El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró el pasado martes, 30 de septiembre, que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, tiene "preparado y listo" el decreto de conmoción exterior, un día después de que el mandatario anunciara el comienzo de un proceso de consultas sobre el documento, con el que se declararía este tipo de estado de excepción ante lo que denuncian como "amenazas" de Estados Unidos.
"El presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela", expresó el también jefe negociador de Maduro durante una sesión del Legislativo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El lunes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que el jefe de Estado "suscribió" el decreto, aunque no precisó una fecha.
En diálogo con Mañanas Blu, Zair Mundaray, abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público en Venezuela, analizó las repercusiones de este decreto, destacando que su efecto es principalmente propagandístico y de profundización del terror, sin añadir restricciones jurídicas significativas a las ya existentes violaciones de derechos.
Mundaray subraya la necesidad de separar el deber ser de lo que realmente ocurre en Venezuela. Los estados de excepción, enmarcados en el derecho constitucional comparado, están diseñados para mecanismos que permitan a la administración pública actuar con agilidad frente a coyunturas específicas, como desastres naturales o la amenaza de un ataque externo.
“Esencialmente [consisten] en mecanismos para hacer más ágil a la administración pública o a las institucionalidad para responder a ciertas coyunturas, por ejemplo, un tsunami, un terremoto, en el caso de la conmoción externa, a la posibilidad de amenaza de un ataque externo y, en este caso, le permite la toma de decisiones ágiles al presidente de la República en caso de que en Venezuela hubiese un presidente legítimo, en materia de, por ejemplo, disposición de presupuesto, toma de bienes que se quieran para la defensa del Estado, sin procedimientos engorrosos de expropiación, etcétera, o tomas de decisiones en materia presupuestaria muy ágiles para destinarlo a la defensa,” explicó el abogado Mundaray.
Finalmente, el estado de excepción económico y la Ley Antibloqueo ya han sentado las bases para la opacidad total en el manejo financiero y el movimiento de capitales. Mundaray explicó que Venezuela vive en un estado de emergencia económica continuada, donde casi todos los derechos económicos están suspendidos por decretos previos.
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