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El régimen venezolano activó órdenes de "búsqueda y captura" en todo el territorio nacional contra cualquier persona que haya promovido o apoyado la operación militar de Estados Unidos que terminó con la detención de Nicolás Maduro. La medida quedó establecida en el Decreto 5.200, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria, mediante el cual se declara el Estado de Conmoción Exterior en el país.
Según el texto oficial, los cuerpos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la localización y detención de quienes estén vinculados a la promoción o respaldo del ataque armado estadounidense, con el objetivo de ponerlos a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal venezolano.
El decreto señala que la decisión se adopta tras lo que el régimen califica como una “agresión armada” por parte de Estados Unidos, la cual, según el documento, constituye una violación a la soberanía, la integridad territorial y el derecho internacional. Bajo ese argumento, el Ejecutivo ordenó la adopción de medidas extraordinarias de seguridad y defensa en todo el territorio nacional.
El decreto también ordena la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio venezolano, bajo la autoridad directa del presidente de la República y con el apoyo del Consejo de Defensa de la Nación y los distintos ministerios. Asimismo, se dispone la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las principales industrias básicas del Estado, cuyos trabajadores quedarán sometidos temporalmente al régimen militar. A estas medidas se suma el refuerzo del patrullaje y de la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, la implementación de planes especiales de despliegue de seguridad pública, el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios, y la adopción de previsiones presupuestarias y financieras calificadas como prioritarias para la seguridad y defensa nacional.
El decreto también faculta al Ejecutivo para ordenar la adquisición de bienes, cerrar fronteras y exigir la cooperación obligatoria de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en tareas relacionadas con la seguridad y defensa del país. Así mismo, pidieron a todos los venezolanos radicados en el exterior y quienes viven en Venezuela para que defiendan a la Nación y al expresidente Maduro.
“Se exhorta a toda la población, en cada rincón del país y a lo largo de todo el territorio nacional a asumir con firme fervor patriótico la defensa de nuestra Nación, colaborando e involucrándose activamente en la implementación de este Decreto, en unión cívico-militar-policial, por la paz del país, nuestra independencia, nuestra soberanía y el derecho al desarrollo”, dice el decreto.
Aunque el texto asegura que se respetarán garantías como el debido proceso y el derecho a la defensa, organizaciones internacionales y sectores de la oposición han advertido que estas medidas podrían derivar en persecuciones políticas y detenciones arbitrarias, en medio de la creciente presión internacional tras la caída de Nicolás Maduro.
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La declaratoria de Estado de Conmoción Exterior tendrá una duración inicial de 90 días, prorrogables por un período igual, y se suma al aislamiento político y diplomático que enfrenta el régimen venezolano tras la intervención de Estados Unidos.
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