El veredicto fue emitido por un jurado del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama, dentro del proceso judicial adelantado contra el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización, International Rights Advocates.
De acuerdo con la decisión judicial, el jurado determinó que el abogado Collingsworth incurrió en difamación, al formular señalamientos falsos contra Drummond, y que además violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado mediante conductas como extorsión, soborno y manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración.
En las demandas presentadas, el jurado otorgó a Drummond 52 millones de dólares por la acción de difamación y 68 millones de dólares adicionales por la demanda bajo la Ley RICO. Conforme a esta normativa, la indemnización por RICO se triplica automáticamente, lo que elevó el monto final a 256 millones de dólares.
El fallo da cuenta de que los acusados enviaron cartas con información falsa y difamatoria a terceros, diseñadas para afectar la reputación de la compañía y perjudicar sus negocios. El jurado de esa Corte probó que Collingsworth incurrió en soborno y manipulación de testigos, a través de pagos no revelados que superaron los 400.000 dólares a personas como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, conocido como alias ‘El Viejo Miguel’, entre otros.
Además, fueron declarados responsables como conspiradores aliados el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, quienes también fueron hallados culpables por violaciones a la Ley RICO.
Este pleito comenzó con las declaraciones de Jairo de Jesús Charris en la JEP, quien señaló a los directivos de Drummond de tener relación con homicidios perpetrados por las AUC.
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