Defensoría del Pueblo en riesgo: ONU pide no recortar su presupuesto para 2026
La oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos advirtió del riesgo que sufre la Defensoría de quedar sin presupuesto para su financiamiento el próximo año.
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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado urgente al Gobierno y al Congreso para no recortar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo y, por el contrario, fortalecerla.
Scott Campbell, representante en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró en un comunicado que designar recursos en esta entidad nacional “es quizás la inversión más inteligente que pueden hacer el Gobierno y el Congreso para prevenir la violencia y garantizar una paz duradera y un desarrollo sostenible”.
Esta petición está sustentada en la necesidad de seguir en línea con los estándares internacionales de los Principios de París, adoptados por Colombia, y que establecen los estándares para el diseño y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), como lo es la Defensoría.
La Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución, tiene como función esencial defender, proteger y promover los derechos humanos de todos los colombianos. Sin embargo, su efectivo funcionamiento se ha puesto en riesgo ante la propuesta de un recorte presupuestal para 2026.
De acuerdo con una carta enviada por la Defensoría del Pueblo a la representante Katherine Miranda el pasado 4 de agosto, un proyecto de ley sobre el Presupuesto General de la Nación 2026 presentado por el Centro Democrático y firmado también por la congresista, establece una reducción de $38.291 millones, respecto al año anterior.
“Sin los recursos necesarios, la Defensoría corre el riesgo de perder su eficacia material, sin capacidad real de incidencia en la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior”, enfatiza la carta.
La Oficina de la ONU, por su parte, recordó que los Principios de París establecen parámetros claros para el funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos: un mandato amplio, independencia, pluralismo, cooperación con la sociedad, acceso a información, informes periódicos y, de manera crucial, recursos suficientes con autonomía financiera.
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“Recortar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo es también reducir la posibilidad de acceso y garantía de derechos para millones de personas, en especial para quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad”, afirmó Campbell, reiterando la urgencia de fortalecer su labor en un momento de incremento de afectaciones contra comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y líderes sociales.
En distintas regiones del país, la Defensoría ha sido la primera en alertar sobre riesgos colectivos mediante las Alertas Tempranas, que buscan prevenir masacres, desplazamientos y violaciones masivas de derechos humanos.
Su debilitamiento presupuestal pondría en entredicho esa capacidad preventiva y limitaría la protección de poblaciones en riesgo.
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La ONU subrayó que garantizar los recursos adecuados a la Defensoría no solo responde a compromisos internacionales, sino que constituye un pilar fundamental para la construcción de paz en Colombia.
El llamado coincide con el debate en el Congreso sobre la asignación del Presupuesto General de la Nación para 2026 presentado por el Gobierno por un valor $557 billones, de los cuales $26.3 billones dependerían de una Ley de financiamiento.