El Gobierno expresó su desacuerdo con la decisión de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González, a quien considera un "perseguido político".
De acuerdo con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, esperan que el Gobierno de Nicaragua reconsiderar la concesión del asilo y proceder con la extradición del ciudadano colombiano, asegura que en el este caso no aplicaría el asilo político, no es un perseguido.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro Montealegre fue enfático al señalar que el asilo solo procede bajo condiciones muy específicas, conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
"El asilo solo se puede conceder de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en general a instrumentos internacionales cuando existen razones políticas, más exactamente cuando se trata de delitos comunes vinculados con delitos políticos o delitos políticos", explicó Montealegre.
Según el gobierno, Carlos Ramón González no está siendo investigado ni procesado por delitos políticos. Por el contrario, los cargos que se le imputan son de naturaleza común, incluyendo delitos contra la administración pública, cohecho y peculado.
"Resulta que en Colombia el señor Ramón González no está investigado ni está siendo procesado por delitos políticos. Los delitos que se le atribuyen a él son delitos contra la administración pública, delito de cohecho, delito de peculado, entre otras conductas punibles y por lo tanto, cuando se trata de conductas punibles, que son delitos comunes que no tienen ninguna vinculación política o que no tienen razones políticas, en esos casos no procede el asilo", afirmó el ministro.
Colombia argumenta que la decisión de Nicaragua no respeta el tratado de extradición vigente entre ambos países, el cual establece claramente las prohibiciones de extradición, como la falta de doble incriminación o un mínimo de pena privativa de la libertad. Montealegre subrayó la convicción del gobierno de que "no se respetó el tratado de extradición vigente con Nicaragua y además que, como se trata de delitos comunes, se solicita al gobierno nicaragüense reconsiderar esa ese concedido".
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La solicitud de extradición fue oficializada por el Ministerio de Justicia hace varios días, una vez que se cumplieron las condiciones legales necesarias, incluyendo una imputación, una medida de aseguramiento con pena privativa de la libertad y una solicitud de la Fiscalía General de la Nación. El ministro enfatizó que su despacho y el Ministerio de Relaciones Exteriores actuaron con diligencia y el apoyo inmediato de la Fiscalía para formalizar la petición.
El ministro reiteró la existencia de plenas garantías procesales para Carlos Ramón González en Colombia: "Ramón González tiene todas las condiciones procesales de garantías propias de un estado social y de derecho y ofrece las garantías exigidas por la Convención Americana de Derechos Humanos en el sentido de que aquí hay un proceso autónomo que Colombia le brinda todas las garantías para un proceso justo, sin dilaciones injustificadas". El Gobierno espera que Nicaragua revoque el asilo, basándose en que el caso no cumple los requisitos para asilo ni bajo el derecho internacional ni el derecho nicaragüense, y que el tratado de extradición debe prevalecer.
Escuche aquí la entrevista:
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