Desarticular las grandes organizaciones criminales, impulsar alternativas reales para promover desarrollo en las comunidades y cuidar el medio ambiente, centran la nueva política de lucha contra las drogas que el Gobierno divulgará en los próximos días.
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, señaló este martes que la nueva "Política de Drogas 2023-2033", fue construida conjuntamente con más de 2.700 líderes sociales y 274 organizaciones nacionales y está orientada hacia "el cuidado de la vida, el medioambiente y la lucha frontal contra el narcotráfico".
"Nos dimos a la tarea de elaborar una política de drogas que cumpliera con los estándares de un diálogo continuo con la comunidad internacional y un diálogo cercano con las comunidades", aseguró el funcionario.
Puntualizó que el Gobierno no quería la construcción de una política desde los escritorios, dándoles la espalda a los problemas concretos de las comunidades, sino "lo contrario, acudir a los territorios".
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"ASFIXIA" Y "OXÍGENO"
Durante unos diálogos con la comunidad sobre la construcción de la política de drogas, realizada en Puerto Asís, capital del departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador, Umaña explicó que la iniciativa se enfoca en dos dimensiones fundamentales de intervención en los territorios.
La primera, conocida como "asfixia", tiene como objetivo reducir la influencia y capacidad de organizaciones criminales que se benefician del mercado ilícito de las drogas y que han perpetuado violaciones de derechos humanos.
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"La meta es desarticular estas organizaciones y crear condiciones de paz y seguridad en las comunidades", dijo Umaña citado en un comunicado de su despacho.
La segunda dimensión, denominada "oxígeno", busca impulsar la transformación territorial a través de la promoción de economías lícitas y alternativas.
"Esta estrategia tiene como propósito brindar opciones de desarrollo a las comunidades, generando un ambiente de convivencia, seguridad y derechos humanos", explicó.
Agregó que la cooperación internacional también fue esencial para la construcción de esta política. El proceso contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la ONU, el Instituto Kroc, Institute for Integrated Transitions, Nuestra Tierra Próspera, la academia, y embajadas como de Suecia y Estados Unidos, entre otros.
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Desde su llegada al Gobierno, hace poco más de un año, el presidente Gustavo Petro, ha reivindicado un cambio en el enfoque de la política de drogas y lucha contra el narcotráfico con una propuesta que busca dejar de perseguir a los pequeños cultivadores y atacar las organizaciones del narcotráfico, aumentando las detenciones y las incautaciones de cocaína.
Además de liderar la producción mundial de cocaína, Colombia es también el país con mayores cultivos de coca, con 234.000 hectáreas en 2021, según el informe del año pasado de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.
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