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La Justicia de Argentina embargó económicamente y prohibió salir del país a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos tras dictar su procesamiento como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.
El juez federal Claudio Bonadio procesó además a, entre otros, a los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y a Romina Mercado, sobrina de la exmandataria quien fue presidenta desde 2015 de la sociedad Los Sauces, y al fallecido ex jefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007).
La acusación apunta a que pudo utilizarse esta empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de Báez y López, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
En una larga resolución, Bonadio acusó a la expresidenta, sobre la que ordenó un embargo por 130 millones de pesos (8,44 millones de dólares), "penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe", el cual concurre "en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito" agravado por ser funcionario público y por "negociaciones incompatibles".
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Asimismo, Máximo -actual diputado nacional- y Florencia Kirchner también fueron embargados con grandes sumas de dinero y acusados por Bonadio de encabezar esa supuesta asociación ilegal.
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La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
A estos empresarios se les considera penalmente responsables del delito de tomar parte de esa asociación ilícita en calidad de organizadores.
No obstante, Baez, principal adjudicatario en la sureña provincia de Santa Cruz, bastión kirchnerista, y cercano a Néstor Kirchner desde que fue gobernador de esa provincia (1991-2003) se encuentra en prisión desde hace un año, investigado en otro expediente, conocido como "Ruta del dinero K (Kirchner) por supuesto lavado de activos.
El pasado 7 de marzo, Fernández acudió a los juzgados federales de Buenos Aires llamada a declarar por Bonadio y tras declinar comparecer, presentó un escrito en el que rechazó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una "maniobra político-judicial" impulsada, según asegura, por el Gobierno de su sucesor, el conservador Mauricio Macri, y que busca presionar a los jueces para que vayan contra ella y su familia.
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El actual Ejecutivo insiste en la separación de poderes y asegura que solo le corresponde a la Justicia decidir el destino de la expresidenta, quien en el escrito ante el magistrado expresó que la imputación de lavado de dinero "no sólo resulta absolutamente falsa", sino que pone "al descubierto el grado de temeridad y malicia con que han procedido la denunciante Stolbizer y el juez Bonadio".
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"Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza", argumentó.
Días antes que Fernández, declararon también López, quien aseguró ser "ajeno a la supuesta organización delictiva", Báez, que dijo desconocer detalles de operaciones entre Los Sauces y sus empresas y Mercado, que aseguró que la empresa "jamás cometió delito alguno".
Por su parte, Máximo y Florencia apoyaron la hipótesis de la persecución contra su familia.
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La exmandataria está imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en otras dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -también dirigida por Bonadio- y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
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