Advierten que nueva Ley del Consumidor podría debilitar protección a usuarios

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encendió las alertas frente a algunas partes de la Ley 2439 de 2024, conocida como “Compra informado, compra protegido”, que reformó el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011). Según la superintendente Cielo Rusinque, la nueva norma podría debilitar los mecanismos de protección y control estatal sobre las empresas del comercio electrónico.Para la funcionaria, esta disposición abre la puerta a que los infractores eviten sanciones sin que exista un marco técnico claro sobre los estándares o la acreditación de las entidades certificadoras.“El proyecto no establece estándares mínimos ni exige que las entidades certificadoras tengan acreditación oficial. Cualquier persona podría emitir una certificación y obligar a la SIC a reducir sanciones o cerrar procesos, debilitando el efecto disuasivo de la ley”, advirtió Rusinque.La superintendente también cuestionó que el artículo introduzca la figura de las garantías de cumplimiento como mecanismo para suspender o terminar la acción sancionatoria, sin definir su alcance ni prever consecuencias en caso de incumplimiento.“Aunque se argumenta que estas medidas benefician a los consumidores, en la práctica resultan inconvenientes, pues crean mecanismos que permiten eludir las consecuencias del incumplimiento normativo”, agregó.La Ley 2439 fue expedida el 19 de diciembre de 2024 con el propósito de actualizar el Estatuto del Consumidor frente al auge del comercio electrónico, sector que ha crecido exponencialmente desde la pandemia del COVID-19. La norma busca establecer un marco jurídico especializado para las transacciones digitales, con obligaciones específicas para plataformas, proveedores y vendedores en línea.Pese a sus objetivos, el debate sigue abierto. Mientras los promotores de la iniciativa defienden que la ley impulsa la autorregulación empresarial y agiliza la protección de los usuarios digitales, la Superintendencia insiste en que ciertos artículos podrían debilitar la capacidad sancionatoria del Estado y comprometer la efectividad del control en defensa de los consumidores.