Un informe de inteligencia internacional revela cómo funcionan los nexos entre el Cartel de los Soles, cuyo máximo cabecilla según Estados Unidos es Nicolás Maduro, y otros sectores del régimen que hoy gobierna Venezuela, con el ELN.
Blu Radio tuvo acceso al documento de cuatro páginas, según el cual, dicha alianza criminal ha facilitado “el establecimiento de corredores de narcotráfico, refugios seguros, operaciones militares ilícitas y actividades extractivas” a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en el Catatumbo, es decir, en la zona colindante con Arauca y Norte de Santander, por el lado colombiano.
A este coctel explosivo, según el documento de inteligencia, se suman las conexiones de esa alianza con el régimen de Irán y del grupo extremista Hezbolah, que según dice el documento, “han proporcionado apoyo financiero, logístico y doctrinal, especialmente en el contexto del comercio transnacional de cocaína”.
Según el informe de inteligencia, todo esto se ha facilitado por el colapso de la estructura de gobernanza de Venezuela, “lo que permitió que redes criminales se infiltraran en las estructuras estatales, entre ellas el ELN ha consolidado su presencia en los estados fronterizos venezolanos (Apure, Táchira y Zulia), estableciendo campamentos, rutas de tráfico y centros de entrenamiento”.
Luego señala que “el Cartel de los Soles, identificado inicialmente por su uso del narcotráfico para financiar a las élites militares, ha evolucionado hacia una estructura más compleja que interactúa con grupos armados colombianos. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) actúa como protectora de esta red, garantizando impunidad y eliminando disidencias”.
Agrega que “se ha identificado también una creciente cooperación entre estructuras del ELN y redes internacionales asociadas con Hezbolá, particularmente en el lavado de dinero y la exportación de cocaína hacia África Occidental y Oriente Medio”.
Entre las estructuras militares venezolanas presuntamente involucradas en esta red trasnacional del crimen estarían algunos generales de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana.
Estos vínculos incluirían autorización para el movimiento de armas y explosivos, protección de pasos ilegales y apoyo logístico para el transporte de cocaína.
En el terreno, el impacto se refleja en la intensificación de la violencia en Arauca, donde el ELN mantiene campamentos en Apure y lanza ataques transfronterizos, y en Catatumbo, donde disputa el control territorial con disidencias de las Farc y grupos criminales, ejerciendo control social sobre comunidades y coordinando exportaciones de cocaína con apoyo de redes internacionales.
El informe advierte que la alianza ELN–régimen venezolano constituye un “actor híbrido” que combina insurgencia, crimen organizado y protección estatal, dificultando cualquier avance en procesos de paz y proyectando el conflicto colombiano a escala regional. Además, alerta que la crisis institucional en Venezuela, la debilidad estatal en zonas periféricas y el acceso del ELN a recursos extranjeros incrementarán el riesgo de escalada en 2025.
Como recomendaciones, el documento propone sanciones internacionales contra oficiales implicados, reforzar la inteligencia en la frontera, ampliar la cooperación internacional contra las redes de financiación de Hezbolá e implementar estrategias integrales de control territorial que combinen seguridad, justicia y desarrollo social.
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