La transición energética en Colombia suma un nuevo hito con la entrada en operación de la planta solar flotante YurbaQua, un proyecto de 2,8 megavatios (MW) ubicado en el departamento de Bolívar, que se consolida como la mayor instalación de este tipo en el país. Detrás de esta iniciativa, desarrollada por ENEXA y el Parque Central Zona Franca, está el aporte tecnológico de Huawei, que suministró soluciones clave para garantizar eficiencia, confiabilidad y monitoreo inteligente del sistema.El proyecto está ubicado en Turbaco (Bolívar) y se instaló sobre cerca de 18.000 metros cuadrados de un reservorio de agua artificial dentro del Parque Central Zona Franca. Allí operan alrededor de 5.000 paneles fotovoltaicos, con una capacidad de generación estimada de 4,6 gigavatios hora (GWh) al año, suficiente para cubrir una parte significativa de la demanda energética del complejo industrial y reducir de forma sustancial su huella de carbono.La contribución de Huawei se centra en su portafolio de soluciones Smart PV, especialmente en inversores solares de alta eficiencia y sistemas de gestión digital que permiten monitorear en tiempo real el desempeño de la planta. Estas tecnologías optimizan la conversión de energía e incorporan analítica avanzada y capacidades de diagnóstico remoto, fundamentales en una infraestructura flotante donde la seguridad, la estabilidad operativa y el mantenimiento predictivo son determinantes.Con su entrada en operación, YurbaQua supera a Aquasol, la planta flotante de 1,5 MW inaugurada en 2023 en el embalse de la hidroeléctrica Urrá, en Tierralta (Córdoba), consolidándose como un referente nacional en energías renovables no convencionales.Con este proyecto, Huawei refuerza su presencia en el sector energético colombiano y su apuesta por la digitalización de la energía, demostrando cómo la tecnología puede ser un aliado estratégico para acelerar la transición hacia fuentes limpias, innovadoras y sostenibles, incluso sobre el agua.“Desde Huawei vemos en proyectos como Yurbaqua una muestra clara de cómo la tecnología puede acelerar la transición energética de manera sostenible e innovadora. Nuestras soluciones para plantas solares flotantes permiten maximizar la eficiencia, mejorar la seguridad operativa y asegurar una gestión inteligente de la energía, incluso en entornos complejos como los cuerpos de agua artificiales. Colombia tiene un enorme potencial en energías renovables y queremos seguir siendo un aliado tecnológico clave en ese camino”, señaló Diego Tang, Director de Digital Power para Colombia.
Colombia se consolida como uno de los países líderes emergentes en la transición energética de América Latina. En medio del impulso regional por las energías limpias, el país proyecta un crecimiento del 400 % en su capacidad de generación solar y eólica para 2030, una meta ambiciosa que no solo transformaría su matriz energética, sino que también abriría la puerta a miles de empleos verdes en distintas regiones.El avance ya es visible. En los últimos cinco años, Colombia cuadruplicó su capacidad instalada en fuentes no convencionales de energías renovables, al pasar de menos de 50 megavatios en 2020 a más de 250 megavatios en 2025. Este crecimiento refleja el alto potencial del país en energía solar, eólica e hidráulica, y marca un punto clave para acelerar la transición hacia un modelo más diversificado y sostenible.No obstante, el desafío sigue siendo significativo. De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el 66 % de la matriz energética nacional continúa dependiendo de fuentes hídricas, altamente vulnerables al cambio climático. Esta dependencia refuerza la urgencia de fortalecer fuentes más estables como la solar y la eólica, que permitan reducir riesgos y garantizar seguridad energética a largo plazo.El desempeño de Colombia también ha sido reconocido a nivel internacional. Según el informe Bloomberg NEF Climatescope 2024, el país ocupa el cuarto lugar mundial entre los mercados emergentes que más impulsan la transición energética y se ubica entre los tres mejores de América Latina, junto a Chile y Brasil. El reporte prevé que para 2025 las energías renovables no convencionales representen cerca del 12 % de la capacidad instalada, impulsadas por políticas públicas, inversión privada y el compromiso de empresas locales.Más allá del impacto ambiental, la transición energética representa una oportunidad económica. “Por cada megavatio instalado en energías renovables se generan entre cinco y siete empleos directos”, aseguró Edwin Hernández, CEO de Ecoled, empresa colombiana reconocida a nivel nacional e internacional por su aporte al desarrollo sostenible. Con una visión que integra innovación, crecimiento económico y responsabilidad ambiental, Colombia avanza hacia un modelo energético más limpio, resiliente y con mayor autonomía frente a los combustibles fósiles.
La selva amazónica está pasando lentamente a un nuevo clima ‘hipertropical’, más cálido y con sequías más frecuentes e intensas, unas condiciones que no se habían visto en la Tierra desde hace decenas de millones de años y que exponen a los árboles a un estrés mortal.Un estudio encabezado por la Universidad de California en Berkeley (EE. UU.) prevé que si se siguen emitiendo altos niveles de gases de efecto invernadero, las condiciones de ‘sequía cálida’ podrían volverse más frecuentes en toda la Amazonía para 2100, hasta 150 días al año, incluso en la temporada húmeda.¿Qué pasaría si la Amazonía se vuelve hipertropical?Esta nueva situación podría provocar la muerte generalizada de árboles y afectar a la capacidad de la Tierra para hacer frente al aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico, ya que los bosques tropicales de todo el mundo absorben más emisiones de carbono humanas que cualquier otro bioma.Informes recientes han detectado un aumento del dióxido de carbono atmosférico tras las graves sequías en la Amazonía, lo que demuestra que el clima en los trópicos tiene un impacto cuantificable en el balance de carbono del planeta.Los científicos se refieren al nuevo régimen climático, o bioma, como los hipertrópicos, que está surgiendo debido al calentamiento global, el cual prolonga la típica estación seca de julio a septiembre, puesto que origina temperaturas más altas de lo normal.“Cuando se producen estas sequías cálidas, ese es el clima que asociamos con un bosque hipertropical, porque supera los límites de lo que consideramos actualmente un bosque tropical”, señaló el director del estudio, Jeff Chambers, en un comunicado de la Universidad de California en Berkeley.El estudio que publica Nature documenta que las condiciones de sequía y calor estresan a los árboles y aumentan su tasa normal de mortalidad.Los investigadores descubrieron por qué los árboles mueren en condiciones hipertropicales, que ahora solo se producen durante unos pocos días o semanas durante sequías extremas.Una vez que el contenido de humedad del suelo por volumen disminuye a aproximadamente un tercio, los árboles dejan de capturar carbono, mueren de inanición o desarrollan burbujas de aire en su savia.“Demostramos que los árboles de crecimiento rápido y baja densidad de madera eran más vulnerables y morían en mayor número que los árboles de alta densidad de madera”, precisó el investigador, que investiga sobre la Amazonía desde 1993 y en buena parte con el Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) en Manaos.Además, es probable que las condiciones hipertropicales aparezcan fuera de la Amazonía, en las selvas tropicales del África occidental y en todo el sudeste asiático.El investigador hizo hincapié en que se prevé el peor de los resultados si la sociedad hace muy poco para reducir las emisiones de dióxido de carbono que provocan el cambio climático.“Depende de nosotros hasta qué punto vamos a crear realmente este clima hipertropical”, indicó Chambers, y advirtió de que si se sigue emitiendo gases de efecto invernadero sin control: “Entonces crearemos este clima hipertropical antes”.
La moda sostenible está dejando de ser un concepto aspiracional para convertirse en un interés real entre los colombianos. Así lo revela un estudio de Ipsos Colombia, desarrollado a través de su comunidad cualitativa CONECTAD@S, que exploró cómo están cambiando las formas de consumir ropa, qué valores influyen en las decisiones de compra y de qué manera las personas están integrando la sostenibilidad en su día a día.El estudio, que incluyó a 163 participantes de estratos 2 y 3, encontró una comunidad diversa en motivaciones y comportamientos. Las mujeres representan el 67 % de los participantes, y el grupo etario más numeroso se ubica entre los 35 y 44 años. Pese a las diferencias generacionales, la mayoría coincide en algo: la preocupación por el impacto ambiental está presente, aunque todavía convive con otros factores que moldean las decisiones finales. Muestra de ello es que un 60 % ya contempla opciones como la reventa o el alquiler, mientras que un 30 % asegura que la sostenibilidad influye de manera decisiva en su elección de compra.En materia de durabilidad, las percepciones también están evolucionando. Los consultados entienden este concepto más allá de la simple resistencia física: esperan que una prenda conserve su funcionalidad y estética durante al menos tres años, y el 70 % asocia esa permanencia a la versatilidad, es decir, a que pueda acompañarlos en distintos momentos de la vida. Este hallazgo señala una oportunidad para las marcas, que pueden fortalecer la comunicación sobre materiales de calidad, origen responsable y prácticas sostenibles, aspectos que un 30 % de los encuestados asegura priorizar.El componente emocional aparece como un factor clave en la relación con la moda. Entre el 30 % y 35 % de los participantes afirma conservar prendas por razones sentimentales: regalos, recuerdos personales o piezas que representan hitos de vida. Esta conexión afectiva no solo prolonga la vida útil de la ropa, sino que se convierte en un punto de encuentro entre marcas y consumidores, donde la sostenibilidad no solo se mide en impactos ambientales, sino también en historias que se vuelven significativas.En ese sentido, el estudio plantea que la construcción de marca también está cambiando. Los consumidores buscan cercanía, mensajes claros sobre el propósito y experiencias que trasciendan la compra. Las empresas del sector tienen el desafío de volver tangible la sostenibilidad, traducirla en características visibles y convertirla en un valor cotidiano, deseable y accesible.La moda sostenible en el país, más que una tendencia, es un movimiento cultural en desarrollo. A medida que crece el interés y mejora la comprensión del consumidor, la industria colombiana se encuentra frente a un escenario prometedor: innovar, educar y ofrecer propuestas que armonicen conciencia ambiental, durabilidad y experiencias significativas. El camino, aunque apenas comienza, promete redefinir la manera en que los colombianos se relacionan con lo que visten.
Tres presuntos integrantes del GAO-r Frente Gerónimo Galeano fueron capturados en San Antonio. Las autoridades los señalan de participar en el ataque armado contra la estación de Policía de El Limón, en Chaparral, y de recaudar ilegalmente cerca de $400 millones mediante extorsiones.En un contundente operativo adelantado por el Gaula Militar Tolima, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, estructura Gerónimo Galeano, señalados de graves acciones criminales en el sur del departamento del Tolima.Las detenciones se realizaron en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro ejecutadas de manera articulada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.Entre los capturados se encuentra Libardo Rojas, conocido con los alias de 'Libardo' o 'Alexander', identificado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla de esta estructura armada ilegal. Junto a él fueron detenidos su hermano Afranio Rojas y Iván David Vera.Según las investigaciones preliminares, los capturados estarían vinculados con el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025, durante la noche de velitas.Además, las autoridades establecieron que esta estructura venía adelantando actividades extorsivas sistemáticas contra diversos gremios productivos, entre ellos caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, logrando recaudar de manera ilícita cerca de 400 millones de pesos.“Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la comisión de finanzas, responsable de coordinar extorsiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública”, señaló a Blu Radio el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.Las autoridades también establecieron que esta estructura criminal ejercía intimidación a la población civil mediante proselitismo armado, instalación de carteles, grafitis, vallas y la realización de reuniones forzadas, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a las comunidades rurales e impedir la acción de la Fuerza Pública. Incluso, se reportaron invasiones a predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios.Estas acciones criminales se habrían desarrollado durante los últimos cinco meses, en articulación con integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz, entre ellos alias 'Cortico' o 'Felipe Troche' y alias 'Risas', quienes ya fueron capturados en meses anteriores.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos que eran utilizados para la planeación y ejecución de las actividades delictivas.Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula), donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, en concurso con extorsión agravada.De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura armada ilegal y contribuye al restablecimiento de la seguridad y la confianza institucional en el sur del Tolima, como parte de los esfuerzos sostenidos de la Fuerza Pública para proteger a la población civil y fortalecer la presencia del Estado en la región.
La escalada de violencia que golpea al Catatumbo tiene detrás a tres criminales clave del ELN, señalados de liderar las confrontaciones armadas contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, en una guerra territorial que ya provoca confinamiento masivo, desplazamientos forzados y un grave impacto sobre la población civil en esta zona del nororiente del país. Las acciones se concentran principalmente en Tibú, pero también se extienden hacia Ocaña, Ábrego y otros municipios estratégicos del departamento.En el centro de esta ofensiva está el frente Juan Fernando Porras Martínez, una de las estructuras más fuertes del Frente de Guerra Nororiental del ELN y, según información de inteligencia, la encargada de entrenar a los pilotos de drones que hoy participan en los ataques armados. Este frente, además, estaría preparando a sus delincuentes tanto en territorio colombiano como en Venezuela, fortaleciendo sus capacidades militares y tecnológicas para sostener la confrontación con las disidencias y enfrentar a la fuerza pública.Al mando de esta estructura aparece alias ‘Julián’, ‘Manuel Guevara’ o 'Parmenio’, un cabecilla histórico del ELN con más de tres décadas de trayectoria criminal. Su nombre está ligado a la planeación y orden de emboscadas, campos minados, ataques con francotiradores, hostigamientos armados y secuestros en Norte de Santander y Cesar, acciones que dejaron militares y policías muertos y heridos. Dentro de la organización es considerado una pieza clave por su experiencia en el manejo financiero, político y militar, así como por su papel en el direccionamiento estratégico del frente que hoy lidera la guerra en el Catatumbo.El segundo hombre es Diego Fernando Coronel, alias ‘Caballo de Guerra’, señalado como segundo cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez. Las comisiones que dirige son, según las autoridades, las que están directamente comprometidas en los enfrentamientos contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el municipio de Tibú.Su rol, destaca el informe de inteligencia, ha sido determinante en la implementación de ataques con drones y en acciones armadas tanto contra estructuras rivales como contra la Fuerza Pública. Alias ‘Caballo de Guerra’ tiene un historial criminal que incluye su paso como cabecilla de comisión y tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en zonas rurales de El Carmen, Convención y el sur del Cesar, y figura en investigaciones formales de la Fiscalía por delitos asociados al terrorismo.El tercer actor en esta confrontación es alias ‘Chuky’, cabecilla principal de la compañía Caribe del ELN. Esta estructura también cuenta con capacidad de ataque mediante drones, aunque su radio de acción se concentra especialmente en el occidente de Norte de Santander, en municipios como Ocaña y Ábrego. Allí, la compañía Caribe mantiene enfrentamientos no solo con las disidencias de las Farc, sino también con estructuras del Clan del Golfo, en una disputa múltiple por el control territorial y las rutas estratégicas.Alias ‘Chuky’ tiene una trayectoria marcada por emboscadas, atentados contra estaciones de Policía, asesinatos de uniformados, instalación de campos minados y hostigamientos armados en zonas rurales del Catatumbo y del Cesar. Antes de llegar a la jefatura de la compañía Caribe, fue seguridad de mandos del Frente de Guerra Nororiental y segundo cabecilla de esa misma estructura, consolidando un perfil violento y de alto impacto operacional.De acuerdo con la información de inteligencia, el frente Juan Fernando Porras Martínez, la compañía Caribe y el frente Camilo Torres Restrepo conforman hoy el núcleo de las estructuras del ELN en el Catatumbo con mayor capacidad ofensiva, particularmente en el uso de drones armados.Estas tres organizaciones serían las responsables de la mayoría de acciones recientes contra la fuerza pública, la población civil y de la confrontación directa con el frente 33 de las disidencias de las Farc, una guerra que sigue profundizando la crisis humanitaria en la región y mantiene a por lo menos 500 de familias atrapadas en medio del fuego cruzado y deja más de 250 desplazados.
En medio del anuncio del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil sobre un eventual control a los precios de los tiquetes aéreos, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que imponer techos tarifarios podría ir en contravía de los beneficios que hoy reciben los usuarios en Colombia.Así lo explicó en Mañanas Blu 10:30 Paula Bernal, country manager de la IATA en Colombia, al señalar que el transporte aéreo es un mercado que, tanto en el país como en el mundo, ha demostrado que la libertad tarifaria y la competencia son los mecanismos más eficientes para mantener precios razonables.Cómo se definen los precios de los tiquetes aéreos en ColombiaBernal recordó que Colombia ya tuvo un esquema de control de precios. “Hasta el año 2012 existía un piso y un techo tarifario. A partir de la liberalización de las tarifas, lo que ha pasado es que año a año las tarifas han bajado más de 3 %, tanto en el mercado doméstico como en el internacional”, explicó. Según la IATA, esa tendencia se ha mantenido pese a que otros costos del sector no han disminuido en la misma proporción.La directiva aclaró que, hoy en día, no existe un régimen general de techos tarifarios en el país. Lo que sí hay es la facultad de la Aeronáutica Civil para congelar precios en situaciones excepcionales, como cierres de vías terrestres por derrumbes, con el fin de garantizar la conectividad de las regiones que se quedan sin alternativas de transporte. “Esas disposiciones siempre se han acatado”, indicó.Frente a las quejas frecuentes de los usuarios por alzas en temporadas altas como diciembre, Bernal sostuvo que estos comportamientos responden a la lógica de la oferta y la demanda. “Las temporadas altas son planeadas con anticipación, tanto por aerolíneas como por los usuarios. En este mercado, como en otros, el precio lo regula la oferta y la demanda”, afirmó, insistiendo en que la competencia es la que termina presionando los precios a la baja.Desde la IATA también se hizo un llamado a que el debate no se centre únicamente en los precios finales de los tiquetes, sino en los costos estructurales que enfrenta el sector aéreo en Colombia. Bernal puso como ejemplo el esquema tributario: “Este es el único servicio de transporte público que paga un IVA del 19 %, no solo sobre el tiquete, sino también sobre el combustible de aviación”. A su juicio, revisar impuestos, tasas aeronáuticas y costos del combustible permitiría mejorar aún más los precios para los usuarios.La representante del gremio enfatizó que, desde 2012, la liberalización tarifaria ha incentivado la llegada de más aerolíneas al país, aumentando la competencia y ampliando la oferta de rutas. “Esa competencia es lo que hace que al final los usuarios puedan percibir mejores precios”, reiteró.Finalmente, Bernal aseguró que la IATA comparte el objetivo del Gobierno de buscar mejores condiciones para los viajeros, pero insistió en que ese propósito se logra manteniendo la libertad tarifaria y fortaleciendo la competitividad del sector. “Entre más aerolíneas haya y más competitivo sea el mercado, los beneficios se ven en los usuarios”, concluyó.
Las autoridades de Estados Unidos comenzaron a implementar desde este viernes una nueva medida que contempla la toma de fotografías a todos los extranjeros y la recolección de datos biométricos de algunos de ellos al ingresar o salir del país por vía aérea, terrestre o marítima, tras la entrada en vigor de una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).La regulación, anunciada en octubre pasado, autoriza al DHS a recopilar información biométrica, como huellas dactilares y rasgos faciales, de los ciudadanos extranjeros en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y puertos marítimos al momento de su salida del territorio estadounidense.Entre los cambios más relevantes, la norma también habilita el uso de reconocimiento facial en menores de 14 años y en personas mayores de 79, grupos que hasta ahora estaban exentos de este tipo de controles.La disposición aplica a todos los no ciudadanos, incluidos residentes permanentes con ‘green card’, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.De acuerdo con el DHS, la implementación de este sistema busca “abordar preocupaciones de seguridad nacional”. Entre las amenazas señaladas por el Gobierno para justificar la medida se encuentran el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobreestadía de visitantes y la entrega de información incorrecta o incompleta por parte de los viajeros.“El sistema permitirá confirmar de forma más precisa la identidad de los extranjeros que solicitan ingresar a Estados Unidos y verificar su salida del país”, explicó el DHS en el documento oficial.No obstante, la iniciativa ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que expresan preocupación por el manejo de los datos personales, el tiempo de almacenamiento de la información y las posibles consecuencias ante errores o confusiones en el sistema.A estas medidas se suma otra propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump, presentada el pasado 10 de diciembre, que plantea exigir a los turistas de 42 países, entre ellos España, la entrega del historial de sus redes sociales de los últimos cinco años como requisito para ingresar a Estados Unidos.Esta exigencia aplicaría a los viajeros que acceden al país mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), programa que incluye a ciudadanos de países como España, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar, entre otros.
Este viernes fue aprobada una proposición del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, para que sean citados todos los ministros del Gobierno Petro, con el fin de que expongan las explicaciones sobre la declaratoria de la emergencia económica.A la iniciativa se unieron el Partido Conservador y el Centro Democrático e, incluso, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien señaló que gracias a este debate el país podrá conocer la situación fiscal que enfrenta el Gobierno.“Así que sí, bienvenido el debate, bienvenido el debate, porque tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esas decisiones de la Corte, que no solamente consisten en aumentar el gasto y cumplir esas sentencias, sino también en lo que la Corte dijo: no se podía recaudar. Y no recaudar tiene consecuencias, tiene consecuencias sobre las finanzas del Estado. Así que, por supuesto, bienvenido; estaré muy pendiente”, dijo la senadora Isabel Cristina Zuleta.El presidente del Senado, Lidio García, también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Congreso no podría adelantar el debate de control político hasta que el Gobierno envíe el informe sobre la declaratoria y sus medidas.“Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino, sino dar la oportunidad de que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”, afirmó el senador Lidio García.Además, otros congresistas señalaron que el Gobierno no tiene razones para declarar la emergencia económica.“No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no se trata de un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada, advertida profusamente por un buen número de senadores. Decir, presidente, tal como usted lo ha venido reclamando, que el Congreso es una rama del poder público independiente, y también se ha expresado hasta la saciedad que no es notario del Ejecutivo”, añadió el senador Efraín Cepeda.
Una buena noticia llegó para el ecosistema marino en medio del cambio climático. Profesores y estudiantes del Laboratorio de Biología Molecular Marina de la Universidad de Los Andes presentaron Seasprout, una tecnología que promete revolucionar la restauración de ecosistemas marinos. Este avance —actualmente en evaluación de patentabilidad— permite recuperar, en cuestión de meses, estructuras naturales que tardan hasta un siglo en formarse de manera espontánea, como los rodolitos y las praderas submarinas que sirven de refugio y soporte para una enorme diversidad de especies.Los rodolitos, algas coralinas que se calcifican hasta formar piedras vivas, desempeñan un papel clave en la creación de hábitats submarinos, la estabilización del fondo marino y la captura de carbono. Con Seasprout, los investigadores diseñaron rodolitos artificiales: sustratos biomiméticos, porosos y altamente estables que permiten que las algas coralinas y comunidades microbianas beneficiosas se adhieran y vuelvan a crecer. Cada nueva capa de calcificación fija carbono, acelerando la regeneración y fortaleciendo la función ecológica de estas estructuras.Esta innovación forma parte de los desarrollos más destacados de Sierra Valley, el primer laboratorio territorial de sostenibilidad del país, impulsado por AJE y la Alcaldía de Santa Marta. El proyecto busca demostrar cómo la ciencia y la tecnología pueden transformar la biodiversidad en prosperidad compartida, posicionando a Colombia como un referente internacional en transición climática. “Lo más poderoso de esta tecnología es que conecta la ciencia con las comunidades costeras. No solo se restauran ecosistemas, sino que también se crean nuevos oficios, se activan cadenas de valor que antes no existían y se promueve una relación más sostenible con el medio ambiente”, afirmó Uriel Sánchez, CEO de Seasprout.Esta tecnología es una invitación a sumar esfuerzos para que Colombia lidere, desde el Caribe, un modelo de desarrollo que inspire a otras ciudades del mundo: uno en el que la biodiversidad se convierte en motor de prosperidad compartida y las crisis ambientales se transforman en oportunidades para innovar y regenerar.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió una nueva resolución que reglamenta la Ley 2173 de 2021, una norma que busca promover la restauración ecológica del territorio nacional a través de la siembra de árboles y la creación de Áreas de Vida en todos los municipios del país.Estas Áreas de Vida serán zonas definidas por las alcaldías, en coordinación con las autoridades ambientales, para desarrollar programas de plantación, conservación y mantenimiento de especies nativas. Según la resolución, los municipios tendrán un plazo de seis meses para identificar y delimitar estas zonas, las cuales deberán ser reportadas al Ministerio para su registro oficial.La reglamentación también establece que las medianas y grandes empresas deberán participar en jornadas de siembra, elaborar planes de restauración y presentar informes de cumplimiento. Por su parte, las personas naturales que participen recibirán el Certificado “Siembra Vida Buen Ciudadano”, mientras que las empresas obtendrán el “Siembra Vida Empresarial”, ambos gratuitos y válidos por un año.El documento incluye la participación activa de comunidades indígenas, reconociendo su autonomía en la definición de lineamientos ambientales y el manejo sostenible de los bosques.Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer las políticas de restauración ecológica, gestión forestal y lucha contra la deforestación, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
En un esfuerzo por reducir el impacto ambiental y promover un consumo más responsable, la compañía Mabe, junto a Red Verde y Orinoco E-Scrap, lidera una iniciativa nacional que busca incentivar el cambio de electrodomésticos antiguos por equipos más eficientes. La propuesta incluye beneficios tributarios para los hogares de estratos 1, 2 y 3 que entreguen su nevera vieja y adquieran una nueva con mejor rendimiento energético.De esta alianza nació el programa Green Cycle, que no solo promueve el reciclaje responsable, sino que también educa a los consumidores sobre la correcta disposición de los residuos eléctricos y electrónicos (RAEE), una problemática que ha crecido un 82% a nivel global desde 2010, según el Global E-Waste Monitor 2024.Gracias al incentivo tributario, quienes participen en el programa podrán pagar solo el 5% del IVA en la compra de su nueva nevera, siempre que entreguen la antigua en un punto autorizado y que el valor del electrodoméstico no supere los 30 UVT. Este mecanismo busca facilitar la sustitución de equipos ineficientes y garantizar que las unidades recolectadas sean tratadas bajo normas ambientales seguras.En el corazón del proceso se encuentra Orinoco E-Scrap, una planta ubicada en Funza, Cundinamarca, donde se realiza la recolección, desmantelamiento y procesamiento de los electrodomésticos desechados. Allí opera Fiona, una de las máquinas más avanzadas de América Latina, capaz de procesar hasta una tonelada de residuos por hora, separando metales, plásticos y gases de manera automatizada.En lo corrido de 2025, Mabe y Red Verde han gestionado más de 1.600 toneladas de residuos electrónicos, con la meta de alcanzar 2.000 toneladas al cierre del año y 22.000 para 2030, consolidando un modelo de economía circular que combina innovación tecnológica, responsabilidad empresarial y compromiso ciudadano.Durante el conversatorio “Cómo deshacerte de tu electrodoméstico viejo sin dañar el planeta”, los voceros de Mabe y sus aliados destacaron que la transformación empieza en casa. Cada nevera entregada representa un paso hacia la sostenibilidad y una oportunidad para que más familias colombianas accedan a tecnología eficiente sin sacrificar el medio ambiente.Así, esta iniciativa demuestra que una acción pequeña —como reemplazar una nevera— puede generar un impacto colectivo en favor del planeta.Escuche aquí de qué se trata:
Bajo la premisa de lograr un Tumaco limpio, justo y lleno de vida, niñas, niños y adolescentes de la Red Nacional de Participación Lideramos el Cambio se unieron para investigar, analizar y proponer soluciones frente a uno de los mayores desafíos ambientales del municipio: la contaminación por residuos plásticos en los cuerpos de agua.Durante varios meses, este grupo juvenil identificó cómo la acumulación de basura en playas, mares y puentes de Tumaco refleja una grave deficiencia en los sistemas de recolección y disposición de residuos, una situación que pone en riesgo su derecho a un ambiente sano y el bienestar de toda la comunidad.Según los participantes, la falta de educación ambiental, la ausencia de infraestructura para depositar adecuadamente la basura y la poca articulación institucional han provocado una “emergencia silenciosa” que afecta directamente los ecosistemas costeros. “Podríamos contar con un espacio más limpio, pero con la ayuda de nuestra comunidad y de las autoridades, para así mantener un ecosistema y preservar la riqueza biocultural de nuestro territorio”, expresó Milagros, una participante de 13 años.Con el objetivo de generar conciencia y movilizar acciones concretas, los jóvenes lanzarán este jueves 16 de octubre la campaña “A cuidar y reciclar porque Tumaco merece brillar”, un proyecto que combina creatividad, liderazgo y educación ambiental. El proyecto, desarrollado junto a un equipo creativo bajo la metodología SHIFT de Save the Children, permitió que 32 niñas, niños y adolescentes construyeran una campaña de incidencia ambiental desde su propia experiencia. En el proceso crearon una canción original, una caja de herramientas digital con identidad visual, afiches, un mural colectivo, videos y contenido para redes sociales, todo con un mismo propósito: inspirar a Tumaco a cuidar el agua y actuar frente al cambio climático.
Santa Marta se prepara para dar un salto histórico hacia la sostenibilidad con el lanzamiento de Sierra Valley, una innovadora iniciativa liderada por AJE que busca convertir a la ciudad en la Capital Verde del Caribe. Este proyecto, pionero en Colombia, busca transformar los desafíos ambientales y sociales en motores de inclusión, innovación y competitividad, proyectando un impacto nacional e internacional.Sierra Valley se alinea con los instrumentos de política de la ciudad, como la Política de Emprendimiento e Innovación 2024-2035 y la Ruta 500+, que buscan impulsar el desarrollo económico sostenible. La iniciativa busca articular a diferentes actores para potenciar la riqueza natural y cultural de la región, promoviendo una economía regenerativa y del conocimiento.La iniciativa cuenta con seis motores de transformación:Territorio, Cultura y Comunidades: enfocado en el desarrollo comunitario y la preservación cultural.Soluciones basadas en la Naturaleza: busca implementar soluciones naturales para problemas ambientales.Innovación para la Sostenibilidad: impulsa la innovación y el desarrollo sostenible.Finanzas e inversión para la transición: gestiona recursos financieros para proyectos sostenibles.Riesgos y oportunidades climáticas: identifica y aborda los riesgos climáticos y busca oportunidades de desarrollo sostenible.Educación y formación para la transición: capacita a las comunidades para la transición hacia la sostenibilidad.Entre las apuestas innovadoras de Sierra Valley se encuentra Seasprout, una tecnología colombiana que acelera la regeneración de ecosistemas marinos, restaurando corales y praderas submarinas en meses, con beneficios en biodiversidad y captura de carbono.Con este proyecto, Santa Marta se proyecta como un escenario de referencia internacional en sostenibilidad y desarrollo, donde las crisis se convierten en oportunidades y la biodiversidad se transforma en prosperidad compartida. La ciudad busca inspirar a otras urbes del mundo a adoptar modelos de transición climática y desarrollo sostenible.
Consciente de los grandes desafíos que enfrenta la biodiversidad, la Fundación Santo Domingo asumirá en Colombia la implementación de la Iniciativa Impacto Jaguar, un esfuerzo regional impulsado por el brazo de innovación y capital emprendedor del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), que busca transformar la manera en que se financia la conservación del capital natural.La iniciativa propone un Sistema Colaborativo de Financiamiento Basado en Resultados (FBR), que tomará al jaguar como especie emblemática para movilizar actores y canalizar recursos públicos, privados e internacionales hacia metas verificables de restauración, conservación y desarrollo socioambiental.A diferencia de los modelos tradicionales, en los que los recursos se asignan por actividades ejecutadas, esta plataforma innovadora vincula el desembolso de fondos al cumplimiento de resultados previamente definidos, promoviendo así mayor eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la inversión. Con una inversión inicial estimada en USD 3,5 millones, el sistema impulsará proyectos que integren ciencia, innovación y gobernanza colaborativa para proteger los hábitats críticos del jaguar y de las 85 especies que dependen de su equilibrio ecológico.“Con la Iniciativa Impacto Jaguar queremos demostrar que es posible unir conservación y desarrollo social bajo un mismo modelo de resultados. Este proyecto no solo busca proteger hábitats estratégicos, sino también generar oportunidades para las comunidades que los habitan, integrando ciencia, innovación y financiamiento sostenible”, afirmó Daniel González, Director de Inversión Social de la Fundación Santo Domingo.El jaguar, felino icónico de América y guardián de los ecosistemas tropicales, ha perdido el 39 % de su hábitat en Colombia, según la UICN. Esta pérdida no solo amenaza su supervivencia, sino que compromete regiones vitales para el planeta como la Amazonía, el Chocó biogeográfico y la Orinoquía, de donde proviene hasta el 70 % del agua del país y se almacenan más de 8.000 millones de toneladas de carbono.Colombia, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, se ha comprometido a conservar de manera efectiva al menos el 30 % de sus áreas terrestres y marinas para 2030. Este objetivo requiere fortalecer los esquemas de conservación, restauración y uso sostenible, así como movilizar recursos mediante mecanismos innovadores como pagos por resultados o bonos de biodiversidad.
Durante el segundo trimestre de 2025, las alertas de deforestación en la Amazonía colombiana disminuyeron un 16 % respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Boletín Trimestral de Detección Temprana de Deforestación publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).Entre abril y junio se estimó una pérdida de 1.198 hectáreas de bosque, frente a las 1.419 registradas en 2024, siendo la segunda cifra más baja de los últimos cinco años.El informe detalla que las mayores reducciones se concentraron en los departamentos de Meta, con 345 hectáreas menos, y Caquetá, con una disminución de 213. Sin embargo, en Guaviare y Putumayo las alertas aumentaron en 167 y 140 hectáreas, respectivamente. A nivel nacional, solo se identificó un núcleo de alerta temprana, la cifra más baja estimada en el mismo periodo desde 2020.Los municipios más afectados fueron Vistahermosa (Meta), Valle del Guamuez (Putumayo), El Retorno y Calamar (Guaviare). Las principales causas de pérdida de bosque identificadas fueron la praderización con fines de acaparamiento de tierras, la expansión agrícola industrial y la construcción de infraestructura de transporte no planificada.
La representante a la Cámara, Carolina Giraldo, junto a un grupo de veedores ambientales, está liderando una denuncia sobre un proyecto urbanístico en Dosquebradas, Risaralda, conocido como Bonaire.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, manifestó su preocupación por lo que está pasando en Dosquebradas. Y es que la controversia se centra en la presunta violación de normas de conservación y uso de suelo, ya que la construcción se está llevando a cabo en una de las pocas zonas verdes que quedan allí.La representante subrayó la necesidad de "repensar” cómo se están llevando a cabo las construcciones en las ciudades y municipios, porque muchas veces están quedando, según dijo, “puntos grises en medio de un paisaje hermoso del paisaje cultural cafetero”.La lucha ambiental y el déficit de espacio públicoLa zona afectada es una "zona verde, propiedad del municipio muy importante". Esta área se encuentra en el barrio Campestre D y es crucial, considerando que "Dosquebradas tiene 1.45 metros cuadrados por habitante”, espacio público, es decir, hace falta “muchísimo espacio público".Señaló que, además de ser un bien municipal, la zona cuenta con un guadual y está situada "al lado de una quebrada". Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), esta área está definida como "zona de protección del recurso hídrico".A pesar de la presunta vocación ambiental del terreno, el proyecto implica la construcción de unos edificios, los segundos más altos de Dosquebradas, de hasta 16 pisos, de acuerdo con Giraldo.Este desarrollo está causando un impacto ecológico inmediato. Giraldo explicó que la fauna está siendo desplazada y los animales allí están “saliendo”, como serpientes, zarigüeyas, iguanas y otras especies que, añadió, están "desplazadas y desorientadas”.Aunque no han comenzado los edificios, la constructora está "moviendo tierra" y tumbando tanto "los árboles que había sembrado la comunidad" como "buena parte del guadual". Giraldo teme que hayan tumbado "más allá de lo que les habían dado permiso".La principal "suspicacia" radica en la forma en que se han gestionado los permisos en relación con el Plan de Ordenamiento Territorial. Giraldo sostuvo que el POT actual, aprobado en 2024, define claramente esta zona como "una zona de protección ambiental del recurso hídrico".Inicialmente, el concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CDER) fue negativo, según aseveró la representante.“Los primeros permisos que otorgó la CDER no los otorgó, es decir, el concepto técnico de la CDER salió en contra, o sea, les dijeron: 'Ahí no se puede constituir'". Sin embargo, la situación cambió.Según la representante, esto se debe a que las autoridades optaron por remitirse a la normativa antigua. El POT anterior, de la primera generación del año 2000, "no tenían las consideraciones ambientales" adecuadas.Escuche la entrevista completa aquí:
El páramo de Sonsón, en Antioquia, acaba de revelar un secreto natural: la Pleurothallis maitamae, una orquídea inédita para la ciencia que habita en el ecosistema del DRMI Páramo de Vida Maitamá – Sonsón. Su hallazgo la convierte en un símbolo de la biodiversidad que resguarda esta zona del país.La historia comenzó en 2019, cuando un grupo de jóvenes registró fotos de orquídeas silvestres durante una caminata. Aquellas imágenes se transformaron en el punto de partida para confirmar que se trataba de una especie nunca antes descrita, bautizada en honor al Cacique Maitamá, líder indígena del cañón del río Arma.De porte mediano, flores crema con manchas púrpura, pétalos en forma de “S” y un labelo trilobado con lóbulos en forma de cuerno, esta orquídea resalta por rasgos que la diferencian del resto de su familia. Habita entre los 2.600 y 3.300 metros de altitud, justo en la transición entre el bosque altoandino y el subpáramo.“El descubrimiento de esta especie nos llena de orgullo y demuestra que nuestros páramos siguen guardando secretos que solo la ciencia y la participación comunitaria pueden revelar”, afirmó David Echeverri López, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de CornareAunque su presencia está dentro de un área protegida, la distribución de la Pleurothallis maitamae es muy limitada. Por eso, expertos advierten que será clave fortalecer los procesos de monitoreo y conservación, así como proteger el páramo de amenazas como el turismo no regulado, los incendios forestales y las especies invasoras.Este descubrimiento no solo resalta la riqueza biológica de Sonsón, en el Oriente de Antioquia, también confirma que los páramos colombianos siguen guardando tesoros naturales capaces de sorprender al mundo.