Un viaje de vacaciones terminó en pesadilla para Sonny Lasquite, un inmigrante que reside en Estados Unidos desde 2002 y que cuenta con la residencia permanente.
Al regresar de Bahamas el pasado 28 de julio, fue arrestado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte.
La detención del inmigrante filipino ocurrió durante un control migratorio rutinario, cuando el sistema federal arrojó una alerta vinculada a una condena de hace más de una década.
En 2012, un tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo sentenció por posesión y distribución de fármacos como alprazolam, zolpidem y diazepam. En aquel momento, Lasquite colaboró con las autoridades en el desmantelamiento de una red de narcóticos, lo que le permitió recibir una sentencia mínima: tiempo cumplido y una multa de 200 dólares.
Pese a que desde entonces no ha tenido incidentes con la justicia y se ha descrito como un miembro activo de su comunidad, la ley estadounidense contempla ciertos delitos de drogas como causales de deportación, incluso para residentes permanentes. Esto significa que, aunque el castigo legal se haya cumplido, la consecuencia migratoria sigue vigente.
“Este tipo de situaciones no son nuevas, llevan décadas ocurriendo”, explicó a Newsweek la abogada de inmigración Rosanna Berardi, quien recordó que solo la ciudadanía otorga una protección completa frente a procesos de expulsión.
“El tiempo transcurrido o la buena conducta posterior no eliminan el riesgo de deportación”, enfatizó.
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Actualmente, Lasquite permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención Stewart, en Georgia. Su familia denuncia que su salud se ha deteriorado debido a retrasos en la entrega de medicamentos para la presión arterial y a la falta de atención médica tras presentar fiebre.
El caso también ha impactado a su madre, una mujer mayor cuya salud se resintió tras el arresto de su hijo.
Para enfrentar los gastos legales, amigos y familiares iniciaron una campaña en GoFundMe con la meta de recaudar 30.000 dólares. La iniciativa es liderada por su amiga Vivian Hirano, quien lo describió como “un hijo y amigo generoso que dedicó su vida a trabajar duro y cuidar de su madre”.
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El futuro de Lasquite ahora depende de un proceso migratorio que podría determinar si, después de más de dos décadas en Estados Unidos, será deportado a Filipinas.
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