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La canciller Rosa Villavicencio se pronunció sobre el asilo político concedido por Nicaragua a Carlos Ramón González.
Villavicencio insistió en que el Gobierno colombiano no comparte la decisión, pues los delitos que se le imputan al exfuncionario (cohecho, peculado y lavado de activos) no son de carácter político y afectan a la administración pública.
“El asilo no debe favorecer la impunidad. Estos instrumentos no pueden ser aplicables a procesados por delitos comunes. (…) Hay un tratado de extradición firmado con Nicaragua en 1929 que establece que los Estados se obligan, respecto de las personas procesadas por delitos comunes, a evitar que sus territorios se conviertan en refugio”.
La ministra pidió al régimen de Daniel Ortega aplicar el tratado firmado en 1929 y cooperar en la lucha contra la corrupción.
“Cuando se concede el asilo ya existe una petición de autoridades colombianas, y esto contraviene el propósito del tratado, que es impedir la impunidad. Llamamos a Nicaragua a la cooperación judicial para que aplique el tratado y cumpla con las obligaciones internacionales de cooperar en la lucha contra la corrupción”.
El asilo político a González fue concedido luego de que el propio Gobierno, a través de la Embajada de Colombia en Nicaragua, solicitara al Ministerio de ese país revocar la residencia del exdirector del Dapre, la cual se vencía el 14 de junio de este año.
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