La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre la compleja situación que vive el departamento del Cauca, una región que, pese a su diversidad cultural y riqueza natural, sigue siendo escenario de graves violaciones a los derechos humanos.
En entrevista en El Radar, Marín presentó el informe “Cauca, voces que resisten 2024-2025”, un documento de 124 páginas que analiza las causas profundas de la violencia y propone acciones estructurales para enfrentarla.
“El Cauca es una de las zonas más críticas del país”, afirmó Marín. “Allí confluyen todos los actores armados: disidencias de las Farc, ELN, Segunda Marquetalia y grupos de criminalidad organizada, que se disputan las economías ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal”. Según la defensora, la ubicación geográfica del departamento, con acceso al Pacífico y cercanía a la frontera con Ecuador, lo convierte en un territorio estratégico para el tráfico ilegal.
El informe también destaca que la concentración de la tierra es uno de los principales detonantes de la violencia. “El índice Gini de concentración de la tierra en el Cauca es uno de los más altos del país. La desigualdad estructural hace que las economías ilícitas se vean como una oportunidad frente a la falta de desarrollo integral”, explicó Marín.
A esta problemática se suma la diversidad cultural del territorio, donde confluyen pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Aunque la defensora considera que esta pluralidad “es una riqueza y no una causa directa de violencia”, reconoce que la falta de resolución en los conflictos por la tierra “ha permitido que los grupos armados se aprovechen del vacío estatal”.
Uno de los datos más alarmantes del informe es el reclutamiento forzado de menores. “El Cauca sigue siendo el departamento con mayor incidencia de reclutamiento infantil en Colombia. Cerca del 40% de las víctimas son niñas, principalmente indígenas y afrodescendientes”, advirtió Marín. Aunque el porcentaje nacional del Cauca ha disminuido levemente, esto se debe —aclara— a que la situación ha empeorado en otros departamentos.
En cuanto a las soluciones, la Defensoría propone fortalecer los entornos protectores de la niñez, mejorar el transporte escolar rural y garantizar la seguridad en las instituciones educativas, que en algunas zonas son usadas por los grupos armados para captar menores. Además, el informe plantea medidas en materia de desminado, restitución de tierras y sustitución de cultivos ilícitos.
Marín subrayó la importancia de implementar de manera efectiva el recién adoptado “Pacto Cauca”, un acuerdo que articula recursos del Estado, la cooperación internacional y el sector privado. “El Cauca necesita la unión de todos los sectores. No podemos permitir que el cambio de gobierno implique un reinicio de las estrategias. Este pacto es una oportunidad para atacar de fondo las causas de la violencia”, concluyó la defensora.