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La decisión respondió a una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que alegó que la medida vulneraba principios como la selección objetiva, la libre competencia y la igualdad, al privilegiar a un grupo específico de medios en los procesos de contratación pública.
El magistrado ponente, Alberto Montaña Plata, consideró que la directiva contradecía normas superiores del Estatuto de Contratación, al imponer condiciones que limitaban la autonomía contractual de las entidades.
También advirtió que la norma no justificaba el trato diferencial hacia ciertos medios ni garantizaba, como argumentaba la Presidencia, la pluralidad informativa.
La providencia señala que el acto administrativo desconocía el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, que establece que los recursos en publicidad deben responder a la finalidad propia de cada entidad, sin imponer destinatarios específicos.
En consecuencia, el alto tribunal ordenó suspender los efectos de la directiva presidencial mientras avanza el proceso de nulidad, tras concluir que, de forma preliminar, se acreditaba una vulneración a la legalidad y a los principios constitucionales que rigen la contratación estatal
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