Defensoría advierte riesgo de desplazamiento y desabastecimiento en La Plata, Huila

La Defensoría del Pueblo se pronunció frente a la compleja situación de orden público que enfrenta la población rural de La Plata, en el departamento del Huila, donde miles de habitantes han sido presionados por disidencias de las Farc para bloquear la presencia del Ejército Nacional.El organismo de control pidió al frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias, dejar por fuera del conflicto a la población civil, respetando el principio de distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario, y al Gobierno Nacional desplegar medidas de protección y atención humanitaria para las comunidades afectadas.Según el comunicado, el grupo armado citó a líderes y lideresas comunales bajo amenazas para que convocaran a la población a exigir el retiro de tropas del Ejército que se encontraban en la vereda La Aurora.Esta situación obligó a varias familias, incluidos niños, niñas y mujeres, a abandonar sus hogares y permanecer durante toda la noche sobre la vía como forma de bloqueo. De esta manera, la comunidad se convirtió en instrumento de presión frente a la Fuerza Pública.La Defensoría advirtió que la crisis ha provocado cierres en el comercio, restricciones en la movilidad y un alto riesgo de desabastecimiento de alimentos, bienes y servicios en al menos 23 veredas de La Plata, lo que afecta directamente a más de 15.000 habitantes.Además, señaló que líderes y lideresas sociales están siendo víctimas de presiones y amenazas, lo que incrementa el riesgo de estigmatización y vulneración de derechos en la región. “No se encuentran en un escenario de libertad para la toma de sus decisiones”, indicó la entidad.La Defensoría también recordó que la situación actual se enmarca en los riesgos advertidos en la Alerta Temprana N.° 025 de 2022, que ya informaba sobre la presencia de actores armados ilegales en la zona y las presiones a la población civil para involucrarla en el conflicto.El organismo de control pidió al Ejecutivo desplegar medidas de atención inmediatas que respalden a las comunidades y les permitan superar la instrumentalización de la que están siendo objeto.“Preocupa el riesgo de que la comunidad quede en medio de confrontaciones armadas. Reiteramos que es imperativo excluir a la población civil del conflicto y respetar sus derechos”, señaló la Defensoría.