Un conjunto de audios incautados a integrantes del Clan del Golfo y hallados en memorias USB incautadas durante una operación militar en Chocó, pone al descubierto la estructura operativa, las prioridades administrativas y una modificación táctica en los canales de comunicación de la organización criminal.
Según declaró uno de los capturados a las Fuerzas Militares, la organización comenzó a circular mensajes mediante dispositivos físicos para evitar la intercepción electrónica y dificultar las labores de inteligencia.
El material contiene largas instrucciones de mando dirigidas a un comandante identificado con el alias de ‘Oviedo’ y abarca tres ejes: formación y especialización militar, gestión económica con montos precisos para incentivos y advertencias sobre seguridad y secreto organizacional.
En la transcripción aparecen referencias técnicas relativas a maniobras y dispositivos, y detallan referencias explícitas sobre el empleo de minas, artefactos explosivos y a la necesidad de personal especializado (zapadores) para su manejo.
Los interlocutores hablan de capacitación: proponen cursos y entrenamiento para que grupos pequeños aprendan labores técnicas relacionadas con la colocación y el mantenimiento de esos dispositivos. En el plano de la capacitación, las conversaciones insisten en la creación de cursos para pequeños grupos (de tres a cinco personas) destinados a funciones especializadas.
Además, se ordena la formación de zapadores, la coordinación entre instructores y armeros, y la creación de escuelas mixtas entre frentes para estandarizar el adiestramiento. Además, los interlocutores recomiendan reclutar personal joven y físicamente apto, descartando a quienes presentan problemas de salud o consumo de sustancias, con el argumento de mantener “profesional” la imagen y la efectividad del frente.
El hallazgo en USB, y la confesión del detenido en Chocó sobre el uso de esos dispositivos muestra un cambio deliberado en la práctica comunicacional del grupo: pasar de transmisiones por radio o canales susceptibles a monitoreo, a envíos físicos de archivos. La respuesta del grupo con memorias USB pone de manifiesto una carrera entre técnicas de vigilancia y tácticas de ocultamiento. Al mismo tiempo, convierte a las memorias en pruebas físicas valiosas que pueden ser peritadas para determinar metadatos, autorías y rutas de distribución.
En materia financiera y administrativa, los audios describen un esquema organizado de incentivos. Se mencionan montos concretos asignados a comandantes de zona, segundos de zona, políticos del frente, personal de comunicaciones y quienes ocultan armas (“caleteros”), entre otros. Los interlocutores justifican esos pagos como medidas para garantizar la lealtad, mantener la moral y cubrir necesidades familiares del personal. Esa concreción de cifras, según analistas consultados, facilita el rastreo de flujos financieros y la identificación de beneficiarios por parte de las autoridades.
Las comunicaciones también contienen instrucciones sobre la interacción con la población civil: la inclusión de “políticos” en los cursos para enseñar trato y respeto hacia los civiles, y la advertencia de no vulnerar derechos por parte de los miembros de la organización. Sin embargo, en otro tramo del diálogo se discute el manejo de quienes son considerados “no simpatizantes” o presuntos informantes; aunque se recomienda planear las medidas punitivas con cautela para evitar “desapariciones” que perjudiquen la legitimidad del grupo, las referencias apuntan a la existencia de prácticas represivas que entrañan riesgos para la comunidad.
El material también aborda actividades económicas y logísticas: debates sobre la conveniencia de “cocinas” (operaciones productivas), las dificultades para movilizar mercancías por rutas como Turbo y Necoclí, y referencias a monopolios de transportadores y coyotes que afectan el paso de migrantes y mercancías. Asimismo, se ordena la organización de reservas de armamento y la rotación de personal entre frentes para fines de instrucción y control territorial.
La combinación entre evidencia física (las memorias USB) y la declaración del detenido en Chocó otorga a las autoridades una vía concreta de investigación: los dispositivos pueden someterse a peritajes forenses, cruzarse con registros de detenciones y vincularse a rutas y nombres mencionados en las conversaciones.
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