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El Banco Agrario es el sexto con más utilidades del país y el público con más activos. Ha sido presidido por Hernando Chica Zuccardi desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro, quien ya había trabajado durante su Alcaldía de Bogotá como vicepresidente de ETB.
Pero el vínculo más antiguo y estrecho de Chica con el círculo de poder del presidente ha sido por el lado Alcocer. Tiene una vieja amistad con Verónica Alcocer. A ambos, nacidos en Sincelejo, los unen puentes entre parientes que han hecho política en el departamento de Sucre. En ese contexto, la primera dama fue la gran promotora de su desembarco en el Banco Agrario en 2022.
El contenido de esta investigación demandaba iniciar necesariamente con este vínculo, pues es la semilla que explicaría los hechos y la documentación que Mañanas Blu 10:30 encontró del Banco Agrario y la familia Alcocer.
Verónica tiene dos hermanos: María Teresa Alcocer y Juan Carlos Alcocer. Ellos son los principales dueños de unas empresas que solicitaron varios créditos al banco y fueron beneficiados con un contrato de arrendamiento de una sucursal bancaria. Al menos, uno de los créditos sabemos que fue desembolsado y los otros están estancados porque funcionarios del banco se han negado a aprobarlos, a pesar de las presiones que habría habido para hacerlo.
Los créditos que no han sido aprobados son porque hay personas que tienen claro que son negocios que suponen un alto riesgo reputacional para el banco. Así lo reflejan documentos que lo concluyen y consigan antecedentes cuestionables en el marco de aprobar créditos que hallaron de María Teresa Alcocer y su esposo Carlos Gutiérrez.
Conocimos un mail del 23 de noviembre del 2022 que Andrés Niño Castrillón, quien en esa fecha era el jefe de alianzas estratégicas de la vicepresidencia de banca agropecuaria, le manda a Jairo Humberto Avellaneda, jefe de estructuración de negocios de la misma vicepresidencia, y a otros funcionarios. El mail describe con detalle un negocio que se estructuraría con empresas de la familia Alcocer financiado con dos créditos.
Niño manda el mail un día después de una reunión que habría tenido con "Luis Eduardo", como él mismo lo cuenta. El "Luis Eduardo" del correo sería Luis Eduardo Olmos, gerente de ventas de banca agropecuaria, quien era su jefe directo.
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El negocio se diseñó con dos créditos: uno de 4,236 millones para PRAGA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. y otro de 3,767 millones para FEMA REFORESTACIONES S.A.S. En esa fecha, según documentos de Cámara y Comercio, los hermanos Alcocer (María Teresa y Juan Carlos) tenían el 89,8 % de las acciones de PRAGA y María Teresa el 25% de las de FEMA y otro 25% su esposo Carlos Gutiérrez.
El esquema consiste en crear una fiducia con activos de dichas empresas que servirían como garante de los créditos. A su vez, FEMA y PRAGA tienen contratos de comodato con CENTUM BUSINESS BUILDING, otra empresa de la familia Alcocer. En el edificio donde queda CENTUM, estas empresas (FEMA y PRAGA) son dueñas de unos pisos que se alquilan. Los contratos de esos alquileres los administra INALCA COLOMBIA S.A.S.
En todo este enroque entre empresas, el Banco Agrario se aseguraría el pago del capital y los intereses porque el flujo de dichos arriendos entraría directamente al banco. En el mail se puede apreciar y entender de manera concreta el esquema que Andrés Niño describe con el cuadro y los pasos de la operación.
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En principio, aprobar estos créditos en sí mismo no representa ningún delito. Hasta ahora, el mayor reparo sería reflexionar si es ético aprobar un apalancamiento inmobiliario para familiares del presidente a través de la banca pública, y si esta no debería ser siempre fiel a su misionalidad de ser un banco de fomento agropecuario y no para negocios inmobiliarios en el norte de Bogotá.
Hasta el día de hoy, confirmamos que estos dos créditos no han sido desembolsados, mientras hay otro que sí fue aprobado y desembolsado para una de estas empresas. Varios funcionarios se han negado a darles la aprobación final por el alto riesgo reputacional que implicaría para el banco.
Tenemos otro mail con un patrón similar al anterior. Solo que se trata de una operación menos compleja. Es un correo del 14 de marzo del 2023 que llega al área de Estructuración de Créditos, y hace parte de los pasos para "darle viabilidad técnica y financiera" a la solicitud de un crédito de 5.000 millones para AFORESTAR SAS, FEMA REFORESTACIONES SAS y Nelson Eduardo Silva. El plazo de pago sería de 72 meses y tendría la participación de Finagro en la financiación.
FEMA, como ya lo explicamos, es de la familia Alcocer, y es dueña del 90 % de AFORESTAR SAS. Es decir, este crédito también tendría como principales beneficiarios a empresas de María Teresa y Juan Carlos Alcocer.
De este crédito no tenemos la certeza de si a la fecha ha sido aprobado o no. Lo que es claro es que se solicitó y que surtió pasos entre varios funcionarios para ser estructurado y analizado.
En el sistema interno del Banco Agrario llamado Cobis, que es donde se registra la relación, las obligaciones y el estado actual de los clientes con la entidad, es posible evidenciar qué tipo de servicios o créditos existen.
La empresa ALIADOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS SAS ZOMAC registra un endeudamiento (crédito) con el banco por 898 millones. Es decir, hablamos de un crédito que fue desembolsado. Y como consta en el acta de Asamblea de Accionistas del 2023 de la empresa, sabemos que el 100 % de las acciones de ALIADOS son de FEMA REFORESTACIONES SAS. Nuevamente, es una empresa de los Alcocer.
A esta altura, es evidente que existe un enroque contractual y accionario entre las mismas empresas y personas que posibilita el fraccionamiento de créditos y servicios financieros con el banco. Sea deliberado o no, es más probable obtener créditos si lo solicitan varias empresas y por menos montos que una por uno demasiado grande.
Tenemos documentos elaborados por una dirección comercial y otros funcionarios del banco que advierten al área de Sarlaft sobre antecedentes de la familia Alcocer y el riesgo reputacional para el banco que puede suponer aprobar el crédito de 8 mil millones para FEMA y PRAGA.
En uno de ellos, el funcionario del banco describe la composición accionaria de las empresas y anota el monto de su capital social. A continuación, explica que ¨procedió a realizar una búsqueda de información de las personas, empresas, accionistas, grupo de relacionados, etc., encontrando una serie de noticias que inquietan tanto desde el punto de vista comercial como desde la ampliación de riesgo reputacional para el banco¨.
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El documento contiene links de noticias y escándalos en los que estuvieron involucrados María Teresa Alcocer y Carlos Gutiérrez:
El funcionario remata su informe dejando clara su postura: "Basado en la información relacionada le solicito a la gerencia de Sarlaft la Matriz de Riesgo Reputacional (...) de parte de esta Dirección Comercial se deja constancia del riesgo reputacional en que puede incurrir el banco, razón más que suficiente para abstenerse de emitir un concepto comercial favorable para la presentación del negocio¨. El documento es contundente: no se debería aprobar el crédito.
Acá se debe hacer dos precisiones importantes. Una, los hechos que el documento relaciona no comprometen ni vinculan a estas personas con delito alguno. Es solo un instrumento interno que tienen los bancos para conocer a fondo al cliente. Dos, este ejercicio de alerta no significa que el crédito no debe ser aprobado. Es un mecanismo de alerta y un concepto que le llega a las áreas de control y análisis de los créditos para ser aprobados.
Publicamos también otros informes internos de funcionarios distintos que van en la misma dirección al detallado anteriormente. Hay otro informe que define el riesgo reputacional del negocio como "alto" para el banco.
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Todo esto adquiere un matiz y un cuidado especial porque estamos hablando de PEPs. Los Peps son Personas Expuestas Políticamente (PEPs), individuos con posiciones influyentes y de riesgo de corrupción. Individuos que ocupan o han ocupado altos cargos públicos (políticos, militares, funcionarios de bancos centrales, familiares cercanos) y, por lo tanto, son más susceptibles a estar involucrados en corrupción.
¿Por qué son importantes? El sistema financiero y otras entidades deben someterlas a un tratamiento especial para prevenir delitos de corrupción y lavado de dinero. En conclusión, los hermanos de Verónica Alcocer claramente entran en esa categoría y deben ser sometidos a controles mucho más estrictos que a los demás.
El interés de la familia Alcocer con el Banco Agrario durante este gobierno no se limitó a tener productos financieros y solicitar créditos. Lograron un contrato de 3,669 millones de arrendamiento por diez años. El banco trasladó, con la firma de Álvaro Fernando Arias, la sucursal que había en la calle 100 con carrera 17 en Bogotá y la pasó en marzo del 2025 a la calle 100 con carrera 49.
Esta sede se encuentra en el primer piso de un edificio grande y moderno abajo de la autopista en el costado sur de la calle 100. Es el mismo edificio donde están las oficinas de CENTUM BUILDING BUSINESS. Allí mismo, FEMA y PRAGA tienen varios pisos que alquilan.
Uno de esos locales se los arrienda CENTUM al Banco Agrario por un canon de 30 millones al mes, a través de INALCA que administra los contratos. Como ya lo contamos, en todas estas empresas aparecen María Teresa y Juan Carlos Alcocer como mayores accionistas.
Es decir, en el mismo edificio (CENTUM) con el que se diseñó el negocio inmobiliario de 8.000 millones a través de dos créditos y varias empresas de los Alcocer se relocalizó una sucursal del Banco Agrario y se firmó un contrato por diez años de 3,669 millones.
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