dirección de correo referida para convocar al compareciente a rendir versión voluntaria, pues, como se indicó, esta fue proporcionada por dos fuentes distintas, a saber, el Cremil y el mismo compareciente en poder otorgado a su entonces apoderado, el abogado Jhair González Gaona", señala la JEP.Las magistradas de la sección de revisión consideraron que no se configura una vulneración al derecho a la defensa, ni técnica ni material. E incluso señalan que tuvo una actitud pasiva durante todo el proceso, teniendo en cuenta que no asistió a las diligencias a las cuales fue convocado."La defensa material puede ser ejercitada por el compareciente en el trámite del procedimiento dialógico a través de los aportes a la verdad, circunstancia que no se puede llevar a cabo si no hay voluntad de comparecer, la cual se traduce en la falta de interés por el proceso; en la negativa para atender los llamados de la autoridad que como se señaló previamente se materializaron de diferentes maneras y en diversas ocasiones; o, en la actitud pasiva de quien por su condición estaba en la obligación de comparecer y no lo hizo, pese al conocimiento que tenía de la investigación que se adelantaba en su contra", señala la JEP.Es por esto que se declaró improcedente la acción de tutela, esto quiere decir que el proceso ahora continuará su trámite y el coronel (r) Figueroa deberá enfrentar el juicio por falsos positivos ante la JEP y de ser hallad culpable podría pagar hasta 20 años de prisión.
La Corte Suprema de Justicia sí avanza en un proceso en contra de la senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano, por haber recibido presuntamente dineros provenientes del metro de Bogotá para su campaña.Se pudo establecer que este alto tribunal, actualmente, investiga a la senadora Angélica Lozano, como resultado de una compulsa de copias que recibió la Sala Especial de Instrucción en septiembre del año 2023.Esta alta corte actualmente tiene el proceso en etapa de indagación previa, ya que el magistrado Héctor Alarcón ha venido practicando las pruebas para establecer si hay mérito suficiente para vincular formalmente a la congresista del partido Alianza Verde.La Polémica:En los últimos días, la Fiscalía General de la Nación citó a declarar a la exalcaldesa, Claudia López, para que responda a denuncias sobre supuestos pagos ilícitos durante el proceso de contratación de la primera línea del metro de Bogotá que involucraría recursos por más de 12.000 millones de pesos, recursos que habrían sido destinados a la campaña la hoy senadora, Angélica Lozano.La senadora compartió un video donde afirmaba que las acusaciones investigadas por la Fiscalía y la Corte Suprema eran falsas, han salido a la luz conversaciones que sugieren la existencia de presuntos actos de corrupción entre López y su pareja sentimental.Además, esta investigación se basa en una serie de interceptaciones telefónicas autorizadas que han revelado conversaciones comprometedoras entre José Joaquín Silva Ardila, también conocido como José Truchas, exempleado del Ministerio de Transporte, y un empresario chino identificado como William o Dong.Así las cosas, con esta indagación se espera establecer si hay mérito suficiente para vincular formalmente a la congresista del partido Alianza verde.
La Corte Suprema de Justicia conoce de los procesos que se adelanten en contra de los aforados como gobernadores, fiscales delegados ante el tribunal y magistrados a quienes se les imponía una medida de aseguramiento o no se les imponía la que pedía por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, sobre prisión intramural, pero resultaban obteniendo beneficios como detención domiciliaria.“En ese marco, la sala evidenció que el obstáculo que enfrentan las personas cuyo juez natural es la Corte Suprema de Justicia, es que si bien estas tienen a su disposición el recurso de apelación al igual que las personas que no están amparadas por esa prerrogativa, no pueden materializarlo, porque no se le asignó la competencia de resolverlo a la autoridad judicial que tiene la calidad de superior jerárquico del magistrado o la magistrada de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, esto es, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal”, señala el documento.En este sentido, cuando hay aforados directamente en primera oportunidad, es el magistrado de la sala penal quien conoce del caso, aunque, el aforado tiene derecho a presentar un recurso de apelación.Entonces, el vacío jurídico radica en que no hay una norma que diga qué pasa cuando, en un proceso que se lleva en contra de un aforado, el magistrado concede apelación, pero no hay quien la resuelva.Por eso, la Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible la norma, pero fue enfática en asegurar que es el Congreso de la República quien está en la obligación de legislar, y mientras eso sucede, la sala penal verificará a qué magistrado le corresponde cada proceso.
En la Mojana continúan las labores de mitigación ante el rompimiento del boquete en la zona de Caregato, en donde las autoridades adelantan las labores de censo. Según el reporte más actualizado, la cifra de damnificados estaría superando las 2.500 personas, 120.000 semovientes y 35 hectáreas de cultivos afectados, cifras que deja en aprietos a esta zona productiva de Colombia.Aprovechando que en la Mojana no se han presentado precipitaciones, las autoridades, la comunidad y el contratistas hacen lo posible para darle premura a las obras que permitan cerrar este boquete y luego hacer lo posible drenar el agua que hoy tiene hasta el cuello a los habitantes de La Mojana, sector que es compuesto por municipios de Bolívar, Sucre y Antioquia."Más de 2.500 personas se encuentran afectadas en La Mojana": Gobernación de SucrePara Arnulfo Bentacourt, líder social de La Mojana sucreña, el contratista está adelantando las obras para cerrar este boquete solo porque tiene presión de la comunidad, pero desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, afirma, que no se le han brindado las garantías necesarias para culminar las labores contratadas."El director Carlos Carrillo sigue poniéndole trabas al consorcio que está ejecutando las obras, el cual no ha parado la obra porque tiene mucha presión de nosotros de la comunidad, estamos fregado para que no la pare", sostuvo Bentacourt.Así mismo, el líder social aseguró, que "la retórica de pensamiento de que año tras año el río Cauca debe inundar a esta población debe cambiar", por lo que propone que la comunidad haga presión para defender a "la zona más productiva del país".Como respuesta ante "los comentarios erróneos", como fueron calificados por Carlos Carillo, el director de la UNGRD explicó que las garantías si se habían dado, pero es el mismo contratista que debe poner en marcha su plan de contingencia de emergencias, "un contratista serio debe presentar este plan y ponerlo en marcha, aunque lleguen estos fenómenos naturales, pues para eso son los planes", aseguró.Drama de campesino en La Mojana: perdió todo por inundaciones y ahora debe más de $30 millones."Al contratista se le dio un adelanto bastante generoso de $26.000 millones, y el Estado es uno, el hecho de que haya cambiado la dirección no implica que pueda cambiar unilateralmente terminar el contrato ó dejar de pagar", manifestó Carrillo.Finalmente, el Director de la UNGRD aseguró que el procedimiento legal es que las entidades territoriales hagan sus intervenciones y luego, si no pueden dar abasto, el Gobierno Nacional intervenga. Ante esto, la comunidad hace un llamado al Gobierno Nacional para que no olvide a La Mojana, en donde más de 2.500 personas, 120.000 cabezas de ganado y 35 hectáreas de cultivo se han perdido.
Hay alerta por creciente del río de Oro que destruyó algunas viviendas y se llevó los electrodomésticos de varias familias en el norte de Bucaramanga, las cuales en este momento reclaman ayuda de las autoridades.Con un derecho de petición más de diez familias del asentamiento humano La Playita del norte de Bucaramanga están pidiendo ayuda porque la última creciente del río de Oro que aumentó su caudal debido a las lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña terminó destruyendo sus viviendas y llevándose todas sus pertenencias en hechos que, por fortuna, no dejaron personas heridas.Más de $300 millones de pérdidas y 200 afectados dejó incendio de bodega en Bucaramanga“Estamos en una temporada de lluvia y el río de Oro se crece y empieza a derrumbar los ranchos de las personas que viven en el sector de La Playita el llamado de atención es a la Unidad de Gestión del Riesgo, a la Secretaria del Interior y Gestión del Riesgo para que ayuden con todos los sistemas de alerta temprana y toda la ayuda humanitaria que podamos brindar a las personas que están asentadas en este sector de la ciudad, estamos hablando de seres humanos que están en riesgo”, dijo el Concejal de Bucaramanga, Jorge Flórez.Teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión del Riesgo de Bucaramanga no ha llegado a la zona y no ha entregado ayudas humanitarias a la comunidad afectada en ese sector hasta el momento, los habitantes colocaron sacos de arena de manera improvisada para tratar de evitar que una nueva creciente del río termine generando más emergencias en ese lugar.Petro suspendió giro de $13.000 millones para mitigar riesgo en Girón tras escándalo en UNGRDSobre el invierno que viene afectando varios sectores de Santander la Unidad de Gestión del Riesgo explicó a través de sus redes sociales que realiza acompañamiento a las comunidades de Sucre y la Belleza afectadas por fenómeno de remoción en masa en el sector Altamira. “Articularemos la recuperación y el tránsito de nuestros campesinos y productos de la región”, dijo Eduard Sánchez, director del Riesgo de la región.
Aunque el primer día del fin de semana en el que se festeja el Día de la Madre solo se reseñó un homicidio en Medellín, las autoridades están a la expectativa de los índices de criminalidad que se registrarán durante todo el puente, tras el anuncio de las bandas delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá que hacen parte de la mesa de paz en la cárcel de Itagüí del cese de acciones armadas por esta celebración.Ante este anuncio, el alcalde de Medellín no se mostró confiado. Precisamente, Federico Gutiérrez indicó que desde el Distrito van a continuar con su operatividad normal y que pese al cese de hostilidades, continuarán con las acciones en contra del delito.Relanzarán en Medellín mesa de diálogo con jefes criminales del Valle de Aburrá en cárcel de ItagüíRecordemos que según los jefes de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, el Gobierno Nacional debe mostrar más compromiso con ellos y por ello propusieron relanzar el proceso de paz urbana en esta subregión de Antioquia.A pesar de esto, Gutiérrez confirmó que para el Día de la Madre habrá operativos liderados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación para buscar mayor seguridad en el que es uno de los fines de semana más violentos del año."Aquí nadie puede depender de, entre comillas, la buena voluntad de los criminales, los que se han dedicado toda la vida a asesinar, a extorsionar, a robar, a desplazar", dijo Gutiérrez.Finalmente, el alcalde de Medellín insistió en repetidas ocasiones que a pesar de los anuncios no van a bajar la operatividad en contra de las estructuras criminales que negocian en la cárcel de Itagüí.Por su parte, la delegación del Gobierno nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídica de Medellín y el Valle de Aburrá pidió a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado verificar el cumplimiento de este compromiso unilateral. Enviaron a la cárcel al padrastro del niño de 3 años víctima de maltrato en Itagüí, AntioquiaTambién aplaudieron que la declaración de los voceros desde la cárcel de Itagüí haya generado que se sumaran, con compromisos de igual alcance, estructuras criminales de Buenaventura, Quibdó, Cali, Barranquilla, Tuluá, Santa Marta, entre otras.Voces a favor y en contraUno de las voces de rechazo al comunicado de estas bandas fue la de la concejala Claudia Carrasquilla, quien los calificó de descarados. "No tienen estatus beligerante creen que pueden negociar y pues como dicen tener el control de todo, que respondan ante la Fiscalía por cada acción criminal que cometan porque, según su comunicado, son ellos los que "mandan" y los responsables de cada situación de seguridad en Medellín y el Valle de Aburrá", dijo a través de su cuenta en X.También ha habido voces a favor, como la del exdiputado de Antioquia, Andrés Mesa, quien dijo sentir esperanza por esta decisión de las bandas.
Prosperidad Social anunció la reglamentación oficial del programa Renta Ciudadana para este año, integrado en el Sistema de Transferencias del Estado. Su finalidad es brindar un apoyo integral a las familias más vulnerables. Dicho programa, que empezará su primer pago desde el 30 abril de 2024, busca erradicar la pobreza, fomentar la movilidad social y reforzar la economía popular y comunitaria, basándose en los pilares de integralidad, efectividad y eficiencia. Lea también: Link de Su Red Giros para consultar giro de Renta Ciudadana 2024Link para consultar Renta CiudadanaSi quiere saber si es beneficiario de la Renta Ciudadana y está en la lista, el proceso es claro y accesible y solo necesita su número de cédula. Ingrese al nuevo link aquí. En el módulo haga clic en 'Consulte aquí si está inscrito'Ingrese su número de cédula.Ingrese la fecha de expedición de su documentoSi aparece inscrito deberá suscribir el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad del programa a partir del 1 de abril 2024. Recuerde que la firma del acta es un requisito fundamental para culminar su inscripción al programa Renta Ciudadana.¿Cuándo es el próximo pago?Desde Prosperidad Social informaron que el listado de los primeros beneficiarios ya salió, por lo que comenzarían a girar el pago correspondiente al primer ciclo del año en abril. De ahí en adelante, cada 45 días se emitirá el subsidio durante este 2024. En esta lista se priorizó a 544.108 hogares compuestos por mujeres cabeza de hogar, con niños y niñas menores de 6 años del grupo A del Sisbén, quienes recibirán 500.000 pesos cada 45 días. Este primer grupo de hogares es el inicio de un gran objetivo en política social del gobierno nacional: fortalecer el sistema de protección social iniciando por los más pobres.Requisitos para acceder a la Renta CiudadanaAcceder al programa implica cumplir con ciertas características y son las siguientes: Hogares en situación de pobreza extrema con jefatura monoparental, es decir, un único responsable del hogar, en el que se le dará prioridad a la jefatura femenina, con niños y niñas menores de 6 años, que, según la información registrada en el Registro Social de Hogares, estén clasificados entre los grupos A01 al A05 del SISBÉN IV.Hogares en pobreza extrema en los que al menos uno de sus integrantes sea una persona con discapacidad, que requiera asistencia personal o cuidado.Unidad de Intervención indígena, con niñas y niños menores de 6 años, registrados en los listados de población indígena construidos por Prosperidad Social.La entrega de la Renta Ciudadana se realiza a través de transferencias monetarias cada 45 días. El monto de la transferencia se determina considerando el número de miembros en el hogar y su condición de pobreza. Esta estructura flexible asegura que cada familia reciba un apoyo personalizado y adaptado a sus necesidades específicas.Si desea obtener más información sobre la Renta Ciudadana, los siguientes recursos son valiosos.Página web de Prosperidad Social.Línea de atención al ciudadano: 01-8000-95-1100.Mensajes de texto gratuitos: Envía la palabra clave "SOCIAL" al 85594.Según explica Prosperidad Social, para las líneas de intervención del programa, se desarrollará un esquema de corresponsabilidades que estimule las capacidades para la inclusión social y productiva.Este esquema de corresponsabilidades comprenderá algunas que son de obligatorio cumplimiento como: identificación, salud, educación formal; y otras flexibles que corresponden a: educación nutricional, salud sexual y reproductiva, educación no formal, espacios de cuidado (jardines, guarderías, salacunas, etc.) y capacitación para el cuidado. Éstas últimas serán complementarias a las de obligatorio cumplimiento y buscan impulsar la movilidad social.El programa Renta Ciudadana contará con un componente comunitario orientado a promover la asociatividad, fortalecer las capacidades individuales y colectivas, asícomo el tejido social y el trabajo comunitario en los territorios donde se implemente.Durante 2024 Prosperidad Social reglamentará otras líneas de intervención de Renta Ciudadana dirigidas a otros hogares del grupo A y B del SISBÉN.
El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se ha impuesto en la octava etapa del Giro de Italia disputada entre Spoleto y Prati di Tivo, de 152 kilómetros, por lo que aumenta su poder con la maglia rosa de líder.Pogacar no ganó esta vez en solitario, tan solo atacó a 150 metros de la meta para llevarse la tercera victoria al esprint. El doble ganador del Tour de Francia entró con un tiempo de 4h.02.16, a una media de 37,6 km/hora.La segunda plaza fue para el colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora) y la tercera para el australiano Ben O'Connor (Decathlon)- Este domingo la novena etapa llevará al pelotón de Avezzano a Napoles en un recorrido de 214 km.Clasificación General.PosiciónCorredorEquipoTiempoDiferencia1Tadej POGACARUAE TEAM EMIRATES23:20:520:002Geraint THOMASINEOS GRENADIERS23:21:380:463Daniel Felipe MARTINEZBORA - HANSGROHE23:21:390:474Cian UIJTDEBROEKSTEAM VISMA - LEASE A BIKE23:21:470:555Einer RUBIOMOVISTAR TEAM23:21:480:566Lorenzo FORTUNATOASTANA QAZAQSTAN TEAM23:21:591:077Juan Pedro LOPEZLIDL-TREK23:22:031:118Jan HIRTSOUDAL QUICK - STEP23:22:051:139Alexey LUTSENKOASTANA QAZAQSTAN TEAM23:22:181:2610Esteban CHAVESEF EDUCATION - EASYPOST23:22:181:26QUINTANA Y PELAYO EN LA PRIMERA ESCAPADAInteresante escapada inicial con 14 corredores, entre ellos Nairo Quintana y Pelayo Sánchez (Movistar), Bardet, el mejor clasificado en la general a 5.23 minutos, De Marchi, Storer y Alaphilippe, una aventura producto de los múltiples ataques en el primer ascenso del día, el alto de Forca Capistrello (2a, 16,4 km al 5,6).Una aventura que no preocupó en exceso a Pogacar y su escuadra, pero tampoco era para descuidarla por la presencia de Bardet. El UAE dirigió el ritmo del pelotón, manteniendo a raya a los rebeldes en torno al minuto y medio y con las principales dificultades por llegar.Pogacar domina y controla, como si tuviese prisa por sentenciar el Giro para guardar fuerzas para el Tour. La llegada a Prati di Tivo no le era ajena, allí ganó en la Tirreno de 2021, y la subida le venía de maravilla. Demasiadas razones como para permitir el éxito de la escapada.No obstante, el grupo de avanzadilla trepó con opciones el Croce Abbio Capannelle (3a, 8,1 km al 4,7), por cuya cima la diferencia se mantenía intacta. Restaban 24 km hasta el pie de Prati di Tivo y el UAE seguía haciendo su trabajo en el descenso, dejando claro que el jefe esloveno iba a hacer una de sus demostraciones.POGACAR SE IMPONE CON AUTORIDAD, PERO SIN DESTROZOSEl inicio del ascenso a Prati di Tivo (1a, 14,7 km al 7) supuso la entrega de la fuga. Uno a uno fueron claudicando ante el ritmo de los hombres de Pogacar. A 9 de meta solo el joven francés Paret Peintre se empeñó en resistir, inasequible al desaliento. Los hombres de la general, con Thomas y Daniel Martínez iban a rueda, a la espera de acontecimientos.La única incógnita era saber cuándo iba a atacar Pogacar. Sus compañeros Grobschartner y Majka despejaron la pista, anularon las ilusiones de Peintre y el patrón del Giro, a diferencia de otras ocasiones, no despegó hacia la gloria en la simbólica cima de los Abruzos desde lejos.Fue una llegada táctica, controlada, con confianza en sus fuerzas, y sobre todo, muy bien trabajada por todo su equipo. Los hombres del líder se dejaron el alma, el líder, sin el cuchillo entre los dientes, solo esperó el momento para ganar. Sin más.Y eso sucedió. Trataron de sorprender el italiano Tiberi, el neerlandés Arensman y el australiano Storer, pero enseguida se cortaron ante la reacción disuasoria del gran jefe, quien para evitar revueltas arrancó a 150 metros de meta para apuntarse el triplete. Otro paso hacia la maglia rosa en su debut en el Giro. Otro aviso para los rivales.Este domingo la novena etapa llevará al pelotón de Avezzano a Nápoles en un recorrido de 214 km, la segunda más larga de la presente edición.
El auto del Consejo Nacional Electoral que será discutido en los próximos días tiene como objetivo investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en las elecciones de 2022. El auto fue radicado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada.Para que la formulación de cargos sea aprobada, se requiere el voto de al menos cinco de los nueve magistrados. Actualmente, hay una situación en el Consejo Electoral que hace necesario contar con cinco de ocho votos para la aprobación final.Según el documento, se detectó una violación de los topes de financiación en las elecciones. En la primera vuelta, la campaña de Gustavo Petro habría gastado 3,709 millones de pesos sin reportarlo. En la segunda vuelta, la coalición del Pacto Histórico habría omitido reportar gastos por 3,861 millones de pesos.Lea también: Oposición pide renuncia de Roa a Ecopetrol tras anuncio de formulación de cargos del CNELa formulación de cargos se dirige contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña presidencial, pero también se menciona a los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus. Si la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprueba la formulación de cargos, también se verán involucrados los partidos políticos de la coalición del Pacto Histórico, Colombia Humana y Unión Patriótica.El auto del CNE también revela diversas omisiones en la financiación de la campaña de Petro. Se destaca el no reporte de los gastos por concepto de pago de testigos electorales, por un valor de 931.290 millones de pesos. Además, se menciona la omisión de reportar gastos por propaganda, con un monto de 356 millones de pesos. También se evidencia una omisión en el reporte de los pagos realizados por el Pacto Histórico, por un total de 202.000 millones de pesos, los cuales se registraron como gastos de la campaña al Senado de la República.En cuanto a los aportes, se denuncia la omisión de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera y Fecode, cada uno por más de 500 millones de pesos. También se menciona la omisión del reporte de un pago por un evento de celebración de campaña realizado en el Movistar Arena en 2022, por un valor de 100 millones de pesos.
El fiscal delegado ante la Corte, Víctor Salcedo, ha citado a interrogatorio a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, programado para el 16 de mayo, como parte de una investigación en curso sobre presunta corrupción en el proyecto del metro de Bogotá y posibles irregularidades en la financiación de la campaña al Senado de su esposa, Angélica Lozano.Esto relacionado con una investigación que ya estaba en curso por presuntas irregularidades en los contratos de la primera línea.Según unas interceptaciones telefónicas, se ha señalado que existe información sobre un supuesto aporte económico por parte de entidades chinas, estimado en unos 12.000 millones de pesos, distribuidos en dos pagos.La exalcaldesa de Bogotá deberá presentarse ante las autoridades para responder a todas estas acusaciones el día mencionado. La pesquisa de los fiscales delegados ante la Corte se centra en posibles delitos como cohecho propio, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos.Es crucial destacar que estas son alegaciones que requieren una minuciosa investigación y un proceso judicial justo para todas las partes involucradas.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en contra de Jaime Ernesto Gil Corredor, representante legal de una constructora, por los graves daños ambientales ocasionados con el levantamiento de un lujoso inmueble en un área protegida de los cerros orientales de Bogotá.“En el curso de la investigación se acreditó que, entre 2014 y 2016, se edificó un inmueble de tres niveles, avaluado en más de 6.000 millones de pesos, en un predio denominado El Bambú, en el sector conocido como Bagazal”, informó la Fiscalía.Durante el desarrollo del proyecto urbanístico se promovió una agresiva deforestación, de por lo menos 2.000 árboles nativos; hubo remoción de tierra y del bosque natural, y desviación del cauce de la quebrada Los Rosales, con el fin de hacer un lago para la propiedad. Estas y otras afectaciones al ecosistema de la zona fueron certificadas en su momento por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Secretaría de Ambiente de Bogotá.Por todo lo anterior, Gil Corredor fue sentenciado a 7 años y 3 meses de prisión y multa equivalente a 200 salarios mínimos legales vigentes, como responsable de los delitos de daño en los recursos naturales agravado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Cabe recordar que el predio fue demolido en el año 2019 luego de que la CAR ganara una lucha jurídica de más de 3 años. La sanción la deberá cumplir en su residencia Gil Corredor.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación que sacude las altas esferas del Órgano Colegiado de Decisión para la Paz (OCAD Paz), y es que en el ojo del huracán se encuentran el ex alto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio José Archila Peñalosa, el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y el exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Guillermo Zuleta Mieles.Todos ellos son miembros del OCAD Paz y son investigados por presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda, Cauca, financiado con recursos de regalías, ascendentes a $7.152 millones.Según la denuncia recibida por la Procuraduría, el OCAD Paz habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social. Sin embargo, se cuestiona la idoneidad de este ente para asumir tal responsabilidad, dado su aparente déficit de experiencia, capacidad administrativa y técnica en proyectos de infraestructura vial.La investigación ha puesto el foco en la transparencia del proceso de selección del ejecutor del proyecto. Se solicitaron pruebas a la administración municipal de Miranda, Cauca, incluyendo el estudio previo realizado al Fondo Mixto para su designación, así como una certificación sobre las razones técnicas y de experiencia presentadas ante el OCAD Paz. También se han requerido a la dirección del Fondo Mixto diversos documentos, como las hojas de vida del personal asignado para el proyecto, los estados financieros de las vigencias 2019 a 2021.La Procuraduría su parte se compromete a actuar con la transparencia en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías, trabajando desde su misionalidad disciplinaria para garantizar la integridad y responsabilidad de los servidores públicos involucrados en la administración de estos fondos. Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión del OCAD Paz, sino que también subraya la necesidad de una supervisión rigurosa y una selección transparente de los ejecutores de proyectos financiados con recursos públicos.
La Fiscalía entró de lleno en las investigaciones del caso de corrupción que sacude al Gobierno al escuchar a Olmedo López, exdirector la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y principal implicado en la trama por el supuesto robo de recursos de esa entidad y el pago de sobornos en el Congreso.La primera diligencia de López coincidió con la petición a la Fiscalía del presidente Gustavo Petro, que investigue los contratos firmados en los últimos ocho años por la UNGRD, ante la sospecha que puede haber más irregularidades."Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentra en la Fiscalía", aseguró el mandatario en una alocución.El periodo que Petro pide investigar en la UNGRD incluyen los dos últimos años de la Presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos que lleva el actual mandatario.Durante la jornada de este martes, el presidente del Senado, Iván Name, vinculado al escándalo, negó haber recibido un soborno de 3.000 millones de pesos para apoyar las reformas de Petro en el legislativo, como lo manifestó el viernes pasado Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD.Diligencia a puerta cerradaLa diligencia de López se llevó a cabo a puerta cerrada en la Fiscalía, que no ha informado del contenido de la declaración, pero recordó que desde el pasado 2 de febrero realiza una investigación por posibles actos de corrupción en la UNGRD.López, en una grabación enviada a medios de comunicación, prometió contar a la Fiscalía toda la verdad sobre el entramado de corrupción que lo involucra y por el que salió del cargo este año."El país y los colombianos esperan de mí respuestas y dije que las iba a contar y las seguiré dando. Lo único que he pedido es garantías de seguridad para mi familia y para mí", manifestó López y agregó que con esto está "asumiendo un riesgo de muerte".La prensa denunció hace varias semanas la malversación de 46.800 millones de pesos de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.Name se desmarcaEl caso tomó vuelo el viernes pasado luego que el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD reveló a la revista Semana que utilizó dinero de esa entidad para pagar sobornos a Name, del partido Alianza Verde, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio del apoyo a las reformas.Sin embargo, Name afirmó en la plenaria del Senado que no recibió soborno alguno y manifestó que no teme someterse a la justicia."No recibí dineros ilícitos, mi proceder democrático es contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este hemiciclo", expresó el senador.Por eso agregó: "Reitero estar dispuesto a atravesar la Plaza de Bolívar para asistir, para acudir a mi juez natural, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia", manifestó Name en referencia a su condición de aforado.El presidente del Senado manifestó que no ha dado declaraciones a los medios de comunicación porque hay quienes lo han condenado antes de que la Justicia se pronuncie sobre su caso: "eso hace parte de nuestra naturaleza, el anticiparnos a las crucifixiones para después lamentarlas, probablemente"."Aquí y ahora ante ustedes, me sostengo en la justeza y la rectitud de mis actos. Ante la Justicia responderé por lo que se me señale", expresó el político.Sneyder Pinilla también mencionó en la entrevista con la revista Semana a Sandra Ortiz, hasta ayer consejera Presidencial para las Regiones, de quien dijo que hizo de "mensajera" al llevar el dinero a Name, al igual que ella del Partido Verde, tras lo cual la funcionaria renunció a su cargo. También le puede interesar:
La polémica operación en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las Farc, sigue generando todo tipo de controversias. Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuarto.Ahora, varios meses después, se confirmó la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo. Esta será el 25 de junio de 2024 a las 9:00 de la mañana. Asimismo, la Fiscalía pedirá cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados y les imputará el delito de homicidio en persona protegida en modalidad tentada.La Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos, pedirá cárcel contra 25 personas. Entre estas personas está el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista por haber dado de baja al gobernador indígena Kichwa, Pablo Panduro, y, un menor de edad. Los familiares de algunas víctimas están viviendo fuera del país porque fueron amenazados de muerte.Masacre de Alto Remanso en Putumayo debe pasar a la justicia ordinaria: HRWCabe recordar que Blu Radio reveló detalles de la investigación disciplinaria contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo; contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares.De acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.Le puede interesar:
Luego de que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia abriera una indagación previa por las declaraciones que se han conocido por medios de comunicación en las que Sneyder Pinilla, exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hace señalamientos contra aforados, este alto tribunal se pronuncia nuevamente respecto a este caso de corrupción de los carrotanques.Ahora, la Corte Suprema de Justicia llamó a varios funcionarios del Gobierno nacional para que declaren tras el escándalo de corrupción que envuelve a la UNGRD por los carrotanques en La Guajira que, al parecer, supera los $47.000 millones de pesos. La decisión fue tomada por el magistrado Francisco Farfán luego de las declaraciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López, ambos exfuncionarios de la entidad.Según informó la Corte, la lista de citados la encabeza el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, además de los directores de la UNGDR y el Departamento Nacional de Inteligencia, Carlos Carrillo y Carlos Ramón González, y la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz.Por último, la Corte ordenó una inspección judicial a la Procuraduría General de la Nación para obtener información sobre el caso, al Congreso de la República para obtener las certificaciones de fuero del presidente del Senado Iván Name, y el de la Cámara de Representantes Andrés Calle y también desde esta alta corte aseguran que ya iniciaron los acercamientos con la Fiscal General para consolidar el desarrollo armónico de las investigaciones.
El presidente Gustavo Petro pidió este martes a la Fiscalía investigar los contratos de los últimos ocho años en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), centro de un escándalo de corrupción por el supuesto robo de recursos de esa entidad."Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía", expresó el mandatario en una alocución al país.Los contratos de los últimos ocho años en la UNGRD que Petro pide investigar incluyen los dos últimos de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos que lleva el actual mandatario.Petro reconoció las irregularidades en la UNGRD durante su Gobierno y agregó que "ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción" pues ese delito "está en todos los partidos y en todos los rincones".Escándalo crecienteLa prensa denunció hace varias semanas la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.El caso tomó vuelo el viernes pasado luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, reveló a la revista Semana que utilizó dinero de esa entidad para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal.Esto con el objetivo de que impulsaran en el legislativo las reformas sociales del Gobierno de Petro.El presidente colombiano manifestó que el hecho de que la Corte Constitucional tumbara los decretos de emergencia económica, social y ecológica que el Gobierno había promulgado para atender los problemas de La Guajira, no era "una invitación a realizar una contratación aparentemente amañada y con sobrecostos", como pasó con la UNGRD.Igualmente manifestó que la decisión de comprar los camiones cisterna no fue una "directriz" suya, porque justamente el Gobierno buscaba solucionar el problema del agua con los decretos."La lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Siempre he buscado y exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia", añadió el presidente.El escándalo que ha estremecido al Gobierno colombiano motivó la renuncia de la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien según Pinilla, hizo de "mensajera" para llevar las maletas con dinero a Name, que al igual que ella es miembro del partido Alianza Verde.
Blu Radio conoció los chats que, según el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, muestran su conversación con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el 14 de octubre de 2023, en los que se demostraría la cita en el apartamento del congresista en Montería, en donde según Pinilla, le entregó 1.000 millones de pesos en efectivo, por orden de Olmedo López. Esta conversación sería una de las pruebas que entregaría Pinilla ante la Fiscalía este miércoles, 8 de mayo, en medio del escándalo del entramado de corrupción que estalló en la UNGRD. En las imágenes se puede observar que el exsubdirector se presentaría ante Calle y le pediría concretar dónde se encontrarían.Estos chats evidenciarían el lugar de encuentro entre Pinilla y Calle para, según el exsubdirector de la UNGRD, entregarle los 1.000 millones de pesos para, supuestamente, aprobar las reformas del Gobierno Petro. Esta reunión se habría realizado en el apartamento del presidente de la Cámara de Representantes.Asimismo, Pinilla le informaría a Calle que es un enviado de Olmedo López, entonces director de la UNGRD y quien está salpicado en el polémico contrato de los 40 carrotanques de La Guajira.Sobre el mediodía de ese 14 de octubre de 2023, Calle le habría enviado la ubicación del punto de encuentro de esta reunión y el presidente de la Cámara le responde: "Atento a ti".Estos chat serían solo el inicio de las pruebas que tiene Pinilla para entregar ante una fiscal anticorrupción y a una delegada ante la Corte Suprema.Pinilla pide perdónEste martes, el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ofreció disculpas públicas por el escándalo que lo vincula junto al exdirector de la entidad, Olmedo López. Esto ocurrió a su salida de la Fiscalía, donde fueron citados hoy, días después de las recientes revelaciones sobre posibles irregularidades en la asignación de recursos, contratos y otros proyectos de la UNGRD en diversas regiones del país.Es importante destacar que en estas revelaciones se menciona también a varios políticos por presuntos sobornos a congresistas, incluidos el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.Pinilla afirmó que se le ha asignado un esquema de seguridad y que también se está evaluando la protección para su familia. Mencionó que durante el interrogatorio de mañana (miércoles), presentará las pruebas relacionadas con el caso que actualmente lo tiene en el centro de la controversia.
El magistrado de Justicia y Paz de Bogotá Manuel Bernal tomó la decisión de sustituir las 57 medidas de aseguramiento contra Salvatore Mancuso. El exjefe paramilitar debe comprometerse ahora a contar la verdad sobre los hechos del conflicto de los cuales tiene conocimiento; además, deberá reparar a las víctimas y comparecer ante la justicia cuando sea requerido.Varias víctimas del paramilitarismo se han pronunciado sobre esta decisión y hay diferentes posiciones sobre el tema. Una de ellas es la de Ketty Paternina, hija de la fiscal Yolanda Paternina, quien fue asesinada mientras investigaba la masacre de Chengue, en Sucre."Esto me da a entender como víctima que los bandidos prevalecen más que nosotros las víctimas. Si no ha hablado estando en una cárcel, privado de su libertad, imagínate menos va a hablar estando afuera, ¿hasta dónde vamos a llegar? No estoy de acuerdo con esta decisión errónea, es precipitada hasta que Mancuso hable y diga la verdad", aseguró Paternina.Por su parte, Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz, señaló que esta era una decisión decepcionante por parte de la justicia."Con esta decisión se nos arrebata la oportunidad de conocer la verdad de muchos hechos que aún permanecen ocultos y que Salvatore Mancuso conoce, como, por ejemplo, los aliados criminales que por tantos años han gozado de impunidad a pesar de que ordenaron asesinatos, desplazamientos, robos de tierras y sepultamiento de cuerpos de víctimas que hoy las familias aún buscan. Todo esto y más, pero que conociendo el actuar de estos señores de la guerra que siempre han actuado por conveniencia, con esta orden de libertad, ya no hay motivación para decir la verdad, mucho menos para reparar de manera integral a las víctimas", agregó Díaz.Desde la Fundación Forjando Futuros, quienes representan a diferentes víctimas del paramilitarismo, aseguran que esta decisión debe llevar a Mancuso a contar la verdad y asumir un compromiso mayor con quienes se vieron afectados por el conflicto armado."Que anuncie y que nos cuente dónde están todos esos bienes que hoy están en manos de los testaferros y que aún no se han entregado para la reparación de las víctimas", señaló Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros.
Hace unos meses el magistrado José Manuel Bernal, ya le había levantado unas medidas. El argumento que ha mantenido la defensa del exjefe paramilitar es que no había motivos para que estuviera privado de la libertad, ya que Mancuso había cumplido una serie de requisitos de Justicia y Paz.Durante la audiencia se mencionaron requisitos como los siguientes:Certificación de buena conductaParticipación en las actividades de esclarecimiento de la verdadEntrega de los bienes para reparar a las víctimasNo se cometieron delitos dolosos posterior al proceso de desmovilizaciónCumplir más de 5 años en un centro de reclusiónPara que se le conceda la boleta de salida al exjefe paramilitar, el Inpec iniciara un barrido de la situación judicial de mancuso en todos los juzgados, tribunales, altos tribunales y organismo de justicia transicional para verificar si aún pesan sanciones en su contra.Una vez realizado ese proceso y se haga la respectiva verificación que se debe hacer en un tiempo estimado de 24 horas, Mancuso podría salir de la cárcel La Picota de Bogotá, donde ha estado recluido desde su regreso a Colombia tras cumplir una pena en los Estados Unidos.El motivo de su regreso se da por cuenta de la designación del presidente Gustavo Petro como Gestor de Paz, para que cumpla un rol de facilitador del desarme de grupos delincuenciales en el marco del proyecto de Paz Total. Cabe mencionar que actualmente la Corte Constitucional estudia a quién le corresponde juzgar a Mancuso por sus delitos cuando estuvo al frente de las extintas Autodefensas de Colombia. Tanto la JEP como Justicia y Paz reclaman el caso.
La Corte Constitucional tomó la decisión de tumbar la suspensión que impuesta por el Consejo de Estado contra Altus Baquero, quien fue apartado del cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral por supuestas irregularidades en el acto de su elección.“La Corte, levantó dicha suspensión y ratificó la validez de la elección del magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda, pues los requisitos constitucionales son inmodificables en razón a que la regla contenida en el artículo 232, establece como requisito 15 años de experiencia profesional verificables al momento de la elección”, dice el comunicado del Consejo Nacional Electoral.En la decisión que sacó al magistrado Altus Baquero de su cargo, el Consejo de Estado reconoce que para el momento en que se hizo la inscripción para los candidatos a la vacante de magistrado del CNE, el Partido Liberal postuló al abogado a falta de menos de 10 días para cumplir exactamente con el tiempo requerido.“La sala plena de la Corte Constitucional al decidir sobre la medida cautelar decretada por la sección quinta del Consejo de Estado, consideró que en el caso era necesaria la protección urgente de los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y al acceso a cargos públicos, así como la protección del interés general en cuanto a la dinámica institucional y al cumplimiento de las funciones del Consejo Nacional Electoral”, dice la Corte Constitucional.
El Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la sentencia de 10 años de cárcel para los policías Jerson Jair Castellanos y Wilmer Torres por su participación en la red conocida como la "Comunidad del anillo", que promovía prácticas de prostitución dentro de la institución.“Analizadas las pruebas en juicio, con base en las reglas de la sana crítica, se advierte que la conducta de los procesados se adecuó al tipo penal por el que fueron acusados. Se probó que los acusados, en uso de la superioridad jerárquica sobre las víctimas, las constriñeron para salir de la Escuela e ir a sitios, en un contexto sexual, a cambio de dinero o dádivas”, dice el fallo del tribunal.Según la investigación de la Fiscalía, durante 2005 y 2006, el entonces coronel Castellanos, quien ejercía como jefe de seguridad en el Congreso de la República, visitaba la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander para entablar relaciones con jóvenes y ganar su confianza. A través de regalos y salidas, los persuadía hacia actividades sexuales. Cinco alféreces, bajo amenazas, se vieron involucrados con Castellanos, quien recibió la pena de prisión por un juez en Bogotá.Por otro lado, el coronel Wilmer Torres, quien ocupaba el cargo de mayor en ese entonces, abusó de su autoridad como jefe de sección en la General Santander para intimidar a las víctimas y facilitar su salida de las instalaciones de la escuela, permitiendo así los encuentros sexuales auspiciados por Jerson Castellanos. Los abogados de los policías tienen la opción de apelar la decisión mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Se conoció que en las últimas horas se entregó a la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, Juan Carlos Martínez Rodríguez, alias ‘El Hombre del Maletín’ o ‘El Enfermero’, mano derecha del fallecido exsenador Mario Castaño; involucrado en el escándalo de corrupción conocido como Las Marionetas.¿Quién es 'El Hombre del Maletín’?Es de importancia porque, según la información conocida hasta ahora sobre estos hechos, Martínez tiene todos los secretos sobre este caso que involucra a varios congresistas y altos exfuncionarios del Estado en el aprovechamiento indebido de recursos, asignación de contratos y otros delitos que concluyeron en la condena del exsenador Castaño a 15 años de cárcel.‘El Hombre del Maletín’ hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Mario Castaño. De acuerdo con los elementos de prueba recogidos en medio del caso, habría sido uno de los articuladores principales de una red de corrupción en la que, al parecer, aprovechó su cargo para direccionar contratos públicos en varias regiones del país.Juan Carlos Martínez Rodríguez fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), luego de que él mismo se entregara ante la Dirección Especializada contra la Corrupción; un juez de control de garantías legalizó su captura de inmediato y en el transcurso de esta misma semana, según informó la Fiscalía, se realizará la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.Caso Las MarionetasEn enero pasado, la Fiscalía reveló los nombres de los congresistas, excongresistas y funcionarios vinculados al escándalo de 'Las Marionetas', además de Mario Castaño están Ciro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa, Julio César García, Pierre García y Tatiana Vuelvas. También Pablo César Herrera, gerente de Proyecta Quindío; Anderson González González, Raúl Cardozo Ordoñez, Raúl Cardozo Navas, Raúl Cardozo Nuncira; beneficiados; Gian Carlo Storinio, enlace de Motoa; John Jairo Tejada, enlace de Julio César, Alejandro Noreña, contratista Proyecta Quindío.Le puede interesar:
Dos hombres, un famoso gastroenterólogo y un controvertido empresario, están en el ojo del huracán judicial por un presunto fraude millonario durante la pandemia del COVID-19. El médico Luis Alejandro Orozco Linares y el empresario Pedro José Figueroa Velaides fueron acusados por la Fiscalía y enfrentan la posibilidad de una condena de hasta 18 años de prisión.Según la Fiscalía, todo comenzó cuando el gerente de la empresa Sulink contactó a Orozco en abril de 2020 para comprar 10.000 cajas de guantes de nitrilo por 350 millones de pesos. Orozco, en asociación con Figueroa, prometió suministrar la mercancía. Sin embargo, tras un primer incumplimiento, devolvieron 175 millones de pesos como muestra de buena fe.Pero las promesas no se cumplieron. A pesar de enviar fotos de la mercancía y guías de entrega, solo se recibieron 36 cajas de guantes en lugar de las 10.000 pactadas. Ante las evidencias de estafa, la empresa exigió la devolución del dinero. En un intento por calmar las aguas, Orozco y Figueroa entregaron un cheque por 350 millones de pesos como compensación, pero fue devuelto por fondos insuficientes.La Fiscalía recopiló pruebas contundentes, como correos electrónicos, mensajes y entrevistas, que demostraron el engaño perpetrado contra Sulink. Aunque los acusados no están detenidos, podrían enfrentar una rebaja del 50 % de la pena si aceptan los cargos y reparan a las víctimas.El abogado de Sulink, Mauricio Pava, condenó enérgicamente la acción de los acusados, destacando el daño empresarial, social y humano causado. Propuso el embargo de las empresas involucradas como medida mínima de reparación.