Cortes, congresos y gobiernos del futuro podrán anular la impunidad: Uribe

El expresidente de la República y ahora senador Álvaro Uribe hizo una nueva arremetida contra el proceso de paz tras la firma final con las Farc y aseguró que confía en que en el futuro se pueda acabar con el acuerdo. Según Uribe, los próximos gobiernos aún tienen la posibilidad de acabar con lo acordado con las Farc. “Las cortes, los congresos y gobiernos del futuro podrán anular la impunidad. Una constituyente tampoco la salvaría (la impunidad) porque seguiría la vigencia de la Corte Penal Internacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos”, manifestó Uribe. Incluso, según el senador, así Colombia se retirara de la CPI o la Convención Americana, “los responsables de delitos atroces correrían el riesgo de cárcel en cualquier país que adopte la creciente doctrina de la jurisdicción universal, que hace inescapable la prisión para las conductas de lesa humanidad”. Finalmente, Uribe aseguró que el Gobierno de Juan Manuel Santos ha utilizado el proceso de paz para negociar el campo con la Farc, tapar la desnutrición infantil en La Guajira y el abandono del Chocó, entre otros problemas sociales del país. Este es el discurso completo de Álvaro Uribe: 297 páginas en una sola pregunta y de afán No al plebiscito es igual a que reorienten los acuerdos! Una señora de San Juan del Cesar me contó que ante la pregunta de su hija secuestrada, embarazada por violación de cabecillas y obligada a abortar, le respondió que sus victimarios no serían llevados a la cárcel, podrían ser alcaldes y concejales y expresaban no tener de qué arrepentirse ni por qué pedir perdón, la joven cerró la conversación con la frase "mamá y me piden que yo perdone". En lugar de obtener la paz el premio al crimen multiplica a los criminales. El Gobierno ha utilizado este proceso para estimular el descrédito de nuestra democracia ante propios y ante la comunidad internacional. La democracia más extensa y menos interrumpida de América Latina, que ha superado todas las imperfecciones sin claudicar ante el terrorismo, queda igual a dictaduras, y el narco terrorismo de la FARC como una legítima insurgencia civil de aquellas que enfrentaron esas dictaduras. Nuestras Fuerzas Armadas, ejemplares en su espíritu democrático, son igualadas al terrorismo, sometidas a su tribunal, condenadas a aceptar delitos no cometidos para evitar la cárcel y engañadas por la mentira oficial que les niega alternativas institucionales de alivio judicial. El Gobierno ha estimulado una campaña contra más de dos millones de agricultores y ganaderos, víctimas del narco terrorismo. Por ejemplo, las palabras del abogado Santiago de la FARC, la ley de tierras, incendiaria de guerras rurales a machete, el patrocinio oficial de invasiones y el texto de La Habana, reducen a los agricultores a la condición de asesinos y desplazadores de campesinos. El Gobierno disimula su indiferencia frente a los anhelos populares con un acuerdo de demagogia agrarista que busca la colectivización del campo y la destrucción del agro productivo. Así empezaron Castro y Chávez, dejaron a sus pueblos sin comida, después destruyeron la industria, la economía toda, ahuyentaron a los empresarios y arruinaron a los trabajadores. Los ciudadanos honestos del campo rechazan la expropiación de sus tierras, reclaman condiciones para hacerlas producir. El Gobierno negocia el campo con la FARC que ha sido su verdugo, sin embargo, disminuye para 2017 los recursos de inversión agropecuaria y en los años anteriores derrochó jugosas cuantías. El Gobierno se obliga a titular las zonas rurales de la FARC, de reserva campesina, pero ignora, por ejemplo, el reclamo de los llaneros por los títulos de las tierras que han trabajado históricamente. El Gobierno niega servir al Castro Chavismo pero le allana el camino, Chávez inicialmente negó el castrismo, la FARC por lo menos confiesa su socialismo Siglo XXI. El Gobierno miente a los civiles con el anuncio de que al tribunal de la FARC irán solamente los determinadores de delitos no obstante que el texto obliga a someterse a todo aquel que hubiera participado, directa o indirectamente, en el supuesto conflicto. El Gobierno acepta el tribunal del terrorismo en lugar de reformar la justicia institucional, con doble instancia, acciones de revisión obligatorias y temporales, garantías de imparcialidad de sus administradores. Este proceso premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces, en un país con más de 100 mil presos por delitos menores que los de FARC; premia al terrorismo con elegibilidad política que no tienen esos presos, ni los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura; premia al terrorismo con la aceptación del lavado de dineros de narco tráfico, delito sin castigo en cabeza de FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo. Nada justifica permitir la elección de Timochenko al Senado o a la Presidencia, o de Joaquin Gómez a la Gobernación de la Guajira. Nuestra democracia les dio todas las oportunidades y prefirieron seguir con el asesinato. Braulio Herrera e Iván Márquez estuvieron en el Congreso, combinaron la política con la violencia, una de las causas del exterminio de la Unión Patriótica, y Márquez regresó a su escondite de Venezuela, desde donde ordenaba secuestros y carros bombas. Con su dinero la FARC podrá remplazar todas las armas que entregue. En la política creará una distorsión para comprar votos, superior a la mermelada corrupta del Gobierno. Un joven de Villanueva, Guajira, se quejó de los aportes económicos a los guerrilleros, le dije que en eso no veía problema y con disgusto y justicia me replicó que esos dineros deberían proceder de la riqueza de la FARC. Este proceso convierte a la FARC en grupo paramilitar, socio del Estado para combatir a otros delincuentes; a manera del pasado cuando asociaron al Estado con narcotraficantes, que como a don Berna convirtieron en paramilitares, con la disculpa de enfrentar a otros narco traficantes, y con daño irreparable a las instituciones. Grave riesgo tener como escoltas a personas acostumbradas a la vida del delito. Este proceso convierte a la FARC en interlocutora para negociar derechos de la mujer, a sabiendas de su autoría sistemática de violación de niñas, que con fusil han obligado a abortar. Este proceso ha estado signado por la cadena de mentiras del Gobierno que pasó de negar la impunidad a justificar que los máximos responsables no vayan a la cárcel; que propuso el referendo y para eludir su umbral y la obligación de una pregunta por cada tema adoptó el plebiscito de una sola pregunta, con umbral reducido al 13%, apoyado por el aparato estatal, los fusiles del terrorismo y la intimidación a los servidores públicos y a los civiles. Mentiras del Gobierno que aceptó que Timochenko pueda ser Presidente de la República después de haber asegurado que no podrían ser congresistas. El discurso oficial ocultó que a las curules aseguradas les suma otras 16 que surgirán de circunscripciones exclusivas de candidatos de FARC o afines. En este proceso los únicos límites materiales del Gobierno, sus única líneas rojas han sido los cálculos de tiempo para protocolizar el premio al crimen, la paz a su manera, que justifique a una administración que acabó la confianza de inversión, menguó la economía, derrochó las bonanzas y ha creado dificultades de sostenibilidad a políticas sociales. El Gobierno tiene afán de aprobar el plebiscito para después imponer otra reforma tributaria, gastar más, contraer más deuda, arriesgar la regla fiscal y la estabilidad de la economía. En este proceso el Gobierno optó por aceptar la mutilación de San Andrés, para no indisponer a Maduro y a Ortega, asociados de FARC. Con la sumisa firma el Gobierno pretende tapar la desnutrición infantil en la Guajira, el abandono del Chocó, su indiferencia ante las angustia comunitarias. En el extranjero dirá todo lo contrario del desgobierno que en Colombia ha impuesto. El Gobierno da todo a la FARC y niega todo a los colombianos honestos, sean transportadores o chocoanos, usuarios de peajes, de SaludCoop o Caprecom, saqueadas por la corrupción de políticos, trabajadores o empresarios, acosados por la inflación y los tributos. Los únicos que parecen tener derecho son quienes logren un beneficio por su apoyo al plebiscito. Las cortes, los congresos y gobiernos del futuro podrán anular la impunidad. Una constituyente tampoco la salvaría porque seguiría la vigencia de la Corte Penal Internacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todavía más, si Colombia se retirara de estos estatutos, los responsables de delitos atroces correrían el riesgo de cárcel en cualquier país que adopte la creciente doctrina de la jurisdicción universal, que hace inescapable la prisión para las conductas de lesa humanidad. Sorprende que dirigentes de la comunidad internacional apoyen la impunidad a la FARC que rechazan para terroristas de sus países. El premio al delito lo multiplica. Delincuentes campeones que no piden perdón, no se arrepienten, se burlan del dolor causado, no son recluidos siquiera en granjas agrícolas, humillan a la sociedad y a las víctimas, crean condiciones para el rencor, no para la reconciliación. Quienes defienden esta impunidad nunca la aceptarían para paramilitares, cuyas masacres no son diferentes a las de FARC, ni sus válidas críticas a la crisis carcelaria los llevaría a pedir libertad para todos los presos colombianos. El castigo justo ayuda a disuadir intenciones criminales presentes y futuras de la comunidad en general y no puede considerarse solamente en función de que sirva o sea inútil para corregir al delincuente castigado. El ELN, bandas criminales y disidentes de FARC, podrán seguir acumulando víctimas en la certeza que serán premiados. El Gobierno ha aceptado utilizar los Convenios de Ginebra de 1949 para elevar a norma constitucional inmodificable todo lo convenido con FARC. Los convenios son para disminuir la crueldad en enfrentamientos, no para asegurar la temática diversa de La Habana. Es injusto y riesgoso para el futuro del país crear semejante intento de rigidez normativa, además con el antecedente de que la FARC siempre violó los convenios con masacres a civiles, ataques a ambulancias, secuestros de aviones comerciales, utilización de personas con collares bomba, etc. Nadie discute la paz, que de acuerdo con la Constitución nadie puede discutir. Muchos colombianos en Resistencia Civil nos opondremos al plebiscito e insistiremos en una paz estable, sin riesgo para las libertades. Con argumentos haremos la austera campaña del No al plebiscito de la FARC y del Gobierno. Con corazón y entrega enfrentaremos las trampas oficiales y la intimidación del grupo armado en debate electoral. Ciudadanos, la agenda nacional no es la agenda del terrorismo, la democracia se defiende con coraje. Álvaro Uribe Vélez Santa Marta, agosto 26 de 2016