La Defensoría del Pueblo advirtió que el Cauca continúa siendo uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado, el narcotráfico y las economías ilegales. Según el informe “Cauca: voces que resisten 2024–2025”, en los primeros nueve meses de este año se registraron 31 casos de reclutamiento forzado de menores, lo que equivale a una cuarta parte de todos los casos del país.
Los municipios focalizados por la Defensoría del Pueblo, a través de sus 26 alertas activas, son Timbiquí, Toribío, Silvia, Suárez, Sucre, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Popayán, Patía, Páez, Morales, Miranda, López de Micay, Jambaló, Guachené, Guapi, El Tambo, Corinto, Caloto, Caldono, Cajibío, Bolívar, Buenos Aires, Almaguer y Argelia.
El documento también alerta sobre la persistencia de asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos, confinamientos y ataques a la misión médica. Solo en 2024 se registraron 827 homicidios y 16 desplazamientos masivos, mientras que, en lo corrido de 2025, ya van 14 desplazamientos y más de 2.800 familias confinadas.
Ante este panorama, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió “redefinir la presencia del Estado en el Cauca desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar”, e instó a fortalecer la justicia, la salud, la educación y la infraestructura básica para garantizar una paz real en los territorios.