Defensora del Pueblo critica disidentes como gestores de paz: “Más hechos de guerra que de paz”

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, radicó una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la nulidad de la designación de exjefes paramilitares —entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Macaco, Don Berna y Diego Vecino— como gestores de paz. En entrevista con Mañanas Blu, la defensora explicó las razones jurídicas y humanitarias que sustentan la acción.Según Marín, la figura de “gestores de paz” está reglamentada por la Ley de Justicia y Paz, cuyo marco normativo no coincide con la función que el Gobierno pretende otorgar a estos excombatientes. “Estas personas ya tuvieron su proceso en Justicia y Paz, ya se desmovilizaron y varios de ellos incumplieron sus compromisos”, afirmó.Riesgo para los derechos de las víctimasLa defensora advirtió que permitir nuevamente la interacción de estos exparamilitares con comunidades afectadas es una decisión que vulnera los avances logrados bajo supervisión judicial. “Aquí se desconoce completamente el marco jurídico y se pone en riesgo los derechos de las víctimas, quienes tampoco participan en estos procedimientos”, señaló.Además, enfatizó que la legislación previa establecía límites claros sobre el tipo de actividades que podían realizar los desmovilizados, siempre bajo vigilancia de un juez. La nueva designación, explicó, “abre la posibilidad de que estas personas estén saliendo de los centros penitenciarios en actividades que no tienen ninguna regulación ni supervisión judicial”.Falta de competencia y extralimitación presidencialUno de los puntos más sensibles de la demanda es la supuesta falta de competencia del presidente de la República para emitir la resolución que habilita estas gestorías. “No hay una norma habilitante; es decir, no es claro de dónde sale esta facultad del Presidente”, afirmó Marín, sosteniendo que existe una extralimitación de funciones por ausencia de sustento normativo.Medidas cautelares y urgencia del falloLa Defensoría solicitó al Consejo de Estado un trámite de urgencia y la suspensión provisional de la resolución mientras se toma una decisión de fondo. “Sí, pedimos la suspensión por todas estas razones”, confirmó la defensora.Nombramiento de negociadores de paz vinculados a delitos gravesEl debate no se limita al paramilitarismo. La entrevista también abordó el polémico nombramiento como negociadores de paz de cuatro integrantes del EMC, entre ellos alias Samir —buscado por el asesinato de 13 policías en Amalfi— y alias 'Danilo Alvizú', mencionado en conversaciones filtradas sobre la campaña presidencial de 2022.Frente a estos casos, Marín precisó que la ley sí permite suspensiones de órdenes de captura durante procesos de paz, pero advirtió que el Gobierno tiene la obligación de usar estas facultades con responsabilidad. “No puede usar la facultad de manera que permita una mayor expansión de los grupos que continúan delinquiendo”, dijo.La defensora destacó que, aunque los procesos de paz involucran a personas que siguen en armas, el Estado debe garantizar que las medidas no fortalezcan su capacidad criminal. “Lo que estamos viendo con este grupo y con otros muchos es su expansión territorial”, afirmó, recordando que continúan con prácticas como reclutamiento de menores, economías ilícitas y control ilegal de comunidades.Incoherencia entre la realidad y los compromisos de pazEl periodista Ricardo Ospina planteó la aparente contradicción entre el asesinato de los 13 policías en Amalfi y la posterior designación de alias Samir como negociador. Marín coincidió en que los hechos no son fáciles de explicar: “¿Realmente estamos viendo avances, o lo que vemos son hechos que son más de guerra que de paz?”, cuestionó.La defensora también se refirió al reciente anuncio de una zona de ubicación temporal para los negociadores del EMC, cuyo plazo ya venció sin resultados. Según Marín, esto evidencia nuevamente una distancia entre lo prometido y lo ejecutado: “Tenemos dos fotos: la foto del papel y la foto de la realidad”, afirmó.Sobre el acuerdo firmado la semana pasada entre el Gobierno y las disidencias, Marín destacó que uno de los puntos más relevantes es la creación de un mecanismo de monitoreo, ausente hasta ahora. “Más vale tarde que nunca, pero es fundamental porque todo esto se queda en discusiones de impresiones si no hay verificación”, subrayó.También valoró el compromiso anunciado de poner fin al reclutamiento infantil, aunque advirtió que la verificación será clave: “La pregunta es si le creemos al papel o a la realidad”, concluyó.