Defensoría del Pueblo enfrenta un nuevo recorte presupuestal que podría comprometer sus operaciones

La Defensoría del Pueblo enfrenta un nuevo recorte presupuestal que podría comprometer sus operaciones para el próximo año. Así lo confirmó la defensora del pueblo, Iris Marín, quien advirtió que el Presupuesto General de la Nación 2026, aprobado por la Cámara y Senado, contempla una reducción en el rubro de inversión de la entidad.El proyecto aprobado por el Congreso "contempla un 30% menos del presupuesto de inversión que tuvimos este año”, explicó Marín en Mañanas Blu 10:30. Este sería, además, el segundo año consecutivo en el que la Defensoría del Pueblo sufre recortes, acumulando una disminución del 47% respecto al presupuesto de 2024.La funcionaria reveló que la cifra final equivale a 151.222 millones de pesos menos de lo solicitado inicialmente. “Eso significa 11% menos de lo que requiere la Defensoría del Pueblo para su funcionamiento adecuado”, puntualizó.Falta de interlocución con el Gobierno NacionalMás allá de la reducción en los recursos, Iris Marín expresó su inconformidad por la falta de diálogo con el Ejecutivo. Según dijo, la Defensoría no ha recibido respuesta a las solicitudes de reunión con el Ministerio de Hacienda ni con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).“Nunca recibimos respuesta del Gobierno nacional. Pedí cita con el Ministro de Hacienda en tres ocasiones y las tres fueron reprogramadas”, señaló Marín, quien además comentó que incluso la directora del Dapre, Angie Rodríguez, le negó una conversación para discutir el tema. “Desde julio hasta hoy no hemos tenido una respuesta del Gobierno sobre cuál sería el presupuesto de la Defensoría ni las razones del recorte”, agregó.La defensora enfatizó que el proceso ha sido unilateral y que, a su juicio, lesiona la autonomía institucional de la entidad. “Esto es una vulneración a la independencia y a la autonomía presupuestal de la Defensoría del Pueblo. Si dependemos de las decisiones del Gobierno y del Congreso, la independencia se hace imposible”, advirtió.Riesgos para la protección de los derechos humanosEl recorte presupuestal podría tener consecuencias graves en el terreno, especialmente en un contexto en el que la violencia y la criminalidad organizada se han recrudecido en varias regiones del país.“Estamos en una situación en la que se ha agravado la conflictividad armada y la criminalidad organizada. Este año ha aumentado el desplazamiento forzado y el reclutamiento infantil”, alertó Marín.La funcionaria explicó que el sistema de alertas tempranas, pieza clave para prevenir violaciones de derechos humanos, también se verá afectado. “Seguramente tendremos que reducir el número de analistas que monitorean el territorio. Eso limita la capacidad de emitir recomendaciones oportunas al Gobierno nacional”, advirtió.Además, la reducción de recursos impactará directamente en programas esenciales como la defensa pública, la atención a víctimas, la prevención del reclutamiento de menores y la asistencia humanitaria en zonas de conflicto. “Tendremos que cerrar casas de los derechos y limitar misiones humanitarias. Es dramático, no solo para la Defensoría, sino para la gente que acompañamos”, lamentó.Escuche la entrevista completa acá: