En el marco del Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, la Defensoría del Pueblo advirtió que, pese a la promulgación de la Ley 2364 de 2024, los avances en la garantía de derechos sociales para estas mujeres siguen siendo limitados.
El organismo de control realizó un seguimiento a 33 entidades nacionales y 73 territoriales, encontrando que la mayoría reporta acciones generales para víctimas del conflicto armado, sin enfoques diferenciados para las mujeres buscadoras, incluso aquellas con pertenencia étnica.
Entre los progresos identificados destacan los procesos de socialización y capacitación sobre la Ley, impulsados por entidades del Gobierno Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal, así como las acciones de memoria y reconocimiento lideradas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y RTVC. También se reconocen pasos en materia de participación, con la inclusión de las buscadoras en espacios de construcción normativa y política pública.
Sin embargo, la Defensoría alertó que no existen medidas específicas en salud, educación ni vivienda, ni mecanismos operativos para poner en marcha el Registro de Mujeres Buscadoras.
Mientras el Ministerio de Vivienda apenas diseña instrumentos normativos, no hay políticas concretas en educación para priorizar el acceso de estas mujeres, y en salud no se reportan programas especializados de atención o acompañamiento psicosocial.
Durante el acto conmemorativo, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, rindió homenaje a Yannette Bautista Montañez, pionera en la lucha por la aprobación de la Ley, y subrayó el valor simbólico de esta norma.
“La búsqueda es un derecho a saber dónde están nuestros seres queridos, qué les pasó y por qué los niegan. Es un derecho a despedirlos, abrazarlos y llorarlos”, expresó.
La Defensoría anunció que continuará capacitando a su personal en las rutas de atención y acompañando a los colectivos de buscadoras en la exigencia de sus derechos, tanto en instancias judiciales como en la reglamentación de la Ley 2364.
Entre las principales recomendaciones del ente están:
- Adaptar la oferta institucional con protocolos diferenciados y registros que reconozcan formalmente a las buscadoras.
- Fortalecer las rutas de salud, educación y vivienda con enfoque integral y territorial.
- Garantizar su participación activa y consulta continua en la formulación y evaluación de políticas públicas.
Finalmente, Marín Ortiz agradeció a las mujeres buscadoras por su lucha y legado:
“Gracias por hacer de la escucha una revolución, transformada en relato y convertida en realidad. Su resistencia sigue siendo un legado vivo para quienes no dejan de buscar”
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