¿Emergencia carcelaria? Defensoría pide acciones urgentes para proteger a funcionarios del Inpec
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Justicia y al Inpec adoptar medidas interinstitucionales inmediatas para garantizar la seguridad de los funcionarios penitenciarios y mejorar las condiciones laborales en las cárceles del país.
Defensoría pide medidas para proteger a funcionarios del Inpec
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, remitió una carta al ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, y al director general del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, en la que propuso la adopción de acciones estratégicas ante los recientes hechos de violencia que han afectado a funcionarios penitenciarios, especialmente durante los días 3 y 4 de octubre.
En el documento, la funcionaria reiteró el compromiso de la entidad con la protección integral de los derechos en el sistema penitenciario, tanto de las personas privadas de la libertad como de los servidores del Inpec, quienes “cumplen un rol fundamental en la garantía de los derechos humanos dentro de los establecimientos de reclusión”.
Entre las medidas planteadas, la Defensoría propuso:
Diseñar e implementar una ruta integral de protección a la vida para los servidores penitenciarios, con mecanismos de alerta temprana, canales seguros de denuncia y acompañamiento institucional.
Desplegar un puesto de mando unificado para centralizar y coordinar las acciones interinstitucionales de respuesta ante las amenazas y hechos violentos.
Impulsar estrategias jurídicas que reduzcan el hacinamiento carcelario mediante alertas procesales, aplicación de subrogados penales y beneficios administrativos.
Brindar apoyo psicosocial y jurídico a las familias de los funcionarios heridos o fallecidos en los recientes ataques.
Atentado contra guardas del Inpec en la cárcel La Modelo
Foto: AFP
¿Emergencia carcelaria?
Además, la Defensoría propuso evaluar la declaratoria de una emergencia carcelaria, de acuerdo con el artículo 168 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario), como una medida para activar canales institucionales y coordinar estrategias que fortalezcan la seguridad en los centros penitenciarios.
“El objetivo es avanzar hacia un sistema penitenciario más humano y respetuoso de los derechos fundamentales de todos sus actores”, señaló Marín, al reiterar la disposición de la Defensoría del Pueblo para acompañar las acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento del sistema y la protección de la vida de los funcionarios penitenciarios.
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