Ley indemnizaría a conductores afectados por huecos en las calles de este país hasta con 40 millones
El proyecto cubriría los daños por huecos, alcantarillas abiertas, fallas de señalización, etc.
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Al conducir cualquier vehículo, independientemente de si es un carro, moto, SUV, camión, uno de los mayores problemas con los que se encuentran al volante son los huecos y baches en las calles, que no solo pueden dañar el auto, sino ser los causantes de accidentes de tránsito.
En ese sentido, es diferente coger un hueco en un carro a hacerlo en una moto, pues esta última tiene muchos más riesgos de terminar en un accidente que si lo hace un vehículo de cuatro ruedas.
Una nueva propuesta legislativa en Panamá busca establecer una compensación económica para conductores y peatones que sufran daños por el mal estado de las vías públicas. El proyecto, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, contempla indemnizaciones de hasta 10.000 dólares (unos 40 millones de pesos colombianos) para quienes resulten perjudicados por huecos, grietas, alcantarillas sin tapa y otras fallas de infraestructura vial.
La iniciativa, impulsada por el diputado José Pérez Barboni, del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), tiene como objetivo atribuir responsabilidad civil al Estado o a empresas prestadoras de servicios públicos en los casos en los que la falta de mantenimiento o fallos de infraestructura generen lesiones, daños materiales o pérdidas.
De acuerdo con el texto del proyecto legislativo, el monto máximo de indemnización cubriría afectaciones relacionadas con:
Sin embargo, el proyecto exonera de responsabilidad al Estado en casos de fuerza mayor, como desastres naturales o eventos extraordinarios.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) sería la entidad encargada de gestionar los casos de indemnización y efectuar el pago correspondiente en un plazo máximo de 18 meses. Para acceder al beneficio, los afectados deberán presentar documentación que respalde la relación entre el daño sufrido y el mal estado de la vía.
Además, según explicó el diputado Barboni, una posible reglamentación de la ley exigiría que los daños sean evaluados por al menos tres talleres autorizados, con el fin de evitar sobrecostos y garantizar la objetividad del proceso.
En ciudades como Bogotá, que para nadie es un secreto hay muchos huecos en las calles, según la normativa vigente, la responsabilidad por estos perjuicios recae en entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial, dependiendo de la jurisdicción.
La Constitución de Colombia, en su artículo 90, establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños causados por la acción u omisión de sus entidades. Sin embargo, los procesos de reclamación pueden tardar hasta cinco o seis años, a lo que se suman otros dos o tres años en promedio para recibir una posible indemnización.
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Los ciudadanos deben recopilar pruebas del daño, como fotos, videos o testimonios, y pueden iniciar una conciliación previa ante la Procuraduría General, antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.