Controladores piden reunión urgente con el Gobierno por crisis en Aerocivil y fallas en aeropuertos

Los controladores recuerdan que ya habían alertado al Gobierno, en oficios del 1 y del 16 de septiembre de 2025, sobre el deterioro progresivo de la infraestructura y un manejo inadecuado del recurso humano.Señalan que, pese a que Presidencia remitió sus quejas a los ministerios de Transporte y de Trabajo, no han recibido respuesta y las fallas persisten durante septiembre y octubre.También rechazan lo que describen como acciones represivas y de persecución sindical, y cuestionan que directivos de la Aerocivil prioricen “publicitar normalidad” y tramitar comisiones en lugar de atender los asuntos operacionales.Además de equipos aun sin integración operativa, como los nuevos radares 3D, los controladores reportan degradación en ayudas y sistemas esenciales. También mencionan fallas recurrentes en frecuencias, radares y comunicaciones; inoperancia de soluciones adquiridas (como Datalink y el radar de superficie de El Dorado); y deterioro físico en pistas y calles de rodaje.Según los gremios, este conjunto de fallas compromete la gestión de la seguridad operacional exigida por el Anexo 19 del Convenio de Chicago sobre gestión de la seguridad operacional.Estas afectaciones se presentan en aeropuertos de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, Pasto, Yopal, Riohacha, Santa Marta, Quibdó, Florencia, San José del Guaviare, Mitú, Tumaco, Popayán, San Vicente del Caguán, Flandes, Villavicencio, Armenia, Valledupar, Guaymaral, Puerto Leguízamo, Arauca, Barrancabermeja y Marinilla, entre otras.Los controladores sostienen que la situación configura un “escenario de riesgo inaceptable” y advierten que la “suerte” no puede ser un factor de seguridad aérea, por lo que la negligencia funcional podría acarrear responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales.Por lo anterior, solicitan una audiencia inmediata con el presidente, con presencia de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía; una intervención técnica externa de auditores y expertos independientes para evaluar infraestructura, procedimientos y gestión del talento humano; y la adopción de medidas correctivas urgentes conforme a estándares OACI y a la normativa nacional.Reiteraron que no buscan confrontación, sino preservar la seguridad aérea como deber del Estado, y piden una respuesta del alto Gobierno ante el agravamiento de las fallas reportadas.