En el capítulo sobre Colombia y en un aparte sobre 'corrupción en el Gobierno', el informe indica: “La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Gustavo Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro”.
En el documento, el departamento de Estado resaltó que hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año.
“Los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de Gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes”, destacó la publicación.
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/colombia/
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Además, el reporte agregó: “Se establecieron sanciones penales por corrupción de funcionarios y, en general, el Gobierno implementó estas leyes de manera efectiva, aunque en ocasiones los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas sin castigo”.
El informe del Gobierno de Estados Unidos también hace referencia a la manera en que ingresos procedentes de la delincuencia organizada, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción.
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“Se informó ampliamente que las elecciones nacionales y regionales fueron justas y libres de abusos e irregularidades. Bandas criminales, disidentes de las Farc y el ELN amenazaron y mataron a funcionarios del gobierno. El ELN, por ejemplo, amenazó con atacar a algunos candidatos políticos locales que no apoyaran al ELN”, dice el informe que es elaborado desde 1977 por el departamento de Estado, sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.
En cuanto a Latinoamérica, Estados Unidos afirma que más de 1.000 presos políticos están detenidos de forma arbitraria y sometidos a malos tratos en Cuba, mientras que sus familiares son blanco de amenazas.
Se documenta también que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, cerró durante el año pasado más de 300 organizaciones de la sociedad civil, despojó a 300 personas de su ciudadanía y mantiene en la cárcel a más de 100 presos políticos "en condiciones atroces”.
Advierte el reporte del departamento de Estado estadounidense que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.
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Sitúa entre los principales problemas del país en materia humanitaria a los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+, entre otros aspectos.
La publicación concluye que no ha habido "cambios significativos" en la situación de derechos humanos en México y específica que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con connivencia con las autoridades locales.
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