La ruta migratoria por el Darién ya no solo es escenario de miles de personas que buscan llegar a Norteamérica. Ahora también refleja un fenómeno en sentido contrario: la migración inversa, en la que más de 14.000 personas fueron retornadas desde Estados Unidos y México entre enero y agosto de 2025, según un informe conjunto de las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia, con apoyo de la ONU.
El documento advierte que esta dinámica surge por el endurecimiento de las políticas migratorias de EE. UU. y la imposibilidad de muchos migrantes de ingresar o permanecer en ese país. En palabras de uno de los migrantes incluidas en el informe: “Es hora de volver, el sueño americano no era así”.
El estudio, basado en 182 entrevistas en frontera, revela que el 97 % de los migrantes retornados son venezolanos y que el 46 % de ellos se vio forzado a regresar tras cambios en la política migratoria de EE.UU., mientras que un 34 % lo hizo por falta de recursos. El documento subraya que se trata de una población más vulnerable que la que viaja hacia el norte, con altos índices de hambre, endeudamiento y riesgo de explotación.
Las rutas de retorno se encuentran dominadas por redes de tráfico de personas, que cobran entre 220 y 280 dólares por trayecto en lanchas inseguras y no reguladas. El informe documenta accidentes marítimos, reclutamiento forzado por grupos armados en el Pacífico colombiano, y explotación sexual en zonas de paso, especialmente contra mujeres y niñas.
La ausencia de una respuesta estatal coordinada agrava la crisis. En varios puntos monitoreados y cuyos resultados fueron incluidos en el informe, los migrantes dependen casi exclusivamente de organizaciones humanitarias para recibir alimentación básica, atención médica y orientación legal. “No tiene sentido denunciar, no nos van a creer”, expresó una mujer entrevistada sobre la falta de acceso a la justicia.
En el reporte las entidades hacen un llamado a los tres gobiernos a crear corredores humanitarios seguros, reforzar la presencia estatal en zonas críticas y garantizar refugio digno. Además, plantea que Colombia debe dar cumplimiento a fallos judiciales que ordenan centros de atención en Necoclí, mientras que Costa Rica y Panamá deben fortalecer su capacidad institucional en fronteras.
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