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Decisión de mantener detenido a Gaviria no tiene otra instancia: presidente Corte Suprema

El alto tribunal ratificó la casa por cárcel para el gobernador de Antioquia.

371253_Aníbal Gaviria. Foto: Cortesía
Aníbal Gaviria. Foto: Cortesía

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz, explicó la decisión de ratificar la detención domiciliaria contra el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, tomada por la Sala Especial de la Corte. Dijo que la orden de captura se halló “ajustada al derecho” y, por esa razón, se ratificó la decisión de la Fiscalía en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz.

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“No preciso las consideraciones de la providencia, pero la Corte Suprema y sus magistrados hicieron la valoración pertinente de lo probatorio y jurídico y la encontraron ajustada a la ley la decisión”, precisó.

El magistrado dijo que el control de legalidad, solicitado por la defensa de Gaviria, se agota en la decisión del alto tribunal, es decir, “aquí se agota ese control de legalidad a la medida de aseguramiento. Ya el ciudadano tiene otras acciones de orden constitucional y si consideran que son pertinentes pueden acudir a ellas, pero en cuanto al control de legalidad de esa medida que dictó la Fiscalía, aquí se agota”.

Sobre la afirmación de que Gaviria podría incidir en el proceso en su contra, Quiroz manifestó que la Corte tuvo en consideración todas las instancias.

“Algún riesgo existe frente al curso legal del proceso y por eso se confirma la legalidad de la decisión tomada por la Fiscalía”, puntualizó.

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Sobre lo que sigue en el proceso, el magistrado Quiroz explicó lo siguiente:

“Lo que sigue es el curso del caso ante la Fiscalía y llegado el momento vendrá la audiencia o etapa de juzgamiento ante los jueces de conocimiento que, en este caso, sería la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema”.

La Fiscalía sostiene que el gobernador incurrió en irregularidades en un contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005, por valor de $41.663’432.778.

"Sala consideró que la defensa no logró demostrar la violación de garantía alguna, ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas hechas por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte", dice la decisión de la Corte Suprema.

 

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