El canciller (e), José Miguel Sánchez, informó que el Gobierno de Venezuela no ha dado respuesta a ninguna de las comunicaciones enviadas por Colombia para conocer la situación de 38 ciudadanos detenidos en ese país, señalados de ser mercenarios y de intentar desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro.
El anuncio se conoció en el marco de un debate de control político de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, donde se reiteró la preocupación por la falta de información oficial sobre el estado de salud y el proceso judicial de los colombianos privados de la libertad.
Voces de las familias
El drama humano detrás de estos casos fue expuesto por familiares de los detenidos. Vicky Latorre, esposa de Martín Rincón, capturado en Arauca y trasladado a Venezuela, aseguró: “Para mí esto es un secuestro y para mí el Gobierno de Colombia está siendo cómplice”.
A su vez, Claudia Misse, familiar de David Misse, joven de 30 años también detenido en Venezuela, cuestionó la falta de atención del Ministerio de Relaciones Exteriores: “No hemos sido atendidos por la nueva canciller, Rosa Villavicencio. No tenemos noticias claras de dónde está ni en qué condiciones se encuentra”.
Ambas coincidieron en pedir que el presidente Gustavo Petro asuma directamente la gestión diplomática con Caracas: “Necesitamos que el presidente intervenga de manera inmediata. Nuestros familiares están en riesgo y cada día que pasa empeora la situación”, dijeron.
Un caso sin respuestas
Las organizaciones de derechos humanos advierten que la ausencia de información y de garantías mínimas podría constituir una violación grave al debido proceso y a los derechos fundamentales de los 38 detenidos.
Mientras tanto, el Gobierno colombiano insiste en la urgencia de una respuesta formal de Caracas, pero las familias recalcan que no basta con notas diplomáticas: exigen la intervención personal del presidente Petro para lograr resultados concretos.