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Bélgica concedió asilo político al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó el abogado del exmandatario, Christophe Marchand.
En una resolución fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirma que otorga a Correa el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde 2017 porque de él procede su esposa, Ann Malherbede.
Marchand explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que le relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado "caso Balda".
Bélgica les requirió demostrar que existía una persecución política en Ecuador contra Correa, para lo que aportaron "documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas" y "destinados a impedir su carera política", dijo el abogado belga.
Marchand se declaró "feliz" con la resolución de este caso, ya que, aseguró, tras 25 años en la profesión sabe "lo difícil que es que Bélgica conceda asilo político".
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica y sobre él pesa en Ecuador una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso "Sobornos 2012-2016".
Este viernes, el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, anunció que firmó una providencia con la que solicita formalmente la extradición Correa, condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho.
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El juez, que dijo haber firmado el documento en la víspera, lo reveló en una entrevista con el canal de televisión local Teleamazonas, el mismo día que se conoció que Bélgica otorgó asilo político con estatus de refugiado a Correa, quien niega las acusaciones y aduce ser objeto de una persecución política.
Correa fue condenado por cohecho e inhabilitación política de 25 años en el caso "Sobornos 2012-2016", una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a diversas empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht.
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