Corte en EE.UU falló a favor de Drummond sobre supuestas acusaciones por paramilitarismo
La empresa minera Drummond ganó un pulso judicial en EE.UU. La indemnización total es de 256 millones de dólares, una Corte de ese país falló a su favor y concluyó que fueron falsas y difamatorias las acusaciones.
Corte en EE.UU falló a favor de Drummond sobre supuestas acusaciones por paramilitarismo
El veredicto fue emitido por un jurado del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama, dentro del proceso judicial adelantado contra el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización, International Rights Advocates.
De acuerdo con la decisión judicial, el jurado determinó que el abogado Collingsworth incurrió en difamación, al formular señalamientos falsos contra Drummond, y que además violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado mediante conductas como extorsión, soborno y manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración.
En las demandas presentadas, el jurado otorgó a Drummond 52 millones de dólares por la acción de difamación y 68 millones de dólares adicionales por la demanda bajo la Ley RICO. Conforme a esta normativa, la indemnización por RICO se triplica automáticamente, lo que elevó el monto final a 256 millones de dólares.
Bandera de Estados Unidos
Foto: AFP
El fallo da cuenta de que los acusados enviaron cartas con información falsa y difamatoria a terceros, diseñadas para afectar la reputación de la compañía y perjudicar sus negocios. El jurado de esa Corte probó que Collingsworth incurrió en soborno y manipulación de testigos, a través de pagos no revelados que superaron los 400.000 dólares a personas como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, conocido como alias ‘El Viejo Miguel’, entre otros.
Además, fueron declarados responsables como conspiradores aliados el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, quienes también fueron hallados culpables por violaciones a la Ley RICO.
Este pleito comenzó con las declaraciones de Jairo de Jesús Charris en la JEP, quien señaló a los directivos de Drummond de tener relación con homicidios perpetrados por las AUC.