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Colombia muestra "preocupación" ante el cierre de la Universidad Centroamericana en Nicaragua

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó en un comunicado "su preocupación con la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, que se concretó con un oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua del 15 de agosto del año en curso".

Universidad Centroamericana en Nicaragua.jpg
Universidad Centroamericana en Nicaragua
Foto: AFP

La Cancillería colombiana manifestó este sábado "su preocupación" por la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, y condenó "con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión" en ese país.

El Gobierno que preside Daniel Ortega oficializó este viernes el cierre de la jesuita Universidad Centroamericana, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país centroamericano y fundado en 1960.

Al respecto, el Ministerio deRelaciones Exteriores de Colombia manifestó en un comunicado "su preocupación con la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, que se concretó con un oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua del 15 de agosto del año en curso".

"Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA que, bajo la administración de la Compañía de Jesús, es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua", agregó la Cancillería.

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POLÉMICO CIERRE


La UCA, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua, ha tenido que traspasar por orden de la Justicia sus activos muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, después de haber sido acusada de delitos de terrorismo.

Según las autoridades, este centro de estudios se encontraba en "incumplimiento de sus obligaciones conforme la Ley", al no reportar sus estados financieros del período fiscal 2020, 2021 y 2022, y tener su junta directiva "vencida" desde el 18 de marzo de 2022.

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También acusó a la entidad de funcionar "como un centro de terrorismo, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas en el país".

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