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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que ha recibido la petición hecha por Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
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La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, recordó en un comunicado que la solicitud "no conduce automáticamente a la apertura de una investigación" y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre el país caribeño en febrero de este año.
En el documento enviado a La Haya se pide que se investiguen los supuestos crímenes "con vistas a determinar si una o más personas deberían ser acusadas", apuntó Bensouda.
El examen preliminar abierto a Venezuela en febrero ponía el foco en supuestos crímenes cometidos "al menos desde abril de 2017", en el contexto de las manifestaciones de la oposición cuando el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Dicho examen "continuará siguiendo su curso normal, guiado estrictamente por los requerimientos del Estatuto de Roma", carta fundacional de la CPI.
Es decir, la Fiscalía aún debe determinar si se cumplen las condiciones suficientes para abrir una investigación plena, como la complementariedad del caso (comprobar si la justicia venezolana ha investigado de forma genuina los hechos denunciados), su gravedad o si los delitos entran dentro de su jurisdicción.
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"Estos factores se aplican a todas las situaciones", aclaró Bensouda, "independientemente de si el examen preliminar se inició sobre la base del artículo 15 del Estatuto (por iniciativa de la Fiscalía) o mediante una remisión de un Estado Parte o un grupo de Estados Parte".
Desde el punto de vista judicial, lo único que cambia la denuncia de los seis países americanos es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos, podría hacerlo sin pedirle autorización a los jueces de una Sala de Cuestiones Preliminares.
El examen preliminar no cuenta con plazos determinados, es decir, la Fiscalía no tiene la obligación de establecerse una fecha límite para decidir si comienza una investigación formal o si, por el contrario, la desecha porque no se cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma.
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Se trata de la primera vez en los 16 años de historia de la CPI que un grupo de Estados Parte remiten la situación de un tercer país a la Fiscalía.
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