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Compra de trenes de aterrizaje viejos tiene bajo la lupa a tres miembros de la FAC

Un general, una mayor y un técnico, fueron vinculados al proceso fiscal por la aparente irregularidad.

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Foto: AFP

Blu Radio conoció que los primeros investigados por las autoridades, por el contrato para adquirir los trenes de aterrizaje que fueron vendidos como nuevos siendo usados a la Fuerza Aérea Colombiana por 1.334 millones de pesos son: el técnico aeronáutico José Fernando Álvarez; la supervisora del contrato la mayor Mileidy Lemus Guevara, y el Director de Procesos Logísticos, el Brigadier General Luis Eduardo Contreras Meléndez.

Según investigadores del caso, el técnico José Álvarez, tenía a su cargo la inspección directa de los elementos aeronáuticos y habría incurrido en varias conductas. En primer lugar, señaló que se requería un mantenimiento cambiando las condiciones del contrato.

En segundo lugar le habría dado viabilidad de uso a un elemento que resultó contrario al que se requería para los aviones y eso, al parecer, trajo consigo una compra inoficiosa.

Vea aquí: Presunto caso de corrupción en Fuerza Aérea por compra de repuestos inservibles

Sobre la mayor Dayana Mileidy Lemus, quien era la supervisora del contrato, dicen los investigadores que “debía ejercer seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato pero al parecer no presentó ningún informe de supervisión, “lo que ocasionó un mal seguimiento.

Finalmente, en cuanto al director de Procesos Logísticos, que según las fuentes sería el general Luis Eduardo Contreras, se le reprocha que, en su calidad de Comandante del Escuadrón de Abastecimiento, mediante un correo del 26 de noviembre de 2015, “dio el aval para que se utilizará la garantía técnica para un mantenimiento cuando lo pertinente era hacer el requerimiento para el cambio de elementos).

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Hay que decir que estos nombres y cargos también aparecen en las pesquisas que lleva la fiscalía y la procuraduría pues, según los denunciantes que fue la propia Fuerza Aérea Colombiana, las irregularidades del contrato podrían acarrear responsabilidades penales y disciplinarias.

 

 

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