La Contraloría General de la República reveló un nuevo caso de presunto detrimento patrimonial en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En una auditoría realizada a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el organismo de control detectó un hallazgo fiscal por $1.618 millones, correspondiente a pagos indebidos realizados al contrato de interventoría suscrito entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y la firma DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.
Según el informe, los pagos autorizados a la interventoría no guardaron relación con los avances reales de los contratos supervisados, tal como exigía la cláusula del contrato celebrado. Los porcentajes de avance registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) de los proyectos bajo seguimiento presentaban cifras significativamente inferiores al 100 % requerido para justificar el desembolso total.
El análisis evidenció que los avances técnicos de los contratos registraron el 59 %, 93 % y 44 %, respectivamente. Pese a estos niveles, la interventoría recibió el pago completo, lo que derivó en un sobrepago de $1.618 millones.
La Contraloría señaló fallas graves en el seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad responsable de supervisar la ejecución del programa y de garantizar la correcta destinación de los recursos públicos. Para el organismo de control, el aval de pagos desproporcionados frente al avance real de los proyectos refleja deficiencias en los mecanismos de control interno y en la vigilancia sobre el contrato de interventoría.
El detrimento afecta directamente recursos asignados a iniciativas de sustitución voluntaria, proyectos productivos sostenibles y programas de seguridad alimentaria para las familias vinculadas al PNIS. La Contraloría advirtió que este tipo de irregularidades compromete la eficacia del programa y pone en riesgo la inversión destinada a comunidades que dependen de estos proyectos para transitar hacia economías lícitas.