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CUT dice que fallo sobre prestación de servicios se traducirá en demoras en renovación de contratos

Los sindicatos advierten que hay al menos 800.000 contratistas en entidades públicas y que el Gobierno ha incumplido sus promesas en materia de formalización.

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BLU Radio. Consejo de Estado // Foto Twiiter: Consejo de Estado

El Consejo de Estado reguló los contratos de prestación de servicios, pero lejos de ser una noticia positiva, en la CUT creen que es un retroceso frente a pronunciamientos previos de la justicia y que se abrirá la puerta a que se embolaten las renovaciones de los contratos por prestación de servicios.

“Esta sentencia que saca el Consejo de Estado ahora lo que pretende es negar los derechos de las personas y decir que si hay más de un mes de interrupción ya no se considera que haya una vinculación que da para que puedan ser reivindicados los derechos. Lo que debió hacer es decir que todos los que cumplen funciones permanentes en las entidades deben ser de planta”, advirtió Francisco Maltés, presidente de la CUT.

Actualmente muchos contratistas cumplen funciones permanentes, tienen horarios y tienen jefes, pero las entidades no les pagan las prestaciones de ley como vacaciones, cesantías, primas o salud y pensión. Por esta razón quienes estaban demandando al Estado estaban ganando.

El problema, dice la CUT, es que ahora las entidades podrían aplicar una ‘jugadita’ para ganarles: Demorar la renovación por más de un mes.

Promesas incumplidas

Los sindicatos calculan que las entidades públicas del gobierno nacional, alcaldías y gobernaciones tienen al menos 800.000 personas empleadas como contratistas. Para la CUT entre las entidades que más usan la figura están el Sena y la Alcaldía de Bogotá e incluso trabajadores que cumplen turnos estrictos (como las enfermeras) están siendo enganchados de esta manera.

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Casi cada año este tema aparece en los pliegos de negociación entre sindicatos y gobierno y en 2019 el gobierno firmó un decreto en el que se comprometía a reducir la cantidad de órdenes de prestación de servicios y ampliar las plantas de personal.

“Sin embargo, hoy, transcurridos dos años podríamos decir que ese decreto no ha cumplido su objetivo”, señaló Percy Oyola presidente de la CGT.

Oyola resalta que el Estado es el principal usuario de esta figura de ‘precarización laboral’, muy por encima de las empresas.

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