Muere madre de dos menores que perdieron la vida a manos de su papá: "Toda una familia destruida”

La muerte de Patricia Quispe Canaviri, registrada el pasado sábado 27 de diciembre de 2025 en El Alto, Bolivia, volvió a poner en el centro del debate las falencias del sistema de atención a víctimas de violencia extrema en Bolivia.La mujer, sobreviviente de un ataque ocurrido en 2024 en el que fueron asesinados sus dos hijos, falleció tras un prolongado deterioro físico y emocional, luego de varios meses de hospitalización.“Patricia Quispe Canaviri, madre de los 2 niños víctimas de infanticidio en El Alto, falleció por intoxicación tras permanecer varios meses internada en distintos centros de salud. Este desenlace cierra una dolorosa y devastadora cronología que dejó a toda una familia destruida”, dijo en sus redes la organización Familias de Víctimas en Busca de Justicia Bolivia.El caso se remonta a la madrugada del 5 de marzo de 2024, en la zona de Ciudad Satélite, cuando su expareja, César Guillermo Tezanos Pinto, ingresó a la vivienda bajo el argumento de visitar a los niños de dos y cuatro años. En medio de una discusión relacionada con la custodia, el hombre atacó a Patricia con un arma blanca y posteriormente asesinó a los menores en su habitación. El agresor fue capturado horas después y condenado a 30 años de prisión en el penal de Chonchocoro, la pena máxima contemplada por la legislación boliviana, tras la recolección de pruebas audiovisuales y su confesión.Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivos de víctimas han denunciado que Patricia fue sometida a una “segunda victimización” tras el fallo judicial. Según estos señalamientos, la mujer enfrentó presiones legales promovidas desde el entorno del condenado y no contó con un acompañamiento psicológico continuo y especializado. De acuerdo con los reportes médicos y la información conocida hasta el momento, Patricia Quispe falleció como consecuencia de una intoxicación. Las autoridades no han informado de manera oficial sobre la existencia de participación de terceros en su muerte, mientras se mantienen los protocolos de verificación correspondientes.