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La poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida este miércoles apenas un juez dictó una orden de prisión preventiva en su contra por 36 meses, acusada de recibir aportes ilegales de campaña de la brasileña Odebrecht.
Lea también: Fujimori critica arresto de Keiko y pide a sus hijos que estén "unidos".
El juez Richard Concepción Carhuancho dictó orden de detención inmediata contra Keiko, de 43 años, quien abrazó en el tribunal a su marido, Mark Vito Villanella, a quien le corrían las lágrimas, antes de irse detenida conducida por varios agentes de policía, observaron periodistas de la AFP.
Por el delito imputado de lavado de activos agravado, la hija del expresidente Alberto Fujimori se enfrenta a una eventual condena de al menos diez años de prisión.
Tras leer su resolución durante más de siete horas, el magistrado Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional de Perú, justificó la necesidad de que Keiko Fujimori ingrese en prisión preventiva por el peligro de perturbación de pruebas y testigos.
El juez citó en su resolución las declaraciones de testigos que afirman que Keiko Fujimori mantuvo reuniones con el exjuez César Hinostroza, actualmente en prisión provisional en España, para que este le favoreciera en los procesos judiciales que afronta.
Hinostroza, acusado de liderar una gran trama de corrupción en la judicatura, presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú y en ella debía resolver dos recursos presentados por Fujimori para archivar la investigación que le sigue el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez.
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El magistrado también decretó que existe un riesgo de fuga "alto e intenso" a pesar de que Fujimori cuenta con arraigo domiciliario y ocupacional, aunque no profesional, pues puso en duda que presidir el partido Fuerza Popular genere un vínculo laboral.
Asimismo, consideró que entre el dinero lavado por Fuerza 2011 hay un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht que procedía del departamento de esta empresa que pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica a cambio de que le adjudicaran millonarias obras públicas.
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, apeló inmediatamente la resolución del juez, que incluyó en ella los 36 meses de prisión preventiva que había solicitado el fiscal Pérez, que es el máximo plazo posible.
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La resolución fue emitida cuando todavía está pendiente de resolver en una sala superior una recusación presentada por la abogada de Fujimori contra el juez por no considerarlo imparcial, al haber ordenado hace tres semanas una detención preliminar por diez días contra su defendida y otros investigados.
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