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Bogotá sigue enfrentando serios problemas de seguridad vial en la capital, y es que, pese a las distintas maniobras del Distrito, los accidentes continúan siendo una de las principales deudas por atender. En ese contexto, un proyecto que busca implementar un protocolo obligatorio para medir y controlar la fatiga en conductores de transporte intermunicipal terminó en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de que el Concejo de Bogotá negara las objeciones presentadas por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.
La iniciativa, impulsada por el concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, apunta a reducir los riesgos asociados al cansancio extremo, la somnolencia y el microsueño en trayectos que salen desde las terminales de transporte de la ciudad. El objetivo es claro: prevenir accidentes en rutas que, en algunos casos, pueden extenderse hasta por 22 horas continuas.
El proyecto propone armar un protocolo que aplique de manera obligatoria a los conductores que operan rutas intermunicipales desde las terminales Salitre, Norte y Sur. De acuerdo con Torrado, Bogotá concentra el mayor número de destinos del país, con más de 900 rutas activas, lo que hace indispensable un control estricto de las condiciones en las que los conductores inician sus recorridos.
El concejal celebró que la plenaria del Concejo rechazara las objeciones del Distrito y aseguró que se trata de una medida con impacto nacional. “Si logramos que estos protocolos se implementen en Bogotá, vamos a salvar vidas, no solo de bogotanos, sino de quienes viajan desde y hacia la ciudad”, afirmó.
Desde la Administración Distrital, la principal objeción se basó en un tema de competencias. La Secretaría de Movilidad argumentó que la regulación del transporte intermunicipal corresponde al Ministerio de Transporte y no al Concejo de Bogotá, incluyendo lo relacionado con empresas transportadoras y terminales.
Frente a esto, Torrado sostuvo que el proyecto cuenta con respaldo jurídico y recordó que el Concejo tiene facultades para dictar normas de tránsito y transporte dentro de la jurisdicción del Distrito Capital, así como para orientar acciones de control sobre el transporte intermunicipal que opera en la ciudad.
El texto del proyecto contempla una serie de medidas concretas que buscan ir más allá de una recomendación general. Entre los puntos clave se destacan:
Ahora será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el encargado de definir si este proyecto puede convertirse en una herramienta obligatoria para mejorar la seguridad vial en la ciudad y en las rutas que conectan a Bogotá con el resto del país.
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