Defensa de Petro cuestionó curso de las investigaciones que lleva el representante Cuenca Chaux

El abogado Alejandro Carranza, defensor del presidente Gustavo Petro, solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes suspender de inmediato toda actuación sustancial en múltiples procesos activos contra el jefe de Estado, dirigidos por el representante Carlos Alberto Cuenca Chaux, hasta tanto se le reconozca formalmente como su apoderado.Según Carranza, al menos 20 investigaciones en curso no han garantizado el derecho básico a la defensa técnica, lo que compromete la legalidad de los procedimientos.Por ello, pidió que se le reconozca como representante judicial del mandatario en los expedientes con radicados 6209, 6210, 6211, 6608, 6633, 6809, 6810, 6812, 6839, 6880, 6895 y 6898, y que su intervención quede registrada oficialmente en cada uno de ellos.Asimismo, exigió que no se adelante ningún acto de fondo mientras su participación no esté plenamente regularizada. “No se puede seguir avanzando sin garantizar el debido proceso al presidente de la República”, advirtió Carranza, quien recordó que ya se le reconoció personería en el expediente 6907, por lo que solicita igualdad de trato en los demás casos.La petición también fue dirigida a la Procuraduría General de la Nación, a la que le solicita abrir una indagación disciplinaria por la omisión grave y reiterada en el reconocimiento de la defensa técnica del presidente por parte de la Comisión. Propone que el órgano de control requiera un informe detallado y evalúe si hay lugar a sanciones.Carranza solicitó además que su escrito quede incorporado en todos los expedientes respectivos, y sea remitido a la Secretaría General de la Cámara, a la Mesa Directiva y a los congresistas instructores de cada proceso. Finalmente, pidió que se valore internamente la actuación de los coordinadores, a quienes señala por afectar la legitimidad institucional de la Comisión y del Congreso al incumplir su deber de garantizar el derecho de defensa.El pronunciamiento se da en un contexto político y judicial especialmente sensible, en el que el presidente Petro enfrenta múltiples investigaciones por denuncias elevadas ante esa Comisión, órgano competente para conocer los procesos contra altos funcionarios del Estado.