Contraloría alerta graves falencias en cárceles del país: más de $78.000 millones en riesgo

La Contraloría General emitió varias alertas sobre la situación en 127 cárceles del país tras adelantar una auditoría de cumplimiento sobre el estado de cosas inconstitucionales declarado en el sistema carcelario en el país.Tras el proceso de revisión, que incluyó también a entidades como la Uspec, el Inpec y el Ministerio de Justicia, evidenció 119 hallazgos en total, de los cuales 15 son fiscales, por un valor de $78.400 millones.“Los hallazgos fiscales se refieren a mantenimientos de calderas en La Picota, en la PTAP en Puerto Triunfo, estación de bombeo en Guaduas, generación de cupos penitenciarios en Buga, bloque de alojamiento en Ipiales, impermeabilización de cubiertas en Ipiales, portal de ingreso y obras complementarias en La Paz, Itagüí y, por último, ranchos fuera de operación en El Barne y Guaduas”, detalló la entidad.Sobre la infraestructura, la Contraloría señaló que cárceles y proyectos similares anunciados para ciudades como Espinal, Itagüí, Barranquilla, Ipiales y Buga están inconclusos o suspendidos, lo que a su vez ha generado que 4.783 cupos para presos hoy estén inhabilitados por esos retrasos en construcción.En la cárcel de El Barne, en Boyacá, se reportó un hallazgo fiscal por $331 millones por que los equipos destinados al componente de alimentación no se están usando y las condiciones de los ranchos, centros de producción y transporte de alimentos son deficientes, insalubres, inseguras y sin evidencia de mantenimientos periódicos.Otra de las preocupaciones de la Contraloría tiene que ver con el componente de salud. En las cárceles de La Modelo, La Picota y el Buen Pastor en Bogotá, los hallazgos superan los $64 millones por equipos de salud que están fuera de servicio, así como 2.199 procedimientos médicos pendientes por realizar y 4.124 órdenes de medicamentos que no se han entregado o se dan fármacos vencidos.“Algunas unidades de sanidad presentan deterioro físico, humedades, falta de mantenimiento y ausencia de espacios adecuados para atender a personas con patologías que requieren aislamiento, como enfermedades infectocontagiosas”, agregó la Contraloría.La auditoría además se adelantó en Centros de Detención Transitoria, donde deben alojarse personas capturadas en flagrancia o sindicadas; sin embargo, dice el informe que siguen encontrando personas que ya están con condenas incluso hace más de 7 meses.Los casos de hacinamiento más graves, que superan el 500 %, están en centros de Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga, agravando la situación por las pésimas condiciones físicas y de operación de estos espacios, como lo es infraestructura, sanidad, personal, presupuesto y traslados judiciales.Finalmente, la Contraloría cuestionó la falta de acceso a los procesos de justicia, así como planes de reintegración a la sociedad de quiénes están detenidos.“No existen programas de resocialización que cubran la totalidad de las PPL, no se pudo evidenciar indicadores de resultados sobre la eficacia de estos programas implementados al interior de los penales. Del recurso destinado a la administración del sistema carcelario, tan solo el 2% se destina a las acciones de reintegración, así mismo la tasa de reincidencia de los capturados ha superado el 20 %”, puntualizó el informe.