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La Procuraduría General de la Nación les dio la razón a los integrantes del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán que pidieron que se suspendieran las audiencias mineras que se podían hacer de manera virtual porque esto no permitía la participación real de las comunidades en este tipo de procesos.
La posibilidad de hacer audiencias en internet quedó abierta cuando el Ministerio de Ambiente publicó la circular número 9 el 12 de abril de 2020 dirigida a las autoridades ambientales, corporaciones autónomas, entre otros, en la que se permite utilizar medios virtuales para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier evento de tipo masivo.
Al ser publicada la circular el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán denunció públicamente la posibilidad de vulnerar los derechos de las comunidades y manifestaron a través de twitter que “bajo ningún pretexto permitiremos que se viole el derecho a la participación y se entregue Santurbán a Minesa aprovechándose del COVID-19”.
#OjoAlDato Se deroga la circular que legitimaba el uso de medios virtuales para la Consulta previa.
— César Pachón (@CesarPachonAgro) April 22, 2020
Pero al ser suspendida vuelve a estar vigente la "consulta previa presencial". Van a querer hacer una consulta previa lograda con reuniones de 49 o menos indigenas, rom y afros. pic.twitter.com/q4GvSnowHq
“La Procuraduría acaba de emitir unas medidas preventivas que le manifiestan al Ministro de Ambiente y al Director de la Anla, que no son viales la realización de audiencias públicas ambientales virtuales, máxime tratándose de un proceso en el que las comunidades son muy amplias y tratar de hacer el proceso con todos sería casi imposible”, explicó Hernán Morantes, asesor jurídico del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán.
Por su parte Diego Fernando Trujillo, procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, señaló que “resulta pertinente recordar, que el estado de confinamiento en que se encuentra la población actualmente no permitiría su desplazamiento a sitios donde existe actualmente conectividad, tales como, los centros poblacionales, que de alguna manera podría ser una opción válida en otras circunstancias. En este sentido, se hace necesario considerar la suspensión temporal de dichas actividades virtuales hasta tanto se pueda garantizar la plena participación de las comunidades involucradas”.
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Comunicación de la Procuraduría General de la Nación:
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