A la cárcel mujer que estafó a Dominicos, dueños de Universidad Santo Tomás: robó $39.000 millones
La colombo-española engañó a comunidades religiosas y desvió una millonaria suma de dinero con falsas inversiones, por lo que un juez la declaró culpable del delito de estafa.
Un juez condenó a Ruth del Pilar Almeyda Martí, una mujer colombo-española que durante años se hizo pasar por asesora financiera y terminó engañando a congregaciones religiosas y colegios. Con promesas de portafolios de inversión que nunca existieron, logró quedarse con más de 39.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, Almeyda prometía rendimientos semestrales del 12% al 15% para convencer a sus víctimas.
Entre los afectados están los Dominicos, quienes son propietarios de la Universidad Santo Tomás y del colegio Jordán de Sajonia. Esta congregación le entregó a la mujer cerca de 27.000 millones de pesos en medio de los engaños que fueron relatados por el juez del caso.
Universidad Santo Tomás
Foto: Universidad Santo Tomás
“Para mantener en engaño a las víctimas, Almeyda ofreció charlas y capacitaciones con personal que supuestamente trabajaba en estas entidades financieras. Además, les hacía creer que los pagos que recibían provenían de rentabilidad real, cuando en realidad eran transferencias con su propio patrimonio, respaldadas con documentación falsa”, explicó el juez.
El dinero que entregaban las congregaciones iba a parar a cuentas bancarias a nombre de la propia Almeyda. Desde allí movía los recursos y hacía giros, tanto a sus empresas como a familiares cercanos. Entre 2015 y 2022 se rastrearon casi 200 ingresos de dinero y más de 2.200 retiros que sumaron alrededor de 39.000 millones de pesos.
“Las víctimas creyeron durante años que sus inversiones estaban resguardadas en los bancos, pero en abril de 2022 confirmaron que nunca existió ningún producto a su nombre. Desde entonces, la procesada cortó comunicación con ellos y se presentó la denuncia penal”, agregó el juez.
El juez la absolvió de los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero dejó en firme la responsabilidad penal en el delito de estafa agravada. Por lo mismo, impuso una pena de siete años de cárcel y una multa de 447 salarios mínimos con corte al 2022 (cerca de 447 millones de pesos colombianos), que fue la fecha de la demanda.