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El director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, interpuso la demanda porque supuestamente el congresista tuvo a dos miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo sin cumplir con sus labores.
Se trata de Juan David Giraldo Saldarriaga quien estuvo dos veces en el exterior sin realizar labores propias y del activista político en Pereira, Álvaro Moreno.
A este lo relacionan como un funcionario que cumple gestión permanente en la sede política.
Al conocerse la decisión, Bustos celebró la determinación al indicar que Soto "puso a militar a varios de sus asesores en campañas y porque prodigó viajes y pagos de estudios universitarios al hijo de su compañera permanente".
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En este proceso la Procuraduría había pedido mantener la investidura al considerar que los argumentos de la demanda, no tenían probado que el senador supiera de los viajes sin permiso que realizó Juan David Giraldo, entonces miembro de su UTL, a Canadá y Panamá; tampoco hay pruebas de la supuesta actividad de proselitismo que hiciera el otro integrante de la UTL, Álvaro Moreno.
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"Autorizó que su firma fuera digitalizada por razones operativas pero no es posible predicar que estaba consciente de los viajes del señor Saldarriaga. Ninguna prueba lleva a la certeza que éste tenía conocimiento de las ausencias", señaló la procuradora delegada.
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