La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio del Interior convocar de manera urgente a las entidades competentes para atender el incremento del reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, especialmente en Bogotá. La solicitud se formalizó mediante una carta dirigida al viceministro Gustavo García Figueroa, en la que se advierte que este fenómeno ha superado las capacidades institucionales.
“El lamentable atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (…) deja en evidencia la consumación de situaciones que fueron advertidas en nuestras alertas tempranas”, señala el documento, que hace referencia a las AT 010 de 2021, 005 de 2022 y 004 de 2024.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la preocupación por el uso de niños, niñas y adolescentes en actividades criminales, a pesar de la existencia de políticas como la línea PRUNNA (Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización), y programas como Jóvenes en Paz, del cual hacía parte el adolescente que disparó contra el senador Uribe.
Según la Defensoría, “pareciera que las situaciones de riesgo y vulnerabilidad sobrepasan las capacidades institucionales para implementar de manera efectiva la política pública de prevención”, contemplada en el Decreto 1434 de 2018. Además, el organismo indica que “persisten fallas en las redes protectoras que deberían promover y fortalecer la articulación de todos los actores vinculados”.
La entidad también llama la atención sobre la permanencia de estructuras armadas y el desplazamiento de dinámicas criminales hacia nuevos territorios, lo que ha “profundizado las vulnerabilidades y exacerbado los riesgos” para esta población.
La Defensoría concluye que el caso del joven agresor no debe verse como un hecho aislado, sino como un reflejo de una problemática estructural que requiere atención inmediata del Estado.
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