Corte Constitucional definirá la demanda contra el acto legislativo para la Paz
El Alto Tribunal resolverá la demanda presentada por el Centro Democrático en dos meses.
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Durante más de siete horas el Gobierno, demandantes del Centro Democrático, representantes de víctimas y analistas defendieron sus posiciones frente a las demandas presentadas en contra del Acto Legislativo para La Paz.
El Gobierno, la Procuraduría y analistas coincidieron en afirmar que la demanda presentada por el Centro Democrático en contra del Acto Legislativo para la Paz debe ser descartada por la Corte Constitucional por falta de fundamento y no cumplir con los requisitos de ley.
Los argumentos se dieron a conocer en el desarrollo de la audiencia Pública citada por el Alto Tribunal; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó la demanda cómo una acción política que no cumple con las normas de una demanda constitucional.
"Me sorprende que en Colombia aún haya gente que pretenda acabar con la guerra con elementos ordinarios establecidos, el gobierno hizo un importante esfuerzo para lograr un consenso nacional después de los resultados del plebiscito y se llevó a cabo en la Habana una renegociación de los acuerdos y la implementación de este acuerdo de paz permite la utilización de un trámite excepcional", señaló.
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El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, señaló que el acto legislativo protege la separación de poderes, y recordó la razón de apoyar el acuerdo.
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"La Paz es el eje fundamental de toda constitución, justificamos las decisiones políticas, esas cifras nos dan el sustento para defender La Paz, 8 millones de víctimas, 60 mil muertos. El alto comisionado de paz sostiene que esa era la única garantía para que las Farc se mantuvieran en las zonas de concentración", señaló.
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, decidió apartarse de la decisión que tomó la administración de Alejandro Ordoñez Maldonado quien pedía “tumbar” el acto legislativo para la paz que fue aprobado por el Congreso de la República. Según Carrillo Flórez el mecanismo legislativo de vía rápida o Fast Track no es inconstitucional.
“Estamos convencidos que se cumplen con los condicionamientos que fija la propia Constitución para que se ponga en marcha la implementación legislativa”, expresó el procurador.
La contraparte estuvo a cargo de la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, quien rechazó las facultades que se le entregan al presidente Juan Manuel Santos; " las facultades que se le dan al Presidente de la República exceden el margen constitucional, va a legislar sin límites. Ahora tampoco es cierto que el nuevo acuerdo recoja todos los planteamientos de quienes votaron por el NO en el acuerdo de paz: en lo relacionado con el punto de justicia; la participación en política de los responsables de crímenes de lesa humanidad; se refleja una sustitución de la Constitución".
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Por su parte, el senador del Centro Democrático, reclamó al Gobierno la información sobre cuánto va a costar la implementación del acuerdo y que cuántas son las armas a entregar por parte de las Farc.
Afirmó que incluso "si un cabecilla hoy dice toda la verdad no tendrá cárcel" y resaltó que el "narcotráfico no es amnistiable".
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Finalmente, Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, aseguró que los argumentos de la demanda carecen de sustento jurídico.
“Esta demanda está suscrita por muchos ciudadanos, pero no reúne los mínimos requisitos técnicos para que esta corte pueda pronunciarse de fondo frente a una demanda contra un acto legislativo. En este caso por ineptitud sustancial de la demanda”, puntualizó.