La Amazonía colombiana enfrenta un incremento alarmante en sus niveles de deforestación, motivado por una convergencia de economías ilegales que operan con creciente capacidad y coordinación en la región.
Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), en 2024 Colombia se posicionó entre los países más afectados por la pérdida de bosque tropical primario, en gran parte debido a incendios forestales provocados por actores criminales.
Aunque Brasil concentró el 42 % de la deforestación global de bosques tropicales primarios, el fenómeno también impactó severamente a países vecinos como Colombia, Perú y Bolivia.
La pérdida de cobertura boscosa no se limita a los incendios: actividades como la tala ilegal, el despeje de tierras para agricultura extensiva, y la apropiación de terrenos colectivos también explican una parte significativa de la transformación del paisaje amazónico.
Alejandra Laina, directora del Programa Alimentos, Suelo y Agua del WRI Colombia, explicó que los motores principales de esta deforestación en Colombia están estrechamente ligados a la ilegalidad.
“Se identifican procesos relacionados con la explotación minera sin control, la apropiación ilegal de tierras para pastos o cultivos ilícitos, así como la apertura de vías no autorizadas que expanden aún más el acceso a zonas protegidas”, detalló. Además, recalcó que la presencia de grupos armados ilegales ha facilitado el establecimiento de nuevas rutas logísticas para el tránsito de mercancías ilícitas y la explotación de recursos naturales.
La deforestación no solo representa una pérdida ambiental: tiene también consecuencias sociales y económicas. Las áreas más afectadas incluyen territorios colectivos como parques nacionales, resguardos indígenas y reservas forestales, que son ocupadas de forma irregular por actores armados, quienes contaminan los ríos con metales pesados utilizados en la minería como el mercurio y destruyen el suelo con actividades extractivas no reguladas.
En este contexto, las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) juegan un papel central. Ubicadas estratégicamente en la frontera amazónica, estas urbes actúan como nodos para el tránsito de madera, fauna silvestre, oro y drogas, muchas veces con destino a mercados internacionales. Según el WRI, su ubicación fluvial y aérea, sumada a la limitada capacidad estatal de control, ha favorecido la consolidación de economías ilegales.
“La Amazonía es una región de difícil acceso, con fronteras extensas que se mueven principalmente por vía fluvial. Esto complica significativamente las labores de vigilancia y control, tanto del lado colombiano como brasileño”, señaló Laina. La falta de presencia sostenida del Estado en estos territorios ha facilitado que los grupos ilegales asuman roles de poder local, controlando las dinámicas económicas, sociales y geopolíticas de la región.
Frente a este escenario, el WRI Colombia hace un llamado urgente a fortalecer la articulación entre las agencias ambientales, las fuerzas de seguridad y las comunidades locales. La organización subraya que la lucha contra la deforestación no puede darse de forma aislada: requiere acciones integradas que incluyan el fortalecimiento de la gobernanza territorial, la protección de los líderes sociales y ambientales, y el monitoreo constante de los ecosistemas afectados.
La selva amazónica, considerada uno de los principales reguladores climáticos del planeta, enfrenta una amenaza creciente. Su degradación no solo compromete la biodiversidad, sino que también pone en riesgo los modos de vida de miles de comunidades que dependen de su equilibrio ecológico. La respuesta, según los expertos, debe ser estructural, sostenida y multilateral.
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