La Contraloría General identificó dos hallazgos fiscales por $14.981 millones, a raíz de irregularidades detectadas en contratos asociados a la prestación del servicio de vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria en el país. Estos contratos estaban bajo la responsabilidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad encargada de adquirir una solución integral para el Servicio de Vigilancia Electrónica (SVE) de Personas Privadas de la Libertad (PPL).
El hallazgo de mayor cuantía, por un monto de $14.652 millones, fue detectado tras una inspección realizada en el Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual (Cervi). Durante esta revisión se solicitó y analizó la documentación correspondiente a la facturación y pagos de todos los meses del año 2022. Como resultado, se encontraron registros de cobro por el servicio diario demonitoreoelectrónico, el cual incluía dispositivos que se encontraban inactivos en realidad, pero que fueron considerados como "efectivamente monitoreados".
Se evidenció que el código fuente responsable de generar los reportes de facturación mensual del servicio no fue debidamente examinado ni verificado, lo cual constituye una falla grave en la supervisión de la ejecución contractual.
Como consecuencia de estas irregularidades, se han realizado cobros y pagos por servicios que no se ajustan a lo establecido contractualmente, lo que representa un posible daño al patrimonio público. Esta situación se configura como un hallazgo con presunta connotación disciplinaria y fiscal.
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Además de estos hallazgos, en el marco de la auditoría realizada se han identificado un total de 34 hallazgos administrativos, de los cuales 7 presentan posibles implicaciones disciplinarias y 2 evidencian daño al patrimonio público. Todos estos hallazgos serán trasladados a las instancias competentes para su respectivo trámite y seguimiento.
Adicionalmente, la opinión de la Contraloría sobre los estados financieros de la Uspec correspondientes al ejercicio 2022 es negativa, en concordancia con lo establecido en la resolución orgánica No. 0012 de 2017.
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A esta situación, el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga, anunció que el ente de control le ha hecho varios requerimientos a la Uspec por cuenta del hacinamiento de las cárceles que ya llegó al 50 % y que podría agravarse con la llegada de los presos que llegarán al país desde Ecuador.
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